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@arpassv
ARENA mantiene su estrategia para retrasar aún más el escrutinio final, site prolongar la incertidumbre post electoral y desestabilizar políticamente al país. Por eso Aliados por la Democracia pidió al final de la semana pasada a la Sala Constitucional que ordena abrir las urnas.
La organización de derecha incluso amenazó con una lluvia de recursos de amparo ante la Sala para obligar al Tribunal Supremo Electoral (TSE), hospital repitiendo el mismo discurso de fraude que pregona la dirigencia arenera.
Esta situación plantea la necesidad de desmontar el plan desestabilizador del partido oligárquico, lo cual pasa por que la Sala Constitucional no se preste a las malévolas maniobras areneras y no se entrometa en el ámbito electoral que es competencia exclusiva del TSE.
Es el TSE quien decide abrir o no las urnas que tengan actas inconsistentes, y no la Sala. La Sala mejor que haga mea culpa por los problemas que causó su fallo sobre el voto cruzado a escasas semanas de los comicios.
En lugar de estar discutiendo sobre los berrinches políticos de ARENA y sus Aliados, el país debería estar ya debatiendo sobre las reformas legales e institucionales que se necesitan para hacer más eficiente, transparente, representativo y participativo el sistema electoral.
Una de estas reformas urgentes es la separación de las funciones administrativas y jurisdiccionales del TSE. La instancia que organiza las elecciones no debe al mismo tiempo hacer la función arbitral de las mismas.
Otra reforma necesaria son las candidaturas por distrito. Esta reforma acercaría a votantes y diputados electos, más que el voto por rostro y el voto cruzado impuesto a fuerza de sentencias extemporáneas e inoportunas de cuatro magistrados de la Sala Constitucional.
También es pertinente discutir sobre la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones trascendentales para el país: la implementación de mecanismos de consulta popular como plebiscito y referendo.
Y, dado el componente deliberativo de la democracia, la construcción de un modelo mediático más plural y diverso se presenta como otra reforma necesaria. La permanencia de esquemas mediáticos corporativos, excluyentes y anti-éticos es incompatible con la democracia.
Y esto sí está en manos de la Sala, que tiene pendiente resolver dos demandas contra la Ley de Telecomunicaciones. La Sala puede a través de sus sentencias propiciar la creación de un marco normativo que democratice las comunicaciones.
