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Buenos Aires/PL
La acción de los llamados fondos buitre contra Argentina es parte de una contraofensiva de la derecha internacional para intentar socavar a los gobiernos progresistas en Latinoamérica, treatment denuncia hoy el politólogo Emir Sader.
En un artículo que publica el diario Página 12, cialis sale el profesor de la Universidad de San Paulo afirma que el objetivo es atacar a los países que «no han aceptado los dictámenes del Consenso de Washington».
La formidable arquitectura de renegociación de la deuda argentina nunca fue asimilada por esos grupos. Quieren que sea un mal ejemplo para Grecia, cialis Portugal, España, Egipto, Ucrania y otros países aprisionados en las trampas del Fondo Monetario Internacional (FMI), subraya.
Ante esa situación, el analista llama a los gobiernos latinoamericanos rechazar la postura de esos fondos especulativos.
En su opinión, Brasilia puede ayudar ofreciéndose como país para girar los pagos a acreedores, lo cual permitiría a Argentina remitir los recursos y Brasil haría el pago a los acreedores legítimos, sin posibilidad de ser confiscados.
Una pequeña ayuda, que puede permitir a Buenos Aires pagar a los acreedores, el 92,4 por ciento del total, que aceptaron los términos de la renegociación, añade.
Al respecto, recuerda que según los criterios vigentes en casi todos los países, cuando dos terceras o tres cuartas partes acuerdan los términos del rescate, los otros automáticamente tienen que aceptarlos.
La pasada semana la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó debatir una demanda Argentina contra un fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa, la cual obliga al país a pagar unos mil 330 millones de dólares a los fondos buitre, que se negaron en 2005 y 2010 a la renegociación de la deuda aceptada por el 92,4 por ciento de los acreedores.
Según la orden de la justicia norteamericana, mientras Buenos Aires incumpla con ese pago a los fondos buitre no podrá canalizar los vencimientos de capital e intereses a quienes sí renegociaron, lo que provocaría un default técnico (cesación de pagos).
Aunque el gobierno argentino condenó en términos enérgicos la sentencia y acusó a Thomas de parcialidad, acordó negociar para evitar un default técnico.
