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Ricardo Olmos
Economista
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El Centro Nacional de Registros, sick CNR desde hace menos de dos años viene alineándose a la oportunidad de ampliar el uso de las garantías mobiliarias para acceder al crédito y de esa manera extender la escala de las operaciones empresariales.
El marco legal e institucional constituido para facilitar el uso de bienes muebles como garantías de crédito para empresas y consumidores, es una realidad y es la base sobre la que generalmente el sistema financiero, otorga y amplía el crédito para aquellas empresas y personas interesadas en utilizar ese mecanismo, a fin de fortalecer y aprovechar nuevas oportunidades de negocios.
Y en efecto, en poco espacio de tiempo, El Salvador se ha visto beneficiado con la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Mobiliarias publicada en el D. O. Nº 190, Tomo Nº 401 de fecha 14 de octubre de 2013, puesto que en sólo dos años de haber iniciado su aplicación, las empresas y las personas naturales han accedido al financiamiento creditico, debiendo para tal efecto, inscribir los contratos de sus cosechas, vehículos y los bienes muebles como garantía. Algunas empresas han registrado sus inventarios de bodegas, para poder solicitar un préstamo y así financiar sus operaciones. Otros bienes que pueden ser sujetos de garantía son el inventario y materias primas, bienes de equipo, bienes de consumo duradero, siendo los nuevos mecanismos de acceso al crédito; y eso ha sido un elemento positivo, pues el Gobierno del profesor Sánchez Cerén ha propiciado de manera evidente la ampliación del nivel de operaciones empresariales y económicas con ese nuevo rol ejecutado por el Centro Nacional de Registros a través del Registro de Garantías Mobiliarias con nuevos beneficiarios directos de esta nueva modalidad de acceso al finamiento crediticio, favoreciendo al sector empresarial, ya sea este formal e informal, reduciendo al mismo tiempo las dificultades para acceder al crédito.
Otro sector de relevancia nacional y que se ha visto favorecido con este nuevo sistema de garantías mobiliarias es el sector financiero, entre ellos los bancos, así como aquellas entidades no bancarias que promueven y respaldan la actividad económica nacional, detalles que se evidencian por la evolución de la actividad económica la que se ha visto favorecida recientemente con el incremento del 4.3% de la cartera de préstamos bancarios de febrero de este año en comparación con el mes de febrero del año 2015, habiéndose incrementado de US$10,948 millones a US$11,422 millones, resultados que han mejorado el otorgamiento de préstamos en donde el Registro de Garantías Mobiliarias del CNR ha jugado su papel relevante con la satisfacción de la demanda para el financiamiento de nuevos créditos a los empresarios nacionales.
Con la aplicación de esta ley, además se ha beneficiado a los consumidores, a la comunidad legal y académica, y entre ellos: los notarios, abogados, profesores, así como las cámaras empresariales y el sector público que se ha visto favorecido por el impulso que se les ha dado a este tipo de iniciativas con claros impactos positivos al clima de negocios en el país.
¿Cuáles han sido los impactos en solo en dos años de aplicación de esta Ley? ¿Los resultados registrados han sido favorables para el empresario nacional? Desde el inicio de operaciones en el Registro de Garantías Mobiliarias del CNR se han garantizado en poco menos de 17 meses, más de 8 mil operaciones que han fortalecido al sector privado, pues se han garantizado alrededor mil millones de dólares. Por ejemplo, solo en lo que corresponde a los primeros cuatro meses de este año 2016 se han registrado el 30.0% de las inscripciones realizadas en el año 2015 alcanzando ya el 28.5% de los créditos garantizados del año pasado. Estos resultados promueven el desarrollo nacional y generan confianza en el sector público, pues respalda las operaciones crediticias del sector financiero en el país. De esta manera el CNR cumple!!
Hay que decir, que el nuevo sistema de Registro de Garantías Mobiliarias ha impactado en la reducción de costos financieros; además ha elevado la diversificación productiva nacional, así como también ha mejorado la competitividad y el acceso a novedosas fuentes de financiamiento de los empresarios en El Salvador. Parece ser, por la información periodística registrada, que este sistema, a diferencia de las opiniones negativas iniciales cuando se sancionó esta Ley, muy por el contrario ofrece resultados promisorios.
También, hay que afirmar que estos primeros resultados indican que la introducción del Registro de Garantías Mobiliarias tiene un mayor impacto en el acceso al crédito para los segmentos de las pequeñas, medianas o grandes empresas. Las condiciones básicas para propiciar mayor crecimiento de la actividad económica se han generado y están alineadas con los objetivos gubernamentales, particularmente, con el primer objetivo del Plan Quinquenal de Desarrollo.
Los debates abiertos en el pasado sobre los reducidos canales para acceder y democratizar el crédito en el país serán historia, pues el inacceso al crédito puede ser resuelto, si se profundiza este mecanismo para que los empresarios de cualquier tamaño puedan, con la celeridad que se amerite, ser acompañados por el sector público para que en efecto se amplíen las actividades empresariales y en definitiva en el corto plazo se promuevan los negocios en el país.
Las consecuencias de una mayor demanda de créditos garantizados provocarán además que un mayor número de negocios produzcan a nivel nacional efectos multiplicadores mayores; asimismo, este tipo de iniciativas ya en marcha e institucionalizadas generan, en el corto plazo, empleo remunerado, con aportes a la seguridad social por parte de esas nuevas personas ocupadas que generan consumo, elevando al mismo tiempo, los niveles de producción nacional.
Las apuestas que se han trazado en el marco de este Registro de Garantías Mobiliarias están orientados a ir al encuentro de la micro y pequeñas empresas en el corto plazo. No hay excusa para ello, este sistema viene siendo conocido y utilizado y se espera que sus resultados provoquen su uso y demanda a fin de que esta forma de financiamiento madure como en otros países de América latina y que, en efecto, este nuevo sistema propicie el crecimiento económico y el desarrollo de más emprendimientos nacionales, ya que los efectos que se derivan están en relación además con la seguridad de la propiedad que se establece en la Constitución de la República cuando se afirma en el “Art. 101.- El orden económico debe responder esencialmente a principios de justicia social, que tiendan a asegurar a todos los habitantes del país una existencia digna del ser humano. El Estado promoverá el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción, la productividad y la racional utilización de los recursos. Con igual finalidad, fomentará los diversos sectores de la producción y defenderá el interés de los consumidores”.
Así pues, el funcionamiento del sector público deberá respaldar el desarrollo de los negocios y del tejido productivo del país. Se espera que estos resultados motiven a más salvadoreños a utilizar esta ruta de ampliación del acceso al crédito productivo, para que emerjan, de ser posible, nuevos sectores empresariales que en el pasado no alcanzaron esas oportunidades crediticias a través de mecanismos novedosos y fáciles que favorecen la democratización del crédito en El Salvador.
