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Georgina Salinas
Integrante de PROES
El 6 de enero de 2016 la Asamblea Legislativa de El Salvador eligió al abogado Douglas Arquímides Meléndez Ruiz como fiscal general de la República, para un período de tres años que culmina el 5 de enero de 2019, tal como lo establece la Constitución de la República en su artículo 192.
A 7 meses de finalizar su gestión Douglas Meléndez ha sido conocido como “el fiscal de los casos fantasmas” por la opinión pública salvadoreña, ya que ninguno de los casos que ha dirigido ha tenido desenlace favorable a sus expectativas.
Fue bajo la dirección de Meléndez que en el mes marzo del 2017 fue asesinada Jaqueline Lisseth Ortez Aguirre, debido a que no fue protegida por la FGR pese a haber sido considerada como testigo en un caso de secuestro de una menor de edad.
Meléndez intentó condenar a presuntos implicados en el caso “Tregua entre pandillas”, y aunque prometió castigar a los responsables, el Juzgado Especializado de Sentencia absolvió de cargos a todos los procesados, por considerarla una política de Estado y no podía haber culpables, debido a que solamente recibían órdenes.
Maximiliano González conocido como el gordo Max, junto a otros acusados de “remuneración por actos sexuales con menores de edad” fueron absueltos debido a que la Fiscalía no logró comprobar el delito, ya que la testigo no fue coherente en su declaración.
El caso “Troll Center” en que se señalaba a Nayib Bukele como actor intelectual del funcionamiento de una red de cinco acusados por violación a derechos de autor, violación a distintivos comerciales y derechos conexos en perjuicio de Dutriz Hermanos S.A de C.V, falsedad material en perjuicio de la fe pública y agrupaciones ilícitas también fue un fracaso para Meléndez cuando el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla decidió dar sobreseimiento definitivo a los acusados. A estos casos aún se suman otros.
Meléndez ha sido conocido por ausencia de profesionalismo en su gestión como fiscal ante la falta de seriedad presentada en el procedimiento de las investigaciones y por la inconsistencia de las pruebas que considera.
Zapatos finos, loras y sus jaulas, algunos adornos de la residencia y otros objetos de valor fueron decomisados por el fiscal Meléndez el día del allanamiento en la residencia de Mauricio Funes y posteriormente expuestos a la prensa. Estas eran las pruebas del fiscal para acusar a Funes y su familia en el delito de enriquecimiento ilícito.
El juicio en la Cámara Segunda de lo Civil iniciado en febrero de 2016 por iniciativa de nueve de los quince magistrados de la Corte Suprema de Justicia (Armando Pineda, Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Rodolfo González y Sidney Blanco, de la Sala de lo Constitucional, y Sergio Luis Rivera, María Luz Regalado, Dafne Sánchez y Roberto Argueta Manzano) a partir de la recomendación de la Sección de Probidad, dado que ya que sus investigaciones mostraban que el exgobernante “había gastado más que lo que tuvo disponible durante su gestión y aun así logró terminar con ahorros por 150 mil dólares”. Al final, esta instancia decidió notificar a la Fiscalía General de la República para la apertura de una investigación penal sobre el caso.
A diferencia de un juicio penal, un juicio civil no conlleva prisión y las sanciones son medidas retributivas. Las acusaciones creadas contra Funes han sido de tipo estrictamente patrimonial, razón que justificó un juicio civil para el caso.
Francisco Flores, en cambio, fue condenado por corrupción, luego que la Fiscalía determinara que se apropió de 5 millones de dólares y otros 10 fueron depositados en cuentas de ARENA. Elías Antonio Saca ha sido procesado por peculado, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas.
Para sustentar la validez penal sobre el caso de Funes, el fiscal general ha elaborado todo un esquema sobre una serie de acontecimientos y narraciones en torno a la relación del expresidente con su pareja para justificar los delitos de peculado y lavado de dinero.
Las pruebas que ha presentado esta ocasión se supone que sí son de peso, ya que ha llenado un furgón con cajas de ellas, además asegura contar con “testigos criteriados”, aquellos que deciden “hablar” a cambio de la reducción de una posible pena.
Han sido de amplia difusión en medios de comunicación las declaraciones de Jorge Cortez, jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía, como la siguiente brindada a un medio: “No hemos encontrado mayor evidencia vinculada a él (expresidente Funes). Sin embargo, como en las películas, el verdadero lavador de dinero trata de desvincularse de estas actividades y utiliza testaferros”. Entonces, no nos queda más que preguntar al fiscal: ¿nos encontramos frente a otro caso infundado que se caerá por su carencia de profesionalismo y su actitud servil a la derecha de este país, que necesita enjuiciar al presidente que vino a destapar la corrupción de 20 años de ARENA?
¿Nos encontramos frente a otro caso de lawfare o guerra jurídica en la región, donde la receta es inventar delitos contra gobernantes y exgobernantes de izquierda, como le ha ocurrido también al expresidente Lula en Brasil? ¿Está dispuesto a mancharse las manos atentando injustamente contra la vida de una mujer valiente y entregada al pueblo salvadoreño como es Vanda Pignato, al someterla a una situación de tensión como esta en medio de la batalla contra el cáncer?
En esta coyuntura resuena la voz de Salvador Arias, memorable economista e investigador revolucionario, cuando pidió a la Asamblea Legislativa se realice un antejuicio por incumplimiento de sus funciones en contra del fiscal Douglas Meléndez por no investigar 177 casos estudiados con indicios de corrupción que fueron denunciados por Arias.
QUIMAGRO también solicitó a la Asamblea Legislativa la destitución del fiscal general de la República por “incumplimiento de deberes y otros ilícitos”.
