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Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter
El Artículo 50 de la Constitución establece que la seguridad social constituye un servicio público de carácter obligatorio, help y que la ley regulará sus alcances, extensión y forma. El mismo artículo señala que este servicio será prestado por una o varias instituciones, las que deben guardar entre sí la adecuada coordinación para asegurar una buena política de protección social en forma especializada y con óptima utilización de los recursos.
Por mandato constitucional, deben contribuir al pago de la seguridad los trabajadores, los patronos y el Estado, en la forma y cuantía que establezca la ley. Antes de la privatización la ley establecía con claridad la cuantía de la contribución estatal, pero con la privatización de pensiones, se establecieron responsabilidades indeterminadas en cuanto al aporte estatal al pago de la seguridad; fue creciendo aún más sin posibilidad de pago de las mismas con reformas que aumentaron el monto de pensiones a trabajadores con altos salarios, y con la ley que creó en 2006 un mecanismo mediante el cual el Estado presta del mismo fondo de pensiones para pagar pensiones.
Se creó con la privatización y las reformas un problema gigantesco que afecta la seguridad de los pensionados a futuro próximo y eleva la deuda estatal. Quienes crearon ese modelo monstruoso, se convierten ahora en críticos del gobierno por operar en la forma que ellos crearon y para colmo critican la sola decisión de cambiar esta situación promoviendo de modo responsable una reforma al actual sistema de pensiones.
Para el FMLN, sus diputados y diputadas lo más importante es asegurar que los trabajadores y trabajadoras tengan certeza de contar con una pensión en su vejez; y los mecanismos administrativos y financieros deben estar en función de eso. Para el FMLN es importante mantener la edad y monto de contribución del trabajador y la trabajadora y hacer los mayores esfuerzos para ampliar la cobertura de la seguridad social que en la actualidad no pasa del 25% de la población económicamente activa.
Cada cotizante aporta 10% de su salario, cada empleador aporta 3%, en suma una cantidad de 13% de la masa salarial es depositada mes a mes en una Administradora de Fondo de Pensiones AFP, y los pocos cotizantes que la ley de privatización dejara en el sistema público, cotiza el 14%. El ahorro real del trabajador es 10% del salario, pero de la totalidad de cotizantes, más del 70% tiene remuneraciones iguales o menores a un salario mínimo.
Las condiciones para alcanzar una pensión en el pasado eran cumplir una de dos condiciones, tiempo de cotización o edad. Con las reformas a la ley privatizadora se aumentó la condición en 2004, obligando a los trabajadores y trabajadoras a cotizar 25 años como mínimo y haber cumplido 55 años las mujeres, y 60 los hombres.
Las instituciones más serias nacionales y externas que analizan la evolución de este modelo privatizado tienen claridad de que las reservas financieras, vale decir los aportes pagados por trabajadores, patronos y el Estado, antes de la privatización promovida durante el gobierno de Calderón Sol, se las habían gastado antes de dos años. La obligación de aportar para dar soporte inicial al nuevo sistema privatizado se incumplió; los artículos de la ley que obligaban a ello se dejaron de lado con lo cual la crisis que ya era segura apareció más pronto y como solución aparente, pero ahora avalada en sentencia de la Sala de lo Constitucional, fue la Ley de Creación del Fondo de Obligaciones Previsionales FOP a partir del 2006.
Por eso indigna escuchar críticas de sus voceros, ver la propaganda de predisposición a un cambio a corregir el entuerto creado con graves consecuencias a la sociedad en su conjunto. Solo los beneficios creados en un decreto D.L. 100 impuso al Estado una deuda de 7 mil millones de dólares para establecer beneficios incrementales a los trabajadores mejor remunerados. Para el Estado, vale decir la sociedad en su conjunto, solo se impusieron obligaciones de pago, mientras que para las administradoras de fondos de pensiones, la ganancia es segura y les rinde; tal lo afirman los expertos, más de 10 millones de dólares al año y en algunos años ha superado el capital social pagado.
El Estado es el obligado a pagar la pensión mínima, a quienes el ahorro no les ajusta pero tienen el tiempo que la ley manda.
El engaño, que es su ahorro la única fuente de su pensión debe terminar, la gente debe saber la verdad y en beneficio de los que más afectados resultan contribuir a una reforma justa.
