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@guevara_tuiter
Licda. Norma Guevara de Ramirios
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En 1998 la Asamblea Legislativa aprobó una Ley contra el lavado de dinero y activos, diagnosis de la cual diputados y diputadas del FMLN fuimos proponentes y activos impulsores; se buscaba una ley con mayor fortaleza pero se aprobó en el punto en que la derecha dominante en el parlamento permitió. En 2013 se realizaron importantes mejoras a la ley y se aprobaron otros instrumentos legales como la Ley de Extinción de Dominio y disposiciones relacionadas con esta indeseable práctica en la Ley de Partidos Políticos. Es decir que en los últimos cinco años se avanzó más que en los 16 años anteriores.
El lavado es una antigua práctica de quienes siempre han buscado enriquecerse sobre la base de dinero o bienes de origen ilícito, viagra y manejarse ante la sociedad como si fueran personas o empresas correctas. Fue un término nuevo que sustituyó otros que indicaban o indican lo mismo como la piratería avalada antiguamente por gobiernos europeos.
Se dice que este término (lavado), fue asumido en Estados Unidos, luego que las mafias de ese país en la segunda mitad del siglo pasado utilizaban lavanderías para introducir dinero producto de delitos al flujo corriente de la economía, pues la gente que usaba las lavanderías pagaba en efectivo y eso les facilitaba presentar como producto de una actividad económica lícita el dinero mal habido. Qué bueno saber que en Estados Unidos y otros países exista una persecución contra la piratería moderna, el lavado, sea este de dinero o de bienes de alto valor económico.
Pero la misma historia registra que el punto final donde ese tipo de dinero circula es en los bancos, en empresas y diversos mecanismos fraudulentos pero con apariencia de normalidad y legalidad. Uno se pregunta si desde 1998 existe una ley contra lavado, ¿Cuántas de estas perversas prácticas se han detectado y procesado en nuestro país?
Hay que decir que también se registra desde la antigüedad, que en muchas ocasiones para colocar como lícitos los dineros o bienes de origen ilícito se ha contado con la complicidad de autoridades a distintos niveles y de mecanismos de los bancos.
Para la legislación salvadoreña, el lavado es un delito, entonces es un acto concreto de disimular el fruto de otros delitos: extorsión, robo, corrupción y más. Nuestro sistema penal establece sanciones para cada delito, sin distinguir quién lo cometa por eso en las reformas de diciembre de 2013, se establece que la ley es aplicable a toda persona nacida o no en nuestro país.
Los estudiosos de esta odiosa práctica de enriquecerse con lo ajeno y aparentar corrección se origina en el no pago de impuestos; en este caso el estafado es la comunidad y el obligado a cuidar que esto no ocurra son las instituciones especialmente las encargadas de perseguir el delito fiscal, la evasión y la elusión; las obligadas a investigar y perseguir el crimen organizado, el narcotráfico y las entidades obligadas a vigilar las buenas prácticas o sancionar errores en la administración de recursos públicos.
En el FMLN deploramos por eso que se quiera modificar la ley limitando la definición del delito a las transacciones en efectivo y quitar las otras formas como transferencias electrónicas o cheques; tampoco estamos de acuerdo en excluir de la vigilancia específica a empresas como laboratorios, droguerías, empresas o gremios empresariales; y otras sensibles exclusiones como las de jueces y fiscales que se han querido realizar en las últimas semanas en medio de presentarse como abogados de incluir lo que ya está incluido. Están dentro, la ley los partidos políticos y se hace escándalo por reiterar eso bajo la figura de personas políticamente expuestas.
Es que la historia de la piratería, el robo, la extorsión, el blanqueo o lavado en la sociedad humana se debe cuestionar y castigar como actos y no como simples caracterizaciones de grupos humanos sin que se pruebe que ellos están movilizando dinero o bienes para que aparezcan como lícitos y que tengan un origen ilícito.
Por eso la fracción legislativa del FMLN ha propuesto crear una unidad de inteligencia Financiera como ente descentralizado, integrado por representación de la Fiscalía General de la República, la Super Intendencia del Sistema Financiero y el Ministerio de Justicia y Seguridad que prevenga y combata el lavado de dinero y activos. Igualmente proponemos que los bienes que se declaren judicialmente como producto de lavado sean incorporados al fondo general de la nación.
Ojalá el debate de un tema tan delicado sea realizado en serio y con honradez, sin trampas ni prejuicios, tampoco sin sujeción a mandatos imperativos que no provengan de un análisis de nuestra realidad.
