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@arpassv
El Fiscal General, view Douglas Meléndez, health ratificó ayer su respaldo a las medidas extraordinarias de seguridad pública impulsadas por el Ejecutivo y pidió la aprobación de una serie de reformas legales que le permitan actuar de manera efectiva.
Entre estas reformas está la inclusión de nuevos delitos y la agilización de algunos procedimientos para generar una actuación fiscal más eficiente.
Y en su intervención en la Asamblea Legislativa, sale el Fiscal llamó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a unirse también a los esfuerzos del Ejecutivo y del Parlamento para combatir la violencia e inseguridad.
Meléndez pidió que la CSJ depure el sistema judicial expulsando a los jueces que no contribuyen a la lucha contra la criminalidad, llamado que también hicieron a inicios de semana funcionarios el Ejecutivo y diputados de diferentes grupos parlamentarios.
Ojalá, entonces, que la Corte atienda el llamado de los demás órganos estatales y se incorpore desde sus competencias a la lucha contra la delincuencia.
La CSJ no sólo no ayuda en la lucha contra la violencia e inseguridad, sino que sabotea algunos esfuerzos gubernamentales. La Dirección de Investigación Judicial tiene unos mil expedientes de denuncias contra jueces sin resolver y la Sala Constitucional bloquea los 900 millones de dólares en bonos.
La Corte también ha sido cuestionada por los criterios dudosos que utiliza para ordenar investigaciones patrimoniales contra ex funcionarios, la mayoría vinculados a la izquierda gobernante y sus aliados.
Una nota del Diario Co Latino, publicada en la edición de ayer, evidencia que no existen o no son claros los criterios de la Sección de Probidad y de los magistrados que por “olfato” determinaban a quiénes investigar.
Las organizaciones sociales y toda la población honrada debe exigir a la CSJ que esté a la altura de la situación nacional y contribuya a los esfuerzos del Ejecutivo, la Fiscalía y la Asamblea para revertir el clima de violencia que afecta al país.
La Corte no puede seguir ausente en los esfuerzos estatales por la seguridad. Para tener mejores resultados, la lucha contra la violencia criminal requiere el concurso de todas las instancias estatales (ejecutivas, legislativas y judiciales) y del respaldo de toda la sociedad.
