Diario Co Latino 133 años informándote con credibilidad
Artículos relacionados
José M. Tojeira
La prescripción de los delitos está presente en casi todos los códigos y países. Pero generalmente tienen diferentes fechas de prescripción según sea la gravedad o el tipo de delito. No es lo mismo la prescripción de una deuda que la de un homicidio. En general la tendencia ha sido, viagra sale donde existe, nurse a relacionar la prescripción con el máximo de la pena que se impone al delito. En El Salvador la prescripción es a los diez años indefectiblemente incluso para los delitos más graves. La Corte Suprema incluso reconociendo que los crímenes de lesa humanidad no pueden ser sujetos de amnistía, here les ha aplicado hasta el presente la misma prescripción. Evidentemente un plazo de prescripción de diez años es muy pequeño para crímenes muy graves. Y en ese contexto es normal que surjan protestas ciudadanas o incluso políticas contra unos plazos de prescripción demasiado breves. Sobre todo teniendo en cuenta los niveles de impunidad existentes en todos los órdenes.
Y así han ido surgiendo protestas contra la prescripción, con mayor o menos éxito según sea la causa y el impacto político. Una de las primeras exigencias de suprimir la prescripción la presentaron las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos. La prescripción del delito es la que invocó la Corte Suprema de Justicia en el caso jesuitas. Efectivamente en diciembre de 1999 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había recomendado al Gobierno Salvadoreño reabrir el caso jesuitas. El entonces presidente Francisco Flores dijo enfáticamente que esas recomendaciones no se cumplirían. Y las víctimas contestaron solicitando en la Fiscalía la reapertura del caso y acusando a siete personas como autores intelectuales del asesinato. Belisario Artiga abrió el caso pidiendo el sobreseimiento tanto por acoger a los acusados a la ley de amnistía como por prescripción del delito. La Corte le aceptó solamente la prescripción. Que prescribieran delitos de lesa humanidad, juzgados internacionalmente como imprescriptibles, fue un escándalo y originó las primeras protestas contra los actuales plazos de prescripción.
Ya en tiempo más reciente, y ante casos de corrupción económica entre los que destacaba el caso del expresidente Flores, volvieron a sonar los tambores contra los plazos actuales de la prescripción del delito. Esta vez fueron algunos sectores políticos los que insistieron en el tema ante la corrupción imperante. Y en estos días, ante el delito de un sacerdote, se ha presentado ya una pieza de correspondencia en la Asamblea Legislativa para que los delitos graves de tipo sexual, especialmente la pederastia, no prescriban. El Sr. Arzobispo de San Salvador, con buen tino y coherencia, exigió que los diputados la aceptaran. Este tipo de delito enmarcados especialmente en la violencia contra la mujer, aunque también contra niños varones, son demasiado frecuentes incluso en el seno de la familia. Tres tipos de crímenes diferentes pero con los agravantes de cometer daños permanentes en nuestra población. Daño que es evidente en los niños y niñas sometidos al abuso, y también en el asesinato, especialmente cuando se trata de eliminar el bien, la productividad o el pensamiento crítico y constructivo. Pero también se puede y debe establecer con claridad que la corrupción estatal o empresarial puede causar daños permanentes al desarrollo de un país y ser uno de los factores que lleven a la transmisión intergeneracional de la pobreza, y con ella al hambre, la injusticia y la muerte.
Al final, si algo se puede sacar en conclusión es que el articulado de la ley penal en torno a la prescripción del delito es obsoleto. Y creo que en esto deberíamos estar todos de acuerdo. Ni la corrupción, ni los crímenes contra la infancia o los homicidios atroces debían beneficiarse de una norma tan permisiva. Pedir endurecimiento de las penas, como se ha venido haciendo progresivamente, manteniendo simultáneamente la impunidad y la prescripción rápida del delito es una contradicción gruesa. Tratar de solucionar el tema de la prescripción en su conjunto debía ser la política correcta. Pero seguimos con la tendencia a responder emocionalmente a los problemas concretos en vez de analizarlos en su conjunto. En torno a la prescripción lo que es evidente es que la normativa existente es incorrecta para un país como el nuestro, puesto que refuerza la impunidad de crímenes graves. Y no se trata de suprimirla, sino de adaptarla a la realidad del país. Pero pensándola y revisándola en su conjunto. Reaccionar a cada crimen que se convierta en escándalo nacional no es la mejor manera de reaccionar contra el delito. En el caso de la agresión sexual debemos recordar que de las más de tres mil denuncias presentadas en la Fiscalía en estos años recién pasados un poco más del 50% de las víctimas son mujeres menores de 15 años. Y que alargar o eliminar la prescripción del delito debe ser un paso entre muchos para evitar esta terrible plaga. Que los diputados leyeran la publicación de la UCA titulada “La situación de la seguridad y la justicia 2009-2014”, en la que se tratan especialmente los delitos violentos, especialmente homicidios y crímenes sexuales, ayudaría a repensar mejor la justa y necesaria reforma de las normativas sobre la prescripción en su conjunto.
Es evidente que El Salvador necesita reflexionar más y mejor sobre la violencia y sus raíces, sobre sus normas y las instituciones encargadas de que se cumplan, sobre la convivencia ciudadana y los valores de respeto, justicia social y dignidad de la persona humana. Las reacciones políticas, mediáticas o personales en las que la indignación sustituye a la reflexión suelen dejar finalmente las cosas como estaban. Desde hace años vienen insistiendo muchas personas en la importancia de educar en valores humanos, cívicos y ciudadanos y todavía no tenemos textos adecuados ni incluimos adecuadamente la temática en la escuela. Comenzar a trabajar en serio la cultura de paz y la justicia social son pasos fundamentales en el proceso de lucha contra la violencia. Después vendrá el derecho penal para quien infrinja valores gravemente. Pero la reflexión y los pasos que dirijan hacia el cambio de una cultura demasiado marcada por el machismo y la violencia son realidades indispensables para la construcción de un futuro salvadoreño más digno y humano.
