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@arpassv
El director del Instituto de Medicina Legal debería estar en la “cuerda floja” por sus repugnantes expresiones, nurse impropias de un funcionario de su nivel. José Miguel Fortín Magaña sugirió que las 17 mujeres condenadas por homicidio, luego de haber sufrido abortos accidentales, deberían enfrentar la pena de muerte.
“(Las 17 mujeres) tienen la suerte de vivir en un Estado donde no existe la pena de muerte, porque estas personas en cualquier lugar de Estados Unidos habrían tenido que enfrentar la pena de muerte”, declaró en una entrevista televisiva el funcionario en cuestión.
En sus declaraciones –retomadas por medios impresos y digitales– Fortín Magaña afirma que las 17 mujeres “asesinaron a sus hijos”. El funcionario rechaza que las 17 mujeres hayan tenido emergencias obstétricas, como sostienen las organizaciones feministas que las defienden.
Las declaraciones de Fortín Magaña coinciden con la postura de organizaciones anti abortistas como la Fundación Sí a la Vida y grupos religiosos como el Opus Dei. Estas entidades ultraconservadoras, vinculadas a la extrema derecha, se oponen tajantemente a todo tipo de aborto.
Fortín Magaña ya había sido separado de su cargo en diciembre de 2012, pero un amparo de la Sala Constitucional lo mantiene en su cargo. Sus odiosas y amenazantes declaraciones contra las 17 mujeres condenadas injustamente podrían constituir delitos procesables con la Ley para Vida Libre de Violencia hacia las Mujeres.
Las repulsivas declaraciones del director del Instituto de Medicina Legal reiteran –sin embargo– la urgencia de realizar un debate serio sobre la legalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico, permitidos en los países donde la civilidad y la ilustración han superado a las visiones trogloditas y reaccionarias como la de Fortín Magaña.
El aborto debe ser permitido cuando la vida de la madre está en peligro (aborto terapéutico), cuando el embarazo es resultado de una violación sexual (aborto ético) y cuando el feto tiene malformaciones congénitas (aborto eugenésico).
Ojalá, pues, que la población se indigne: la injusticia cometida contra las 17 mujeres, la ilegalidad del aborto (terapéutico, ético y eugenésico) y declaraciones de funcionarios como el Director de Medicina Legal, son motivos de indignación popular.
Fortín Magaña debería renunciar o el presidente de la Corte Suprema de Justicia despedirlo, los magistrados de la Sala Constitucional no deberían protegerlo y las organizaciones feministas deberían demandarlo en la Fiscalía por posible cometimiento de delitos tipificados en las leyes que protegen a las mujeres.
