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Rosmery Alfaro
Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Titulares de varias instituciones gubernamentales encabezaron el Diálogo Regional de Política de Gestión del Riesgo de Desastres promovido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del cual El Salvador es sede este año, y está enfocado en la probabilidad de sequía en Centroamérica y medidas para reducirla.
Este encuentro organizado por el BID tiene como principal objetivo promover el intercambio de conocimientos y experiencias entre funcionarios gubernamentales de alto nivel de América Latina y el Caribe y expertos en áreas clave de desarrollo.
Carmiña Moreno, representante del BID en el país, destacó que buscan incorporar la gestión de riesgos de desastres en la formulación de políticas, estrategias, planificación y medidas que les permitan a los países reducir las afectaciones vinculadas con los fenómenos naturales relacionados con los efectos de la sequía.
“La sequía puede tener efecto en la agricultura e implicaciones al manejo y gestión del riesgo, el evento contará con la presentación de estudios importantes con metodologías y aproximaciones innovadoras para hacer modelamientos que permitan a todas las autoridades proponer políticas públicas alrededor de la sequía”, dijo el representante del BID.
Al respecto, Orestes Ortez, ministro de Agricultura y Ganadería, consideró que el país ha sufrido la afectación del fenómeno del Niño de 2014-2016 y una grave sequía, y luego dos tormentas tropicales que dejaron huellas en términos de desastres al país.
“De tal forma que sus impactos se van revelando claramente con resultados de mucha implicación para las personas, crecimiento de la economía nacional y necesidades de inversión para adaptarse, tomando medidas, políticas que den sostenibilidad a estrategias de adaptación, mitigación y resiliencia a la sociedad”, consideró Ortez.
El funcionario afirmó que en el tema de adaptación, mitigación y resiliencia el gobierno invirtió, durante estos cuatro años de gestión, $24 millones en obras de este tipo como son tratamientos de suelo, recuperación de microcuencas y construcción de masa forestal.
“Hemos logrado una inversión del gobierno de Corea en un proyecto de la zona oriental del país y en enero iniciamos una intervención, que en conjunto son $8 millones, creando resiliencia al cambio de clima, actividades desarrolladas en las comunidades más afectadas por el cambio de clima”, manifestó el ministro.
Ortez agregó que a la fecha se han construido más de mil 500 reservorios para dar condiciones de seguir produciendo granos básicos, criando aves y animales de granja a familias que viven en el corredor seco del país.
El ministro de Agricultura y Ganadería expuso que uno de los programas importantes que el Ejecutivo implementa, para reducir la probabilidad de sequía, tiene que ver con la recuperación del cultivo de café.
Este proyecto para el cual el Ejecutivo ha destinado 10 millones de dólares, para la investigación y producción de variedades resistentes al cambio climático y enfermedades propias del cultivo para renovar el parque cafetalero nacional. El director ejecutivo del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal “Enrique Álvarez Córdova” (CENTA), Rafael Alemán, expuso que de 2014 a la fecha se han renovado 19 mil manzanas del bosque cafetalero e indicó que están generando tecnología que permita al productor ser más resiliente ante el fenómeno de sequía.
“Nosotros no podemos evitar las pérdidas, pero sí podemos prepararnos para ello, y es lo que hacemos al innovar en semillas resistentes que soportan sequías de más de 15 y 22 días, eso nos pone en mejores condiciones a no tener nada”, dijo Alemán, quien aseguró que pese a la poca inversión con la que cuentan intentan utilizar los recursos de manera eficiente.
Otro de los funcionarios participantes en el evento fue Nelson Fuentes, ministro de Hacienda, quien en su intervención afirmó que busca con cada una de las políticas y decisiones tomadas combatir los problemas generados por los desastres propios del territorio que afectan el desarrollo de la población.
“Este tipo de eventos exigen una visión y gestión integral de riesgo ante desastres, debido a que en los últimos años aumentó su frecuencia y gravedad, representa un potencial riesgo que afectaría las cuentas fiscales, el crecimiento de la economía y la sostenibilidad de las finanzas públicas”, consideró el titular de Hacienda.
El titular del fisco destacó que la gestión de riesgo también es agenda de los responsables del tema fiscal en Centroamérica, ya que tienen que calcular los impactos de los desastres naturales en las finanzas públicas.
“La pérdida estimada por la sequía en 2018 es de $42.3 millones, y con base a esto las proyecciones de crecimiento podrían reducirse en un 0.16% respecto a la situación sin este evento. Las medidas de respuesta a este respecto, al mayor gasto público, generarían un aumento del déficit fiscal de 0.03% del PIB y de asumir la expansión de gasto con endeudamiento, la deuda pública se ubicaría alrededor de 0.1%”, explicó Fuentes.
Por su parte Jorge Meléndez, secretario para Asuntos de Vulnerabilidad, consideró que el impacto del no cumplimiento del Acuerdo de París, sobre el no aumento de las temperaturas por sobre 1.5 grados, propone una reducción significativa de la cantidad de agua por lo que la gestión para la reducción de riesgo de desastres y el diálogo entre países es apropiado para enfrentar el nuevo escenario.
