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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia realizó este miércoles la audiencia de seguimiento en la sentencia de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, derogada en julio del 2016.
Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
El fiscal general de la República Douglas Meléndez anunció ante los magistrados de la Sala de lo Constitucional que se ha solicitado la reapertura de hechos de violencia, considerados delitos de lesa humanidad, con la derogación de la Ley de Amnistía.
Meléndez dijo que se ha solicitado la reapertura de casos como el del homicidio del arzobispo de San Salvador Óscar Arnulfo Romero, perpetrado el 24 de marzo de 1980. Asimismo, la masacre de los sacerdotes jesuitas en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), ocurrido el 16 de noviembre del 1989.
También, la Fiscalía investigará la masacre de Las Hojas, Sonsonate, y el homicidio del presidente del ISTA Rodolfo Viera, perpetrado el 3 de enero de 1981, junto a otros dos ciudadanos estadounidenses.
En total, el fiscal aseguró que existen 160 casos activos a nivel nacional, sin embargo, lamentó que solamente cuenten con un número limitado de fiscales especializados para la realización de estas investigaciones.
“Hemos creado un grupo especial para investigar crímenes suscitados durante el conflicto armado. Se requirió a la Policía un grupo de investigadores específicos para apoyarnos. Nos dieron 4. Número insuficiente para las decenas de casos que llevamos”, dijo el fiscal, ante los magistrados de la Sala.
Asimismo, la Fiscalía anunció que se investigan casos que no se encuentran en el Informe de la Comisión de la Verdad, como una masacre en Suchitoto.
Los principales problemas que enfrentan las investigaciones son la poca ayuda que brinda el Ministerio de Defensa, a quien le han solicitado la reapertura de informes, los que se encuentran inexistentes, según la institución castrense.
Otro de los problemas que supuestamente más enfrenta la Fiscalía es la falta de recursos, ya que a juicio de Douglas Meléndez el presupuesto asignado es muy poco, fondos que no se contemplaron para el Presupuesto 2019.
Florentín Meléndez, magistrado de la Sala, cuestionó al fiscal general para solicitar la apertura de informes en el Ministerio de Defensa, el fiscal general aseguró en un primer momento que no, sin embargo, rectificó y aseguró que sí se solicitó al Ejecutivo, sin obtener respuesta.
Asamblea Legislativa
En la audiencia, la Asamblea Legislativo destacó la creación de una Comisión ad hoc para el estudio de la Ley de Reconciliación Nacional, creada apenas hace dos semanas por el pleno legislativo.
En este sentido, se cuestionaron los criterios para la conformación de esta comisión, ya que algunos de sus miembros se encuentran señalados dentro del Informe de la Comisión de la Verdad.
Dicha comisión esta conformada por Rodolfo Parker, quien ha sido señalado en el informe por el caso de los sacerdotes jesuitas. Asimismo, el general Mauricio Vargas, quien fue jefe de la Tercera Brigada de Infantería en San Miguel.
También Antonio Almendáriz, antiguo miembro de las Fuerzas Armadas de El Salvador. Además, Juan Carlos Mendoza, por GANA, y Nidia Díaz, por el FMLN.
Por otro lado, la representación de la Asamblea afirmó que dicha entidad priorizó otros temas antes de tratar el tema de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, por eso no se ha hecho nada para avanzar en la sentencia de la Sala.
Ejecutivo
Por otro lado, los magistrados cuestionaron la participación del Presidente de la República para atender la sentencia de la Ley de Amnistía. En un primer lugar, el representante del Ejecutivo aseguró que Salvador Sánchez Cerén ha ordenado la apertura de los archivos de la Fuerza Armada, sobre los hechos de violencia suscitados durante el conflicto armado.
Florentín Meléndez criticó que el Ejecutivo presentara un informe con acciones ordinarias en materia de derechos humanos, que son obligaciones del Estado, por lo cual pidió que se hicieran acciones concretas vinculadas a la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía.
Al cierre de este miércoles, los magistrados de la Sala de lo Constitucional suspendieron la audiencia hasta el próximo viernes, para continuar revisando las acciones en concreto realizadas por el Estado.
