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@elder_gomez_2
Diputados de la Asamblea Legislativa confían en que el nuevo juez designado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para ventilar el caso de presunta corrupción del ex presidente Francisco Flores, ask aplique la justicia “como debe ser”.
“Lo que esperamos todos de parte del juez Séptimo de Instrucción – declaró el legislador por la GANA, Guillermo Gallegos -, es que aplique justicia como debe ser”.
“Hacer justicia es hacer que el ex presidente Flores pague con cárcel o regrese, además de pagar con cárcel, todo lo que se apropio indebidamente”, subrayó el parlamentario, uno de los más críticos de la conducta del ex gobernante salvadoreño.
La CSJ ordenó la semana pasada que el Tribunal Séptimo de Instrucción, de San Salvador, concluya el proceso legal por corrupción contra el ex presidente Flores, que había llevado el cuestionado juez Primero de Instrucción, Levis Italmir Orellana.
Además, la CSJ suspendió por tres días a Orellana por haber prohibido que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) accediera al expediente entorno al caso abierto a Flores, quien gobernó El Salvador entre 1999 y 2004. Orellana, quien tiene abiertos más de una decena de expedientes en el Departamento de Investigaciones de ese Órgano de Estado, también ordenó abrir un proceso legal contra los querellantes del caso, cuya audiencia inició este lunes.
Gallegos dijo que “a todos nos parecía insólito lo que estaba pasando” en el Tribunal Primero de Instrucción, aunque ahora confía en que el proceso judicial contra el ex mandatario “va a tender a caminar por el camino de la justicia” en el nuevo tribunal.
El PDC
Arnoldo Marín, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), dijo que “esperamos que la justicia prevalezca” en el proceso legal que se sigue contra el ex gobernante.
“Esperamos que el cambio (de juez en el caso Flores) sea para bien”, confió el legislador, quien reveló que Orellana fue su profesor en la universidad y “sé que es un hombre profesional”.
“No me cabe duda de que (Orellana) lo que ha hecho (en el caso Flores) lo ha hecho apegado a derecho”, afirmó, al sostener que “cualquier cosa” que un jurista decida, por la eminencia del ex mandatario, será “oposición”.
Flores es acusado de los supuestos delitos de peculado (robo de dinero al Estado), desobediencia a particulares y enriquecimiento ilícito, por el presunto mal manejo de $ 15 millones, de un donativo dado de manera personal por Taiwán al ex gobernante.
Otros implicados
Además de Flores, representantes de una Comisión Especial legislativa han pedido sin éxito a la Fiscalía General que investigue a otros prominentes magnates salvadoreños, por el supuesto delito de “lavado de dinero”.
El director del Instituto de Estudios Políticos de la opositora ARENA, Gerardo Balzaretti, reveló a los legisladores de la instancia legislativa, durante un citatorio que le hizo ésta en junio pasado, que $ 10 millones del donativo taiwanés a Flores fueron a parar a las arcas de esa formación política.
El dinero habría llegado a las arcas de ARENA mediante una oscura transacción financiera iniciada en una sucursal de un banco salvadoreño en Miami, que terminó en otra agencia del mismo banco en San José, Costa Rica, desde donde fue enviado a El Salvador.
