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Luis Edgardo Hernández comenzó a trabajar en la empresa CEFINCO el 17 de marzo de 2015, en ese momento le dijeron que era de forma eventual, por un período de dos meses, con la promesa que si se portaba bien iba a continuar. Desde ese momento recibió un salario de $7 diarios y 4 dólares por el día sábado, sin ninguna prestación.
Hernández aseguró que nunca firmó un contrato legal, el tiempo que laboró en la empresa lo hizo de forma eventual. Ante esas irregularidades tomó la decisión de denunciar a la empresa de forma anónima en el Ministerio de Trabajo, por abusos laborales, explotación, marginación laboral y estafa.
Agregó que el 16 de noviembre de 2017 llega a la empresa un delegado del Ministerio de Trabajo a quien le expone la problemática, por ese motivo el 24 de ese mismo mes lo despidieron, sin ninguna justificación.
“Por más de dos años laboré en la empresa CEFINCO, allí más gente al igual que yo, que trabajan de forma eventual y que no le pagan ni el salario mínimo que es de ley. Se les paga la quincena retrasada, sin ninguna prestación, ni seguro, ni AFP. Hay otros compañeros en la misma condición a quienes les he pedido que denuncien ante las autoridades, pero por miedo a que los despidan no quieren decir nada”, afirmó Hernández.
Asimismo, externó que en dicha empresa hay muchas personas que son contratadas eventualmente para no pagarles ni siquiera el salario mínimo, se les cancela la quincena en efectivo (dinero en sobre) sin ninguna prestación.
“Yo no tengo miedo, este señor es un estafador, él tiene esclavos en su empresa. Esta situación no es desde ahora, viene desde 1995, hay gente que está trabajando recibiendo el salario menos del mínimo. Al preguntar en la empresa, nosotros no trabajamos ni estamos en planilla, no hay nada que compruebe que he trabajado en ese lugar, lo que dicen es que yo llegué a trabajar solo por ratitos”, señaló. Luego del despido Hernández acudió al Ministerio de Trabajo, los representantes de la empresa llegaron hasta el segundo llamado, de ahí el caso ha pasado a la Procuraduría General de la República (PGR), donde espera se haga justicia y aplique la ley.
En El Salvador el salario mínimo desde el 1 de enero de 2017 es de $300 en el sector urbano y $250 en el área rural.
