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Rosmeri Alfaro
@DiarioCoLatino
El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar aseguró que la emergencia del COVID-19 ha generado graves repercusiones en las víctimas de desplazamiento forzado, al verse atrapadas en situaciones muy peligrosas o sin opciones de protección.
Ante esta situación, el titular de la PDDH exhortó al presidente Nayib Bukele a fortalecer las Oficinas de Atención a Víctimas con personal multidisciplinario y recursos financieros necesarios para atender a este grupo poblacional, que ha tenido que optar por el confinamiento absoluto.
Tobar señaló que es imperioso reflexionar sobre la intervención del Estado relacionado a la protección de las víctimas por el detrimento, que el cierre de fronteras y otras restricciones a la circulación, ha generado en sus derechos y dignidad como seres humanos.
“Las personas salvadoreñas retornadas con necesidades de protección se enfrentan a la fragilidad del sistema, debido a la falta de mecanismos para la identificación de necesidades, así como el poco acceso a los servicios de salud pública, los cuales se encuentran sobrepasados en su capacidad de respuesta en la contención del COVID-19 y la atención de otras afectaciones a su salud, no constituye en estos momentos una prioridad”, explicó.
Desde el 2001, cada 20 de junio es conmemorado el Día Mundial de las Personas Refugiadas. Los conflictos armados, la grave violación a los Derechos Humanos, la violencia social, de género y los desastres naturales, son las principales causas de movilización entre las personas.
Según la Procuraduría, durante la presente emergencia sanitaria, ha registrado nueve casos de personas y grupos familiares víctimas de desplazamiento forzado por razones de violencia, cinco de ellos reportados por hombres y cuatro por mujeres, quienes fueron amenazados y amedrentados por grupos criminales para abandonar sus lugares de residencia.
Resaltó que las víctimas de desplazamiento sufren una crisis sanitaria y humanitaria puesto que se encuentran expuestas al virus sin disponer de recursos para protegerse, además de vivir o trabajar en condiciones de precariedad o hacinamiento, carecer de acceso a otros servicios básicos como el agua, salud y nutrición. Por otra parte, no se puede omitir el impacto socioeconómico generado por las limitaciones a la libre circulación.
