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René Martínez Pineda *
En estas latitudes, el mundo –dijo, Galeano- está patas arriba, y eso hace que la gente elija periódicamente a sus opresores, en alegres caravanas de alquiler, para que rijan con mano de hierro su pobreza; que la marca suplante a la ropa; que la televisión encienda a las personas; que los niños estén bajo llave y las drogas circulen libremente en las calles; y que los refranes populares digan la verdad al revés. En El Salvador, y en América Latina en general, hablar de corrupción, impunidad, abuso de autoridad, represión, robos, cargos públicos como hacienda familiar, y de aprobación o no aprobación del presupuesto de la nación como mecanismo de control político, es hablar de los gendarmes de la gobernabilidad que han manejado, en nombre del capital, la historia nacional. A raíz de la misteriosa desaparición de fondos públicos, la Cámara del Senado emitió la Orden No. 26, el 20 de febrero de 1858, en Cojutepeque, que dice lo siguiente: “Tomada en consideración por la Cámara la proposición de varios Representantes, contraída a que se ordene que las limosnas remitidas de varias partes para socorrer a los habitantes de la ciudad de San Salvador que sufrieron en la ruina de 16 de abril de 1854, sean distribuidas conforme la intención de los donantes… y 3ro., que las personas que hayan sido encargadas de la distribución de estas limosnas queden obligadas de dar a la municipalidad los informes que les pida…” Sobra decir que nadie fue enjuiciado.
La historia nacional está llena de ese tipo de actos que, por necios, han caído en el cinismo cotidiano disfrazados como “costumbres de institución” (y, por tanto, se convierten en ley de la inercia) y eso no ha provocado ningún problema de gestión del poder porque han sido ejecutados en nombre de ese poder o con su venia. El problema es la herencia cultural que hace que, independiente de los actores de turno (el capital de siempre con diferentes apellidos, o los mismos apellidos con diferente discurso en defensa del capital), la corrupción, represión e impunidad (como mejores exponentes de la cara perversa del poder) sigan como gendarmes de la gobernabilidad.
Para botón, una muestra: “En nombre del Estado del Salvador y en sentencia definitiva: se destituye de los cargos de diputados para que fueron electos a los señores Don Albino Díaz, Don Joaquín Bustillos, Don Jeremías Menéndez, Don Bernardo Perdomo, Don Horacio Parker y Don Eustaquio Guirola, declarándolos indignos de la confianza pública, quedando por esto mismo sujetos al Tribunal de 1ª. Instancia de este Distrito…” Cojutepeque, miércoles 5 de mayo de 1858, año en que la renta del aguardiente generó los mayores ingresos habidos en las administraciones de rentas. Lo interesante del fallo, más que sus causales, son los apellidos de los involucrados y que se les sigue diciendo: “Don”.
En esa época en que la función de la policía era, literalmente, barrer las calles, la corrupción cabalgaba desbocada en su carrera de doscientos años sin obstáculos. “La policía, en toda su extensión –decía el Parte No Oficial de junio de 1858- es el buen orden que se observa y guarda en las ciudades y república… No se necesita en efecto (era el llamado a la policía) de mucho trabajo y costoso esfuerzo para hacer que las calles y plazas de una villa o ciudad se vean constantemente limpias de toda basura e inmundicia; para que los edificios públicos y casas particulares estén convenientemente blanqueadas y compuestas; para que los depósitos de agua que sirven al uso común de los vecinos sean vigilados como corresponde…”.
En esa misma lógica que muestra y demuestra la necia presencia de los estoicos gendarmes de la gobernabilidad y que comprueba que “sí hay mal que dure cien cuerpos, y hay años que los resistan”, el Ministerio de Hacienda y Guerra (uniendo el hecho de que las haciendas cafetaleras nacieron de la expropiación como un acto militar originario) tomó, el 21 de junio de 1858, el Acuerdo No. 7 referido a los cortes de caja: “En consideración a que así en tiempos anteriores como en el presente en que la contabilidad de las oficinas de Hacienda está basada en datos y reglas fijas, las autoridades encargadas por la ley para hacer los cortes de caja en las administraciones de renta lo verifiquen sin cerciorarse de la exactitud de las entradas y salidas de caudales y más que todo de las existencias en numerario que aparecen por los estados, poniendo en ellos el visto bueno sin examen ni observación de ninguna clase, por lo cual han venido a convertirse en una fórmula inútil dichos actos, haciéndose de ellos algún abuso que la ley ha querido evitar por este medio; resultando de esto que en algunos casos aparece una existencia del numerario y solo se remite a la Tesorería general la mitad, o menos de ella; ya sea por un error de cuenta o porque se disponga de los fondos indebidamente, lo que muy bien puede evitarse si la autoridad procura averiguar en el acto del corte de caja, ya sea el equívoco, la mala inversión o destino de las existencias del mes anterior, dejando lo demás del examen al cuidado de la Tesorería general por medio de la lista de las partidas que se acompañan a los estados; deseando el Gobierno corregir en cuanto sea posible toda clase de abusos en este particular y regularizar los actos”. Para ocultar la malversación de fondos, los funcionarios públicos al servicio de la naciente oligarquía maquillaban los datos.
Pero, cómo se podía evitar esa malversación si, por otro lado, el pillaje fundaba la nación tal cual la conocemos: “las dos caballerías de tierra compradas de orden del Supremo Gobierno en el puerto de la Concordia son de una feracidad conocida y capaces por lo mismo de producir con buen éxito maíz, arroz, frijoles, caña de azúcar, algodón y otras clases de siembra. Estando autorizado el que suscribe por el propio Gobierno para repartirlos en personas honradas y laboriosas, lo avisa para que el que guste cultivar alguna parte y edificar casa en dicho puerto comparezca, seguro de que si tiene las cualidades indicadas serán obsequiados sus deseos (Firma: Rafael Osorio, 9 de julio de 1858.) Pero, en esa época en que se repartía la tierra como quien reparte tarjetas de navidad y la sangre entraba con letras: ¿quiénes leyeron el anuncio? ¿Quiénes podían cultivar y edificar casa?
*René Martínez Pineda
Director de la Escuela de Ciencias Sociales UES
