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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
“ Queremos que la actual legislatura ratifique la reforma al artículo 69 de la Constitución de la República, y que declare como derecho humano el agua y la alimentación. De no hacerlo podremos comprobar a qué intereses responden”, dijo Teresa Hernández, de FESPAD, adscrita al Foro del Agua El Salvador.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y el trabajo que realizan las defensoras de los derechos ambientales, dentro del Foro del Agua El Salvador. Mujeres lideresas se pronunciaron por la reivindicación de derechos esenciales, a fin de construir sociedades inclusivas, equitativas y solidarias.
El Foro del Agua El Salvador ha venido trabajando por la defensa de los bienes colectivos, como el agua donde el despilfarro, la contaminación y la conservación de las fuentes del vital líquido, son motivo de su lucha y resistencia ante intenciones de privatizar las aguas nacionales.
A escasos dos meses, para que la antigua legislatura culmine su período, Teresa Hernández exigió de los funcionarios públicos concluir con los temas más apremiantes y que estaban en discusión en sus comisiones de trabajo, por tanto es urgente la aprobación de la reforma del artículo 69 de la Constitución.
“Y sí, nos preocupa que la derecha vaya a tener la correlación de la fuerza política en la nueva Asamblea Legislativa, porque su visión es la privatización y favorecen sectores, pero les anunciamos también que vamos a ser la resistencia contra los atropellos de los derechos de la población”, indicó.
Similar lectura realizó la activista Sara García, quien hizo un llamado a las recién elegidas diputadas de derecha, “queremos coherencia en su participación e ideas, que trabajen a favor de los derechos de la población, si no, serán funcionarias públicas de doble moral”.
Asimismo, las mujeres del Foro del Agua El Salvador solicitaron acciones concretas que propicien la equidad de género en la gestión del agua, en el ámbito laboral y la protección de los derechos de las personas que defienden los derechos ambientales y que la Fiscalía General de la República no criminalice el movimiento social organizado.
