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Agencia de Prensa Salvadoreña (APS)
A casi un año del allanamiento de su casa y a diez meses de exilio en Nicaragua, el ex presidente Mauricio Funes decide hablar por primera vez de aspectos sensibles y humanos, como la nostalgia que vive en el vecino país centroamericano y la impotencia de no poder regresar a El Salvador por ahora debido a razones de seguridad, pues afirma que agentes de la ultraderecha podrían atentar contra su integridad.
“Tengo confianza en que seré sobreseído en el juicio civil y que la FGR no podrá acusarme de nada porque no encontrará pruebas robustas para hacerlo. Al cesar la persecución judicial podré regresar a El Salvador para seguir teniendo una participación política activa y seguir contribuyendo al cambio y a la transformación del país”, dijo Funes en entrevista exclusiva para la Agencia de Prensa Salvadoreña (APS).
Funes también denunció ser víctima de arbitrariedades, de abusos procesales por parte de la Fiscalía, y hasta del robo de todas sus cosas personales durante el allanamiento a su casa en Antiguo Cuscatlán, a principios de agosto del año pasado.
El ex mandatario salvadoreño reprocha a la fiscalía el trato desigual en su caso, comparado con otros de supuesto enriquecimiento ilícito. Resiente el hecho de que el Ministerio Público haya montado “un show mediático”, al publicar 23 fotografías del allanamiento a su casa, las cuales fueron publicadas en repetidas veces, incluyendo portadas durante más de una semana en los periódicos y transmisiones en vivo de los canales locales de la televisión durante los registros a su residencia. “Han vulnerado mis derechos, montando un caso de supuesto enriquecimiento ilícito sin que existan pruebas”, asegura.
Recuerda que cuando la fiscalía allanó la residencia del ex presidente Elías Antonio Saca, el procedimiento se hizo prácticamente en silencio, sin show mediático, a diferencia de lo que ocurrió en su caso.
Y efectivamente. Han pasado once meses desde aquellos ruidosos allanamientos en su casa y en 20 locales más, incluidas las oficinas de COSASE, compañía de seguridad del empresario Miguel Menéndez, y las supuestas pruebas contra Funes no aparecen. Ni la acusación llega a los tribunales.
“No tengo bienes inmuebles. La casa que tenía (en Casa Linda, Santa Elena) la vendí después que salí de la Presidencia y fue adquirida en 1989, cuando ejercía el periodismo. No tengo cuentas bancarias en el exterior y tampoco inversiones. Los bienes adquiridos antes y durante la Presidencia son los que secuestró la FGR en el allanamiento. Ese es todo mi capital”, afirma el ex presidente Funes.
El ex presidente de El Salvador recibió asilo político de parte del Gobierno de Nicaragua el 6 de septiembre del año pasado, a donde viajó en agosto por razones de seguridad, según denunció en su momento.
En la resolución emitida por el gobierno de Nicaragua, se indica que la solicitud de asilo fue solicitada por la seguridad del ex presidente Funes y de su familia. “Por considerar estar en peligro su vida e integridad física y de su familia por luchar en pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos y su filiación política en la República de El Salvador”, indica el texto de la resolución.
Cuando se produjeron los allanamientos de agosto, en la residencia de Funes, este se defendió desde Managua, y dijo que la acción de la Fiscalía era “un show político y mediático”, por haber destapado durante su gestión 152 casos de corrupción de los gobiernos de ARENA, incluido el desvío de $10 millones de dólares donados por el gobierno de Taiwán, por el que fue llevado a las bartolinas el ex presidente Francisco Flores.
APS: A casi un año de exilio en Nicaragua, ¿cómo se siente allá?
Mauricio Funes: El exilio es sinónimo de nostalgia pero a la vez de impotencia. Tomé la decisión de solicitar el asilo en Nicaragua para hacerle frente a la persecución política y judicial de la extrema derecha que he debido enfrentar desde que dejé la Presidencia. Tanto la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sección de Probidad, como la FGR han actuado en forma arbitraria y han vulnerado mis derechos, “montando” un caso de supuesto enriquecimiento ilícito sin que existan pruebas del cometimiento del delito.
APS: ¿Qué pasó con los allanamientos?
