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Nueva York / AFP
Juliette Michel
La presión aumenta sobre la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos a medida que se acerca noviembre, cuando tendrá que decidir si vuelve a autorizar el dicamba, un pesticida popular pero controvertido por su tendencia a matar los cultivos de los campos vecinos.
Este herbicida de amplio espectro como el glifosato existe desde hace mucho tiempo. Pero su uso se generalizó desde que Monsanto, la firma estadounidense recientemente comprada por Bayer, comercializa semillas de soja y de algodón genéticamente modificadas para resistir.
Una ayuda para algunos agricultores, ya que algunas mala hierbas se vuelven más resistentes a otros herbicidas.
Pero dicamba se dispersa con facilidad y mata plantas que no están adaptadas, y en 2017 ya ha contaminado cerca del 4% de los campos de soja de Estados Unidos.
Las semillas resistentes a la dicamba de Bayer se han plantado en aproximadamente 20 millones de hectáreas este verano, el doble que el año pasado.
Gracias a la formación obligatoria y las restricciones impuestas en algunos estados, las contaminaciones disminuyeron, lo que también redujo drásticamente las denuncias de los agricultores, 13 por cada millón de acres (404.000 hectáreas) de campo plantado frente a alrededor de 99 en 2017, según Monsanto.
Pero el problema no está resuelto.
– Fecha límite –
Las querellas relacionadas con el dicamba se redujeron en los estados que han impuesto restricciones, según la Asociación Estadounidense de Autoridades de Control de Pesticidas (AAPCO), pero aumentaron en otros estados como Illinois o Misuri.
El organismo pidió a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) que imponga un plazo para el uso de las nuevas versiones del producto (Xtendimax, de Bayer; FeXapan, de DowDupont, y Engenia, de BASF).
Beck’s, un importante distribuidor de semillas en Estados Unidos, exige que el producto se permita solo antes de que las plantas salgan del suelo.
Sobre el terreno, el problema es delicado. El dicamba dividió profundamente a la comunidad agrícola de Arkansas el año pasado y las autoridades decidieron prohibir su utilización desde el 15 de abril.
Perry Galloway, un granjero en el condado de Woodruff, lo lamenta. Sus campos se ven particularmente afectados por la maleza que sirve como forraje para cerdos.
«Con los cambios climáticos, algunos de los herbicidas que utilizábamos previamente no tienen tanto efecto», explica. Sin el dicamba, la mala hierba abunda.
– Colmenas en peligro –
Pero Richard Coy, apicultor en el este del estado, tiene una opinión diferente.
«En zonas donde se ha utilizado dicamba, estimo que el 70% de la viña roja (de la que dependen sus abejas) está muerta», señala.
Su producción de miel ya ha caído entre un 40% y un 50% en las colmenas cercanas a los campos donde se ha aplicado el controvertido producto. «Si la situación no cambia en Arkansas, nos veremos obligados a parar nuestra actividad», advierte.
Algunos operadores continuaron aplicando ilegalmente dicamba después de la fecha límite, explica Jason Norsworthy, investigador de la Universidad de Arkansas. Alrededor de 1.600 hectáreas de soja, según él, se vieron dañadas este año en el estado, frente a las 3.600 en 2017.
Los agricultores de Estados Unidos han presentado denuncias contra Bayer por las pérdidas sufridas a causa del dicamba. A principios de septiembre, la empresa contabilizó 37 querellas en curso que agrupan a 181 demandantes.
Un problema más para el grupo que acaba de ser condenado a pagar 290 millones de dólares a un jardinero que padece un cáncer incurable por no haber informado sobre la peligrosidad de su herbicida RoundUp.
Bayer asegura que el dicamba no será un problema una vez los agricultores hayan adoptado las reglas de uso. El grupo refuta con estudios internos la idea de que el producto es inherentemente volátil.
Norsworthy no está de acuerdo. «Continuamos observando en nuestras investigaciones que la volatilidad (del dicamba) contribuye en parte a los problemas», dice.
Marcia Ishii-Eiteman, de la Red de Acción contra los Pesticidas, cuestiona de manera más general el modelo agrícola, que cada vez requiere más productos químicos.
«Monsanto gana todo el rato», se lamenta. «Vendiendo sus semillas, vendiendo el dicamba, y son los agricultores quienes pagan la factura, sin hablar del daño al ecosistema».
La EPA recopiló los testimonios de varios de ellos durante todo el verano y tomará su decisión «a tiempo para que los agricultores puedan comprar sus semillas con conocimiento de causa».
