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Alberto Romero de Urbiztondo [email protected]
El 3 de septiembre, Imelda, una joven de 20 años, enfrentó un Tribunal de Instrucción en Jiquilisco. En 2017, tuvo un parto pre- cipitado en la letrina de su casa, sufrió una fuerte hemorragia, llevándola al hospital. Rescataron viva a la criatura, pero Imelda fue acusada de haber querido matarla. Fue apresada en el hos- pital y sigue en la cárcel. Era violada desde los 12 años por su padrastro, amenazándola para que no lo contara. Quedó embarazada, pero como seguía sangrando pensó no estarlo. La acusaron de haber querido matar a su hija, no sirvieron las alegaciones de sus abogadas sobre la viola- ción sistemática desde niña ni que no existiera ninguna prueba de que hubiera querido dañar a la criatura. El juez remitió su caso al Tribunal de Sentencia, pudiendo ser condenada a 15 años por homicidio tentado. A Imelda todavía no la han dejado ver a su hija.
La Fiscalía, la procuradora y el juez, para acu- sarla, pedían reiteradamente su condena para defender el derecho de su hija “desde el instante de la concepción”. Me pregunto, ¿qué poder tiene esa frase, “desde el instante de la concepción”, para que se anteponga a cualquier argumento jurídico o prueba de descargo? Quiero empezar a analizarlo.
Este concepto adquiere un fuerte significado sim- bólico en 1854, cuando el papa Pío IX, mediante la bula Ineffabilis Deus, declara “Definimos, afirma- mos y pronunciamos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original desde el primer instante de su concepción… ha sido revelada por Dios y debe ser firme y constante- mente creída por todos los fieles”. Las personas católicas tienen derecho a creer ese dogma y no es de extrañar que introdujeran esta definición en la reforma del Articulo 1 de la Constitución, pues quienes la impulsaron fueron activistas religiosos y la jerarquía católica. El problema es que diputados y diputadas aprobaran un concepto tan ambiguo para definir a la persona humana. Las consecuencias de esta ligereza legislativa pueden llevar a Imelda a pasar 15 años en la cárcel, después de ser violada desde niña.