MF: Allanaron mi casa hace casi un año y además de secuestrar mis bienes de uso personal como zapatos, camisas, corbatas, trajes, lentes graduados, computadoras, celulares, aparatos de música, televisores, libros, revistas, discos, puros, licor, etc., no han podido imputarme nada.
APS: ¿No encontraron pruebas entonces?
MF: Los allanamientos autorizados por la jueza eran para establecer indicios o evidencia de enriquecimiento ilícito. No actuaron en base a la Ley de Extinción de Dominio como para justificar el secuestro de mis bienes de uso personal. La actuación de la FGR ha sido arbitraria e ilegal. Literalmente me han robado mis pertenencias sin que haya sido vencido en juicio. Ni siquiera enfrento una acusación penal.
APS: Usted en algún momento se quejó del trato diferenciado con respecto a otros casos por los supuestos mismos delitos?
FM: En mi caso, a diferencia de otros ex presidentes de la república, la FGR no tienen ni una tan sola prueba de enriquecimiento ilícito, peculado o lavado de dinero. Ni siquiera indicios de haber cometido alguno de estos delitos. No tengo bienes inmuebles. La casa que tenía la vendí después que salí de la Presidencia y fue adquirida en 1989, cuando ejercía el periodismo. No tengo cuentas bancarias en el exterior y tampoco inversiones.
¿Por qué ARENA y otros detractores suyos lo acusan de haberse enriquecido?
Los bienes adquiridos antes y durante la Presidencia son los que secuestró la FGR en el allanamiento. Ese es todo mi capital. A otros ex Presidentes les han encontrado cuentas bancarias en el exterior, transacciones financieras, empresas, bienes inmuebles valorados en varios millones de dólares, etc.
La mejor prueba es que la FGR no tiene un caso sólido en mi contra y que actúa siguiendo un claro guión de persecución judicial trazado por la extrema derecha, es que piensa acusarme en los próximos días en base a declaraciones de testigos a los que ha presionado y criteriado. Es el caso de Leonel Flores, al que no le ha abierto un juicio penal, a pesar de haber sido condenado por un tribunal civil, como parte de los beneficios procesales que le ha ofrecido la FGR a cambio de incriminarme.
APS: ¿Cómo ve el país desde Nicaragua?, ¿Espera volver pronto a su país?
MF: A pesar del exilio sigo con detenimiento el acontecer político del país. Tengo confianza en que seré sobreseído en el juicio civil y que la FGR no podrá acusarme de nada porque no encontrará pruebas robustas para hacerlo. Al cesar la persecución judicial podré regresar a El Salvador para seguir teniendo una participación política activa y seguir contribuyendo al cambio y a la transformación del país.
Me allanan mi casa en base a una investigación de la FGR autorizada por un juez. No hay acusación penal. De hecho ha transcurrido casi un año desde el allanamiento y aún la FGR no encuentra de qué acusarme. Lo lógico es que un allanamiento se realiza luego que existe una acusación penal ante un tribunal de justicia con el propósito de recabar evidencias o pruebas para sustentar la acusación. Al ex presidente Saca le allanaron su casa después que fue acusado de lavado de dinero. A mí me allanaron la casa donde residía sin que exista alguna acusación o proceso judicial en mi contra.
¿Qué pasó con los otros allanamientos, además del de su casa?
MF: Una de las casas allanadas es de la mamá de uno de mis hijos, quién no enfrenta ningún juicio, ni civil ni penal. Secuestraron sus bienes. La FGR se llevó muebles, aparatos de ejercicios, cristalería, vajillas, implementos de cocina, ropa, juguetes, licor, animales domésticos, etc. Si no son bienes míos por qué fueron secuestrados. Si no tienen que ver con el proceso civil por enriquecimiento ilícito que se sigue en mi contra, por qué la FGR secuestró esos bienes que pertenecen a una persona que no está siendo juzgada?
¿Por qué cree usted que las acusaciones en su contra tienen un trasfondo político, más que legal?
MF: No cabe duda que la actuación de la FGR es arbitraria, abusiva, prepotente e ilegal. Y finalmente, la mejor prueba de que el caso en mi contra es más político y mediático que judicial es que el allanamiento de mi casa y de la casa de la mamá de mi hijo generó 23 fotos publicadas en primera plana por los medios escritos. Además de microondas y enlaces televisivos en vivo durante una semana. Los allanamientos de otros ex funcionarios públicos no han tenido igual cobertura mediática.
