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Jorge Vargas Méndez
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Los derechos humanos en el país no recibieron nunca el respectivo reconocimiento por parte del Estado salvadoreño sino hasta hace poco tiempo. Baste recordar que cuando una persona era detenida en la calle o bajada del bus por agentes de los antiguos cuerpos de seguridad (PN, click GN, doctor PH) o del ejército, no rx y reclamaba el respeto de sus derechos humanos recibía en respuesta unos culatazos al tiempo que le decían: “Aquí están tus derechos humanos… Vos de la guerrilla sos”. Después de la firma de los Acuerdos de Paz (1992) el incumplimiento a los derechos humanos de la población continuó, pero ciertamente de una manera más sofisticada: creando o modificando leyes e incluso la Carta Magna (por ejemplo, el Art. 1, reformado en 1997), entre otras medidas más para consolidar un Estado excluyente y autoritario, propio de los países complacientes con el neoconservadurismo y el neoliberalismo globales.
En realidad, las primeras demandas por el respeto de los derechos humanos datan de finales de los sesentas y principios de la siguiente década, y no fue precisamente el Estado el que promovió su cumplimiento. Mucho menos lo hicieron los medios de comunicación que ahora se dicen “democráticos y democratizados”. Fueron sindicalistas, estudiantes, docentes, líderes de algunas iglesias, intelectuales y dirigentes de partidos progresistas, entre otras personas más, que se expusieron a la violencia de Estado por el hecho de reclamar el respeto de esas prerrogativas inherentes a toda persona y que entre la población civil, principalmente rural, alcanzó alarmantes niveles de irrespeto por parte de los gobiernos de turno.
Precisamente para responder a esa carencia u omisión preconcebida del Estado, es que surgen en su momento instituciones como la extinta Tutela Legal del Arzobispado, la CDH no gubernamental y muchas organizaciones de la sociedad civil que igualmente fueron objeto de la represión institucionalizada. De ahí que, hay que decirlo tajantemente, es una burda mentira afirmar que desde hace más de cincuenta años los derechos humanos son respetados en el país. Es más, todavía en nuestros días a menudo se leen artículos y editoriales publicados en la prensa conservadora donde se vitupera contra la ONU y sus diferentes organismos, así como contras los programas y proyectos que ejecutan en países como el nuestro. Ni Amnistía Internacional se salva de esos señalamientos, excepto, cuando les conviene.
Así pues, la elección de El Salvador para integrar por primera vez el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el período 2015-2017, es, antes que nada, un reconocimiento a la trayectoria de un pueblo que ha sabido luchar con denuedo por sus derechos humanos, gesta durante la cual ofrendaron su vida millares de sus hijas e hijos y otros millares más, por la misma razón, tuvieron que emigrar. Desde esta perspectiva, es que la mayoría de la población salvadoreña y la comunidad internacional (151 países) esperan que el Estado responda al Examen Periódico Universal (EPU), que comprende 159 recomendaciones y de las cuales, el Estado salvadoreño dijo “que estudiará 62 y estas están enfocadas a la ratificación de instrumentos internacionales, a la protección de la mujer, a la despenalización del aborto y a los derechos de la población de Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (LGBTI)”. Las respuestas a las recomendaciones serán dadas por el Estado salvadoreño en marzo próximo, durante el vigésimo octavo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en el cual se aprobará el documento final del EPU correspondiente a El Salvador.
Respecto a la despenalización del aborto, un reporte de Amnistía Internacional, dice: “En el examen periódico universal (EPU) de El Salvador en las Naciones Unidas se ha pedido al país que reforme la legislación que impide el acceso al aborto en todas las circunstancias y envía a las mujeres a prisión por tener abortos espontáneos o clandestinos”. A la demanda sobre la despenalización del aborto que viene haciendo desde hace varios meses la citada institución, se sumaron mediante el EPU países como Australia, Alemania, República Checa, Eslovenia, Suecia, Noruega, Islandia, Luxemburgo y España. Adicionalmente, este último hace un llamado al Estado salvadoreño para que se deje en libertad a las mujeres y niñas que guardan prisión actualmente por haberse sometido a abortos o por haber sufrido aborto espontáneo.
Asimismo, en consonancia con las recomendaciones de la EPU, la misma Amnistía Internacional “pide que las mujeres, incluidas las jóvenes, tengan acceso a información y servicios anticonceptivos, a una gama integral de métodos anticonceptivos modernos y de calidad y a anticoncepción de emergencia”. Y enseguida, la misma fuente agrega: “Durante el EPU, muchos países se han referido además a los derechos de las mujeres y a los altos índices de violencia de género, pero también a las medidas positivas adoptadas por el gobierno al establecer la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, de 2012, que tiene por objeto abordar la discriminación y la violencia de género”.
Otras de las recomendaciones está orientada a dejar sin efecto la Ley General de Amnistía, en tanto que obstruye la aplicación de justicia en aquellos casos en los que se violentaron gravemente los derechos humanos de millares de mujeres y hombres durante el conflicto bélico, incluyendo las masacres cometidas por efectivos del ejército y ordenadas por altos oficiales de aquellos gobiernos.
Pero de un Estado que en respuesta a las recomendaciones hechas en el EPU 2010, ratificó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Segundo Protocolo Facultativo Internacional de Derechos Civiles y Políticos, orientados a eliminar la pena de muerte y darle el merecido reconocimiento a los pueblos indígenas, y que afirma que los derechos humanos constituyen una política de Estado, es posible esperar que en marzo próximo ratifique ese compromiso con la mayoría de la población salvadoreña. Y una muestra de ello, desde luego, está por verse, cuando en los próximos días haga pública su postura oficial al respecto. *Poeta, escritor, integrante del Foro de Intelectuales de El Salvador.
