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Río de Janeiro/dpa
El empresario brasileño que denunció al presidente Michel Temer por corrupción, Joesley Batista, calificó hoy como un «día de vergüenza» la jornada del miércoles, en la que el Congreso impidió que el mandatario sea suspendido para ir a juicio.
«El día 2 de agosto quedará marcado como el día de la vergüenza», citó el diario «O Globo» a Batista, durante una reunión de su imperio empresarial J&F en Sao Paulo.
Temer consiguió en la noche del miércoles un importante triunfo político que le permitió salvar su mandato, pese a las graves denuncias de corrupción, lavado de activos y asociación criminal presentadas contra él por la fiscalía.
La Cámara de Diputados votó con una mayoría de 263 contra 227 parlamentarios para impedir el juicio penal contra Temer. El Congreso debía autorizar con una mayoría de dos tercios que el Tribunal Supremo suspenda a Temer por 180 días para que responda ante la Justicia, al tratarse del jefe de Estado.
En caso de suspensión, el mandatario podía haber sido luego destituido en un juicio de «impeachment» similar al que sacó el año pasado a su predecesora Dilma Rousseff del poder.
Temer debe permanecer ahora en principio en el cargo hasta el 31 de diciembre de 2018, cuando termina el mandato original de Rousseff.
El triunfo parlamentario del presidente, sin embargo, no pondrá previsiblemente final a la crisis institucional en el gigante sudamericano. En las últimas encuestas, sólo un cinco por ciento de la población apoyaba a Temer.
La oposición lo acusó ahora de haber comprado apoyos, entre otras formas a través de la aprobación de propuestas de ley de diputados que amenazaban con votar contra él.
Se espera además que el fiscal general, Rodrigo Janot, presente pronto más denuncias relacionadas con la colaboración judicial («delación premiada») de Joesley Batista
Temer fue acusado de corrupción pasiva por Janot, después de que a mediados de mayo se divulgaran una grabación y un video.
En la grabación de una conversación entre Temer y el dueño del gigante de la alimentación JBS, Joesley Batista, el mandatario parece avalar la entrega de un soborno al encarcelado exdiputado Eduardo Cunha para comprar su silencio.
Entre otras pruebas, el magnate entregó a la Justicia un audio grabado a escondidas de una conversación suya con el presidente, en la que Temer parecía avalar el pago de sobornos.
El video muestra al entonces diputado Rodrigo Rocha Loures, un cercano asesor de Temer, cargando una maleta con 500.000 reales (unos 150.000 dólares). Según la delación de Batista, el dinero era parte de un soborno ofrecido al presidente para favorecer los negocios de la empresa.
El caso de Temer es parte de «Lava Jato» («Lavado de autos»), una megainvestigación policial que ha puesto en jaque desde hace tres años a gran parte de la clase política brasileña.
La Justicia acusa a decenas de políticos de haber participado en una red corrupta en torno a la petrolera estatal Petrobras, por la cual empresas interesadas en contratos públicos pagaban fuertes sobornos.
Janot también podría inculpar a Temer de obstrucción a la justicia y de organización para delinquir.
El empresario, dueño del gigante de la carne JBS, parte del grupo J&F, aceptó cooperar con la Justicia para evitar ser acusado él mismo de corrupción. Batista admitió el pago de sobornos durante años a políticos, entre otros al partido de Temer, el conservador PMDB, para obtener su apoyo en la firma de contratos públicos.
El escándalo de «Lava Jato» ha generado una crisis institucional en la economía más grande de América Latina, a la que se suma una aguda recesión que alcanzó un retroceso acumulado del -7,4 por ciento del producto interior bruto (PIB) en los dos últimos años.
Temer ya perdió seis asesores de rango ministerial salpicados por el escándalo Petrobras y tiene a otros ocho bajo investigación del máximo tribunal.
Decenas de legisladores de casi todos los partidos se hallan además bajo el foco de la Operación Lava Jato, que investiga una vasta red de sobornos en la estatal Petrobras.
El dominio de Temer en el Congreso contrasta con su popularidad de apenas 5%, la peor desde el retorno de la democracia en 1985, según un reciente sondeo Ibope. Un 81% de los brasileños está de acuerdo en que el mandatario sea juzgado, de acuerdo con el mismo instituto.
Pero hasta ahora las calles no se han movilizado, contrariamente a lo ocurrido durante el impeachment de Rousseff, cuando millones de personas reclamaron en varias ciudades su partida.
