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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
El presupuesto en manos de la Asamblea Legislativa, además de las obligaciones del pago de deuda que se abordó antes, busca dinamizar la economía, garantizar al pueblo su acceso a la salud, la educación y fortalecer la seguridad ciudadana.
Se cumplen las obligaciones y compromisos del Estado, manteniendo los parámetros que determina la Ley de Responsabilidad Fiscal. Con ese equilibrio se asegura una inversión pública superior a los mil millones de dólares.
Los programas sociales estarán debidamente financiados, los subsidios a las familias que más lo necesitan están asegurados: subsidio al transporte, según la cantidad de pasajeros movilizados; a la energía eléctrica para las familias que consumen hasta 105 kw ($5 por mes); al gas propano para familias y pequeños negocios ($6 por mes) y también el precio subsidiado a la mayor parte de familias que consumen agua servida por ANDA.
Entre los programas sociales que la ciudadanía valora por su impacto en la vida de las familias están los referidos a la educación que abarca una gama de programas: el paquete escolar que cubre desde educación inicial hasta bachillerato y asegura los uniformes, zapatos, cuadernos; la alimentación escolar, el vaso de leche, las computadoras que permitan que en cada escuela todos los niños tengan acceso a esta herramienta de aprendizaje, apoyo a los jóvenes talentos, la educación inicial, la alfabetización de adultos, el subsidio para el funcionamiento de las escuelas; la universidad en línea, la capacitación de docentes. Más de 200 millones de dólares se destinan a estas actividades sin incluir aquí las remuneraciones y la infraestructura educativa.
Otros apoyos a las familias que más lo necesitan incluyen subsidios monetarios por $50 a familias en condición de pobreza cuando mantienen a sus menores en la escuela y atendidos en su salud; la pensión solidaria a los adultos mayores de 70 años en los municipios de mayor pobreza y en este programa se han incorporado a veteranos de guerra de la Fuerza Armada y el FMLN; y, junto a programas que previenen la violencia, se invierten más de 65 millones de dólares.
Una novedad del presupuesto 2019 es lo relativo a los veteranos de guerra, pues se destinarán para programas que contempla la ley, los ingresos del llamado impuesto de guerra que sumados a otros 16 millones superarán los 50 millones para los veteranos de guerra de la FFAA y el FMLN; sin contar el presupuesto de 53 millones de las y los lisiados de guerra administrados por FOPROLYD.
Un total de 66 organizaciones no gubernamentales que desarrollan labores de servicio educativo, salud, cultura, convivencia comunitaria tendrán transferencia de fondos a partir de la aprobación del presupuesto por un monto que en conjunto supera los 18 millones de dólares.
Entre esas instituciones podemos mencionar los Institutos Tecnológicos de Usulután, La Unión, Santa Ana, Zacatecoluca, el ITCA; la Liga Contra el Cáncer, Cruz Verde, las Sociedades San Vicente de Paúl, Ayúdame a Vivir, Asociación de Hogares Crea, FUNTER, Fundación Padre Arrupe, Instituto Tecnológico Segundo Montes, las universidades Francisco Gavidia, José Matías Delgado, Gerardo Barrios, José Simeón Cañas, y otros.
Como puede verse en esta referencia a distintos sectores e instituciones, el presupuesto es del pueblo y para el pueblo, con énfasis en quienes más lo necesitan; sin importar su credo político o religioso, contiene en el gasto una evidente responsabilidad estatal y por eso debe ser defendido por el pueblo y se debe exigir a las y los diputados de todos los partidos y a los que no tienen partido, que lo impulsen, que lo defiendan, que lo APRUEBEN.
El financiamiento de los 30 hospitales y de las más de 800 instituciones de salud, de las más de 5 mil escuelas públicas y de muchas privadas que reciben subsidio; más de un millón de hogares que reciben uno o varios subsidios de gas, agua, transporte y energía, están cubiertos con el presupuesto.
Otras instituciones estatales como el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Cuentas, la PGR, la PDDH, la Fiscalía General de la República y el Órgano de Justicia todo, el Consejo Nacional de la Judicatura, el Instituto de Acceso a la Información, dependen del presupuesto aprobado. Las 262 municipalidades tienen asegurado en el presupuesto la parte que les corresponde, el 8% de los ingresos tributarios netos.
Por todo esto y por el salario de los más de 100 mil servidores públicos, muchos de los cuales reciben mejora por sus respectivas leyes de escalafón o contratos colectivos, debe aprobarse cuanto antes el presupuesto. De esta parte y del beneficio indirecto de las empresas que venden productos o servicios al Estado hablaremos en otra semana.
