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Ouanaminthe / AFP
Amelie Baron
Controles aleatorios, personas atravesando el río frente a las narices de agentes aduaneros. La confusión que reina en la frontera de Juana Méndez es sintomática de la crisis migratoria entre Haití y su vecina República Dominicana, un país más próspero que expulsa a decenas de miles de personas.
«Todos los migrantes nos llegan aquí en situación de extrema vulnerabilidad», asegura la psicóloga Martine Stéphanie Louis, respecto a las personas que son devueltas de República Dominicana, a pesar de haber nacido o vivido durante muchos años en el país.
Desde 2015, tras un endurecimiento de la política migratoria dominicana, decenas de miles de personas han sido expulsadas, aunque muchos esperan volver a cruzar la frontera en sentido contrario en busca de mejores condiciones económicas.
Martine Stéphanie Louis narra la angustia que sufre, frente al centro de referencia fronteriza dirigido por la Organización Internacional de Migraciones (OIM) y las autoridades haitianas.
Cuando llegan, «la mayoría de las veces llevan días sin comer y sin beber, sin poder tomar un baño. Habitualmente sin el poco dinero que llevaban, algunos fueron golpeados», señaló la psicóloga.
Hay algunos bancos pintados de colores vivos rodeados de tres contenedores que hacen las veces de oficina. Los recursos son escasos y sólo las mujeres y los niños expulsados de República Dominicana son atendidos.
«El número de hombres expulsados es cuatro veces mayor, pero no podemos ayudarles, solo podemos darles un poco de agua», señala Louis.
Perfil racial
En 2017, la dirección central de migración dominicana (DCM) contabilizó 57.687 hatianos expulsados. Durante los cinco primeros meses de 2018, la DCM regresó a la frontera a más de 50.000 personas, 11.200 de las cuales solo en mayo.
Este aumento de expulsiones preocupa a las organizaciones internacionales, en especial porque estas operaciones que realizan los servicios de migración parecen estar dirigidas contra el perfil racial.
«La mayoría de las personas expulsadas no tiene documentos, por lo que no se puede verificar su identidad. La identificación de la ciudadanía se hace de una manera que podríamos calificar de arbitraria, lo que plantea una serie de problemas», reportó Fabien Sambussy, jefa de la misión de la OIM en Haití.
«Y el gran problema de las expulsiones es que separa a las familias», denunció.
Separación de familias
Los adultos, las familias y los menores no acompañados son expulsados. Los niños que llegan solos a la frontera de Juana Méndez son albergados temporalmente en la casa de acogida Santa Teresa, mientras se busca a sus padres. Pero la reunificación de las familias es difícil, si no imposible, cuando los padres aún residen en República Dominicana, la mayoría en situación irregular.
Durante una visita a Haití el martes y el miércoles, el secretario general adjunto de Naciones Unidas para asuntos humanitarios, Mark Lowcock, llamó a los dos países que comparten la isla La Española a dialogar y a luchar contra los traficantes que explotan la vulnerabilidad de los migrantes.
«Los sistemas judiciales de los dos países tiene la responsabilidad de hacer frente a esas actividades criminales y al tráfico ilegal con fines horribles, especialmente cuando se trata de niños», declaró el martes a la AFP, Lowcock.
«La voluntad política cuenta mucho, pero el progreso económico es igual de importante», precisó el diplomático de la ONU al señalar que la pobreza en Haití es la primera causa de esta crisis migratoria.
Nada que perder
«Para ellos es una cuestión de sobrevivencia: tener un estatus migratorio irregular en República Dominicana es mejor que quedarse en Haití y no tener trabajo, no saber si sus hijos podrán ir a la escuela, no saber qué hacer mañana», señaló Fabien Sambussy. «Las familias expulsadas no tienen nada que perder».
Reducir la pobreza para resolver los flujos migratorios requiere de un control real del comercio entre los dos países. Ante la ausencia de una gestión eficaz, el banco central de Haití estima que cada año la redes de contrabando provocan pérdidas por valor de 400 millones de dólares al dejar de ingresar los aranceles aduaneros.
«Parte de estos recursos podrían ser reinvertidos en el desarrollo de las zonas fronterizas para, justamente, ayudar a esos migrantes a encontrar en Haití lo que buscan en República Dominicana», asegura Fabien Sambussy, al abogar por un «sistema judicial eficaz para aplicar la justicia contra los contrabandistas y los que ganan dinero a costa de los migrantes».
