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@BeatrizCoLatino
La Fiscalía General República (FGR) presentó ante el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador, salve la solicitud de embargo preventivos por dos mil millones de dólares a los implicados en el sonado caso de corrupción CEL-ENEL.
De acuerdo a la petición, tras un peritaje se calculo, el monto del embargo es de dos mil 107millones 466 mil 188.92 de dólares, por lo que será el Juez, el próximo jueves, el que defina si procede dicha petición y concreta el embargo.
La FGR presentó hoy la solicitud, luego que el Tribunal diera un ultimátum de diez días.
El año pasado, el ente fiscal acusó a 21 personas por varios delitos cometidos, tras detectar irregularidades en el contrato gestado entre la empresa salvadoreña CEL y la italiana ENEL. En el documento presentado ante el Tribunal se desglosa que a la Sociedades ENEL GREEN POWER y ENEL GREEN POWER EL SALVADOR deberá decretárseles embargo por $948,359,785. a cada una.
Mientras que para el empresario y exdirectivo de CEL Guillermo Sol Bang el embargo solicitado es por más de 37 millones de dólares. Esa misma suma también se pide para el exministro Miguel Ernesto Lacayo.
Mientras que para los imputados Jorge José Simán Zablah, Pedro José Escalón Pacas, Julio Alberto Olano Noyola, Carlos Jacinto Chavarría Aguilar y Thomas Roy Hawk Baker se les deberá decretar el embargo en bienes que sumen la cantidad de quince millones 15,173,756.56 a cada uno.
Y a José Ricardo Palomo Déneke y José Vicente Machado Calderón deberá embargárseles bienes hasta por la cantidad de ocho millones 429,864.75 a cada uno.
El proceso de embargo fue ordenado por la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador que revocó la resolución del Tribunal de Paz, mismo que dijo que no procedía el embargo.
Nadia Valenzuela, una de las fiscal del caso, explicó que el monto se calculó sobre la base de la participación de que cada uno de ellos tuvo en el cometimiento de ilícitos, en este caso el delito de peculado.
Los embargos fueron sustentados en un peritaje financiero contable.El detalle incluye bienes inmuebles, cuentas bancarias y títulos valores.
“Nosotros no podríamos precisar si ellos tienen capacidad económica para cubrir todo el monto, lo que si es cierto, que nosotros hemos establecido sobre la base del peritaje cual es el daño que CEL ha sufrido en este caso y eso es lo que se está reclamando”, dijo la fiscal.
Los datos indican que la CEL sufrió perjuicio patrimonial por incorporar a ENEL como socio estratégico en GESA o GESAL, por medio de un cotrato dudoso.
El ministerio público reveló que para seguir sustentando el caso se tiene programado realizar un nuevo peritaje contable y que se concluya la etapa de instrucción para presentar el correspondiente dictamen acusatorio y luego ir a la audiencia preliminar.
Los acusados en este caso, según el ministerio público, son: el ex ministro Miguel Lacayo, por instigador del delito de peculado; y por coautores de peculado a Guillermo Alfredo Sol Bang, Jorge Simán Zablah, Pedro José Escalón Pacas, Julio Alberto Olano Noyola, Carlos Jacinto Chavarría Aguilar y Tomas Roy Jawk Baker.
Mientras que se detectó en el proceso de investigación que inició en febrero de este año, como cómplices necesarios en el delito de peculado a once personas más.
Las investigaciones revelan que entre 1989 y 1994 se crearon leyes para respaldar el contrato. Además, el mismo asesor de Cel, Porfirio Díaz Fuentes, quien avaló el socio estratégico también trabajó para Enel.
Asimismo, se detectó que en el proceso de licitación para buscar un socio estratégico no se apegó a la Ley de Adquisición y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
Con este proceso de investigación se busca revertir el fallo del laudo arbitral, que se dio en 2011, que ordena al Estado salvadoreño aceptar la inversión de Enel con un mayor porcentaje en la Geo.
Los antecedentes indican que en 2008 se gestó un proceso de inversión de más de 100 millones de dólares, que permitía a Enel tener el 53% de la Geo. Sin embargo, el ex presidente Elías Antonio Saca se opuso a entregar las acciones a la empresa italiana, por lo que la transnacional inició un proceso, para obligar a El Salvador a cumplir con el contrato. Hasta la fecha, el país busca revertir este fallo en tribunales internacionales y por medio de la demanda fiscal en El Salvador.
