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La derecha legislativa no desperdiciará que la población salvadoreña le haya dado la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, que inicia el uno de mayo próximo, y lo primero que harán es eliminar la reforma agraria, al reformar el artículo 205 de la Constitución, y eliminar el 267.
Hay que recordarle al pueblo que la reforma agraria no solo permitió que los campesinos tuvieran acceso a la tierra, sino que puso límites a las personas individuales de la cantidad de tierra que pueden poseer.
El artículo 105 en uno de sus incisos reza: “La extensión máxima rústica perteneciente a una misma persona natural o jurídica no podrá exceder de 245 hectáreas. Esta limitación no será aplicable a las asociaciones cooperativas o comunales campesinas”.
Mientras que el artículo 267 de la Constitución establece: “Si la tierra que excede los límites máximos establecidos en el artículo 105 de esta Constitución no fuere transferida en el plazo que allí se contempla por causa imputable al propietario, podrá ser objeto de expropiación por ministerio de ley, y la indemnización no podrá ser previa”.
Reformar esos artículos que regulan la tenencia de la tierra no solo sería un gran retroceso en lo concerniente a la reforma agraria, sino, una medida que buscaba democratizar la propiedad de la tierra, evitando la acumulación de la misma en pocas manos, producto de la expropiación que hicieron a los indígenas y tierras comunales a finales del siglo XIX.
Cuando antes de la guerra se hablaba de las “14 familias”, se hacía referencia a ese número de familias que se quedaron con las tierras comunales y ejidales, y por lo tanto eran dueños del país. Después de la reforma agraria, y esas modificaciones constitucionales de la tierra, los dueños del país ya no se miden por la extensión del territorio propiedad de cada familia, sino, por el reparto del Producto Interno Bruto.
Es cierto que el pueblo le negó los diputados suficientes al FMLN para que defiendan los intereses de los campesinos, pero es preciso que este partido político desarrolle, junto a los campesinos cooperativistas y pequeños propietarios, todo un debate para concienciar al pueblo que impulse la defensa de esos dos artículos de la Constitución que defienden un modelo de posesión de la tierra más justo y democrático.
