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El gobierno busca reducir el hacinamiento en las atestadas cárceles salvadoreñas con la liberación de 2, healing 400 reos con enfermedades crónicas, treatment terminales o que hayan cometido delitos menos graves, unhealthy mediante la aprobación de un Decreto Transitorio por parte de la Asamblea Legislativa.
La propuesta, que se arrastra desde la administración Ejecutiva pasada, busca descongestionar las 19 cárceles que existen en El Salvador, donde guardan prisión cerca de 30 mil reclusos, con un 327 por ciento de hacinamiento, según el ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara.
Lara, quien acudió la víspera a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del parlamento salvadoreño, recordó a los legisladores de la instancia legislativa que solo la única cárcel para mujeres que existe en el país, situada en Ilopango, en el oriente de San Salvador, tiene un 900 por ciento de hacinamiento.
“Tenemos que poner un poco más de orden, (aunque) es una situación compleja”, explicó a los parlamentarios el funcionario, quien fue citado al seno de la comisión legislativa para justificar la salida de los reclusos de las prisiones salvadoreñas.
Los beneficiados
Rodil Hernández, Director General de Centros Penales, detalló a los legisladores que un grupo de 430 reos podría ser liberado si han cumplido la media pena, si no pertenecen a organizaciones criminales y si los delitos por los que han sido condenados no son graves.
Además, si son mayores de 65 años y hayan cumplido dos tercios de la pena carcelaria por la que han sido condenados, así como aquellos que padezcan enfermedades terminales.
Otros 607 reclusos podrían ser beneficiados, si el congreso aprueba el decreto transitorio, si los delitos por los que guardan prisión fueron cometidos en grado de tentativa o que hayan sido convictos por “cómplices” en un ilícito, explicó Hernández a los legisladores.
El funcionario carcelario dijo que en total serían puestos en libertad 2,400 reos, entre los que se incluyen presidiarios que padezcan enfermedades crónicas, como asma, convulsiones, cáncer, problemas siquiátricos e insuficiencia renal, entre otras dolencias.
También aquellos reos cuya “condición de salud no va a cambiar y que en poco tiempo entrarían en su fase terminal”, detalló Hernández.
Hernández dijo que los casi 30 mil reclusos que hay en las cárceles salvadoreñas “consumen recursos penitenciarios”, como el pago de custodios y de transporte para sus traslados “y otros costos”.
Si y no
La iniciativa oficial, sin embargo, no es apoyada por los legisladores de la derechista ARENA, cuyo representante en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Angulo, anunció que el proyecto sería analizado por su fracción política.
“No es el momento de estar sacando tanta gente”, exclamó Angulo, quien consideró que la eventual libertad de los 2, 400 reclusos “sería un mal mensaje a la población” y a las personas que delinquen.
Recomendó a las autoridades de Seguridad Pública revisar las actuales leyes penales y carcelarias para buscar otros mecanismo para descongestionar las engrosadas cárceles salvadoreñas.
Además, no confió en que las autoridades carcelarias solo liberen a los 4, 400 reos que contempla el proyecto de Decreto Transitorio, “sino que van a liberar más gente de la que están diciendo”.
Damian Alegría, del oficialista FMLN, sin embargo, anunció que su partido político apoyará el Decreto Transitorio para la liberación de los reclusos, aunque recomendó que aquellos reos “que puedan dar problemas a la sociedad, no sean liberados”.
Reconoció que “lo más humano” es que los presidiarios con enfermedades terminales o crónicas “vaya a terminar sus días con sus familias”, tras asegurar que las prisiones salvadoreñas “se han convertido en escuelas del crimen” y no en centros de rehabilitación social para los que delinquen.
“Yo Cambio”
Lara detalló a los legisladores que el gobierno impulsa el programa “Yo Cambio”, que busca la reinserción de presidiarios a la vida productiva del país.
El programa beneficia a aquellos reos que se encuentran en fase de confianza o semilibertad y es desarrollado en la cárcel de Apanteos, en el occidente del país, y, de manera reciente, en la prisión de Mariona, en el norte de la capital.
El programa incluye la capacitación a reclusos en tareas agrícolas, arte y cultura, cocina y el desarrollo de otras habilidades manuales, entre otras cosas, detalló el funcionario.
