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El Secretario de Comunicaciones de la Presidencia, cialis Eugenio Chicas, aseguró que como parte de las medidas extraordinarias las fuerzas conjuntas de la PNC y el ejército redoblarán su presencia en zonas donde operan grupos criminales.
“El Gobierno dará inicio a una fase de despliegue de fuerzas especiales conformadas por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada, para garantizar el control territorial en zonas con presencia de grupos de pandillas, como parte de las medidas extraordinarias impulsadas en materia de seguridad”, detalló Chicas.
Estas medidas extraordinarias no se quedan con el control de los centros penitenciarios, “hoy vamos a un control más significativo de las calles, de los barrios, de las zonas urbanas, rurales, ese es el esfuerzo”, señaló el secretario.
También, explicó que “vamos a una segunda fase muy importante que es el despliegue de las unidades especializadas que desde el año pasado tiene ya tanto la Fuerza Armada como la Policía Nacional Civil”.
Indicó que estas acciones buscan reducir la operatividad de los grupos criminales, los cuales, señaló, han sufrido considerables bajas en enfrentamientos con elementos de estas fuerzas especiales.
Chicas agregó que la intervención que hasta el momento han realizado los cuerpos de seguridad bajo esta modalidad ha permitido la dispersión de los grupos criminales de barrios y colonias, llevándoles a refugiarse en quebradas, barrancos y zonas no habitadas.
Dentro de las medidas extraordinarias anunciadas por el presidente Salvador Sánchez Cerén para garantizar la seguridad está previsto contratar a mil reservistas del ejército para apoyar las labores de la PNC. Asimismo, dijo que la Fuerza Especial de Acción inmediata que pronto será desplegada está compuesta por otros mil elementos de la PNC y la Fuerza Armada.
Creación de grupos organizados de la comunidad
E vocero de Casa Presidencial aseguró que “El Gobierno contempla dentro de las medidas extraordinarias en materia de seguridad abrir el debate en torno a la creación de grupos organizados de la comunidad en aproximadamente 100 municipios, en los cuales la incidencia criminal aún no repunta”.
“En aquellos (más o menos)100 municipios donde la criminalidad es muy baja, es necesario establecer un cordón sanitario, una frontera, una barrera que no permita que estos criminales de pandillas que están siendo perseguidos y acosados en las grandes ciudades se desplacen y nos contaminen la ruralidad”, agregó.
Chicas comentó que la propuesta ya ha sido sometida al debate de los partidos políticos, detallando que aún no se ha determinado el nombre bajo el cual operarían estos grupos comunitarios, cuya creación pasaría por la aprobación de una iniciativa de ley por parte de la Asamblea Legislativa.
“Vamos a presentar en su momento una iniciativa de ley para sustentar esa propuesta, el propósito es que el empresariado, el Consejo Nacional de Seguridad, los partidos políticos, la sociedad, las academias puedan contribuir”, sotuvo el funcionario.
La defensa de las comunidades por parte de sus habitantes es un derecho establecido en la Constitución, así como la captura de criminales en flagrancia.
“No estamos hablando de mecanismos de venganza o que alguien se tome la justicia por sus manos”, recalcó el Secretario de Comunicaciones, al tiempo que explicó que la adhesión a estos grupos por parte de habitantes de la comunidad estaría condicionada a una serie de requisitos, entre estos que sus integrantes carezcan de antecedentes penales.
“Un área de la Policía Comunitaria de la Policía Nacional Civil podría ser la responsable de capacitar, organizar, vigilar, supervisar a estos vecinos que se puedan estructurar en su comunidad”, puntualizó.
Baja de extorsiones del 59%
Sin marcar aún una tendencia definitiva, el Gobierno de El Salvador anunció que las grandes empresas reportan una reducción del 59% del delito de la extorsión, como resultado inmediato de las medidas extraordinarias que iniciaron con el control total en las cárceles, lo que incluyó el corte de las señales telefónicas.
“Con empresas expertas en los temas de seguridad empezamos a conocer datos de la reducción del tema de las extorsiones, voy a dar el dato de grandes empresas donde ya se estima que en aproximadamente un 59% se estaría reduciendo la extorsión”, reveló el secretario de comunicaciones, Eugenio Chicas.
El portavoz del Ejecutivo es parte del Equipo de Seguridad Nacional, que por instrucciones del presidente Salvador Sánchez Cerén dirige el vicepresidente Oscar Ortiz para diseñar y dar seguimiento a la implementación de las medidas extraordinarias.
“La reducción se ha contabilizado a este momento en las empresas grandes porque son las que con más facilidad brinda información a las autoridades. En cambio, los pequeños comercios, en un buen número, no denuncian ni ofrecen datos por temor a los criminales”, afirmó.
A la vez, añadió que con el control de la emisión de señal desde los centros penitenciarios ya la extorsión, como flagelo, va disminuyendo. “Hoy por supuesto, como no solo es la única medida de seguridad que estamos implementando, con el resto de medidas eso se va profundizar”, manifestó.
Recordó que el vicepresidente Ortiz ha anunciado el inicio de la construcción de tres grandes reclusorios, contiguos a los penales de Zacatecoluca, Mariona e Izalco, “donde se alojará en cada uno de ellos a más de tres mil privados de libertad que no son los de mayor peligrosidad”.
Esta medida extraordinaria “nos va permitir descongestionar los centros penitenciarios, quitarle la carga que tiene la PNC en las 70 bartolinas donde hay aproximadamente cinco mil presos y eso permitirá, por lo tanto, tener mayor capacidad de ejecutar operaciones de campo, donde tenemos la expectativa de capturar importantes cabecillas de estos grupos criminales”, consideró.
Panamá Papers y abrir la discusión
El portavoz del gobierno considera importante, también, que tanques de pensamiento e instituciones académicas contribuyan con su análisis sobre esta modalidad de empresas y propongan al país mecanismos que permitan que los recursos generados por los impuestos lleguen verdaderamente a la hacienda pública.
Datos del Ministerio de Hacienda indican que en El Salvador la evasión de impuestos asciende a montos anuales entre 1.200 y 1.400 millones de dólares, recursos que evitarían, de acuerdo con secretario de comunicaciones, Eugenio Chicas, hacer préstamos para financiar pilares fundamentales para el desarrollo, como la seguridad o los programas sociales.
“El espíritu del gobierno no es afectar la legalidad con la que en libertad muchas de las empresas puedan disponer en el marco de la ley de la movilización de sus capitales”, expresó, Eugenio Chicas.
Reiteró que “de ninguna manera se trata de frenar la libertad empresarial o el marco de espacios y libertades que tiene nuestro modelo económico”, no obstante, que este tipo de empresas pueden servir, en muchos casos, para esconder dinero producto de la corrupción, las drogas o evadir impuestos.
El secretario Chicas insistió en que organizaciones como FUNDE y FUNDAUNGO o universidades como la UCA, la UES, la José Matías Delgado, la Francisco Gavidia, la Tecnológica “pueden contribuir a este debate que permita esclarecer qué son las empresas Off Shore y cómo al final contar con un instrumento de ley fuerte que nos permita superar la evasión y la elusión fiscal”.
En ese sentido, también consideró que la Asamblea Legislativa tiene la potestad de crear una comisión que investigue este caso, pues “todo esto nos debe de conducir a algo importante: a una reforma fiscal que le cierre el portillo a la evasión”.
