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@arpassv
La implementación de las propuestas presentadas la semana pasada por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia necesita un presupuesto de 1, healing 850 millones de dólares, para un período de cinco años. El monto requerido anualmente es 360 millones.
1,550 millones de dólares serían para prevención de la violencia, 180 millones para rehabilitación y reinserción, 55 millones para atención y protección a víctimas, 35 millones para persecución penal, 15 millones para fortalecimiento institucional y los restantes 15 millones para costos de funcionamiento, comunicaciones y rendición de cuentas.
¿Y de dónde saldría ese dinero? El Consejo de Seguridad propone como fuentes de financiamiento el Presupuesto General de la Nación, nuevos préstamos (algunos en proceso de ratificación legislativa), contribuciones privadas y cooperación internacional. En tal sentido, habría que plantear algunas acciones para asegurar las fuentes de financiamiento y obtener dichos fondos.
En relación a la cooperación internacional, el gobierno debe gestionar con los países amigos empezando por los que apoyaron el proceso de elaboración de las propuestas. La cooperación exterior podría aumentar los fondos destinados a proyectos de prevención de la violencia.
Referente al aporte privado, los sectores empresariales deberían seguir el ejemplo de sus pares colombianos que –durante el gobierno de Álvaro Uribe– financiaron medidas de seguridad que redujeron los índices delincuenciales. En el país existe un antecedente: entre los años 2000 y 2002, los empresarios salvadoreños aportaron económicamente para reducir los secuestros.
En cuanto a la aprobación de préstamos, la Asamblea Legislativa debe aprobarlos sin más postergaciones. Los partidos de derecha, especialmente ARENA, deben abandonar mezquindades políticas y dar sus votos.
Y con respecto al presupuesto estatal para seguridad, éste debe ser incrementado. Para esto es necesario combatir la evasión y la elusión tributaria, hacer una reforma fiscal progresiva donde “paguen más quienes tienen más”, recuperar los dineros de la corrupción y renegociar la deuda externa.
Ésta es la vía para financiar la seguridad, no la propuesta por personeros de la derecha empresarial que insisten en aumentar el IVA, disminuir subsidios y despedir empleados públicos. Uno de ellos –que por cierto es miembro del Consejo de Seguridad– no tiene escrúpulos en plantear como alternativa las ominosas recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Según este sesudo analista, el gobierno tendría recursos para las políticas de seguridad si aplicara los ajustes sugeridos por el FMI. Por suerte, el Ejecutivo ya descartó esas espurias recomendaciones.
