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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
El 15 de julio finalizaron su mandato cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia propietarios y sus respectivos suplentes; a ese momento la Comisión Política había concluido los procedimientos reglamentarios que obligan a comprobar que los aspirantes cumplen los requisitos constitucionales, faltaba solo el acuerdo de elegir y era entendible un retraso prudente, pero pasados dos meses la decisión parece complicarse más y uno se pregunta ¿por qué?
Desde la reforma constitucional aprobada como producto de los Acuerdos de Paz, los espacios para elegir están debidamente delimitados. 15 candidatos y candidatas son propuestos por los abogados que votan en una elección y los otros 15 los selecciona el Consejo Nacional de la Judicatura y el informe de la subcomisión que llevó el proceso de comprobar requisitos estableció que todos cumplen los requisitos constitucionales.
A quienes elija la Asamblea durarán nueve años en su cargo, y cuatro de ellos conformarán Sala de lo Constitucional, instancia que tiene la responsabilidad de resolver amparos, habeas corpus e inconstitucionalidades. En esa Sala hay ya un miembro, el presidente Armando Pineda Navas, quien ha sido propuesto nuevamente para el cargo.
Los amparos los resuelve la Sala con tres votos y las inconstitucionalidades con cuatro votos, y eso provoca en los usuarios recurrentes de esa Sala la apetencia de poder controlar o al menos aspirar que abogados afines a las empresas y sectores que acuden frecuentemente a ella para evitar pagar impuestos, para lograr reconocimiento de pagos, o evitar ser alcanzados por una ley incómoda, deseen ver en esa Sala más a unos que a otros, aunque todos sepan que los 30 aspirantes cumplen los requisitos.
Los últimos nueve años enseñan lo valioso que fue para el gran capital tener a la Sala de lo Constitucional de la mano de sus intereses y pareciera que aspiran a tener una conformación igualmente cómoda como la que han tenido desde 2009. Esas aspiraciones se reflejan en los argumentos de los diputados del partido Arena que es el único partido que tiene con sus 37 escaños la capacidad de vetar por sí mismo una elección que requiere 56 votos.
Producto de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional que finalizó el 15 de julio pasado, se creó en la opinión pública la idea de que la Asamblea se equivoca al elegir, que lo hace como reparto de cuotas y que por ello no debiera decidir sin el juicio o beneplácito de grupos de presión con membrete de sociedad civil, esto sin importar que se repiten los nombres de los integrantes de esos grupos en espacios diversos de la derecha.
La responsabilidad de elegir, la ineludible responsabilidad de decidir en ese limitado espacio de 30 aspirantes es la Asamblea Legislativa, y la Constitución les dice que sus funciones son indelegables; lo irónico es que algunos diputados esconden sus propias opiniones y preferencias en la “voz” de esos grupos. Todo indica que Arena está gustosamente presionada por quienes aspiran tener en la Sala de lo Constitucional a profesionales que siendo candidatos han estado más cerca, o han defendido intereses de las corporaciones privadas a través de bufetes de abogados.
Lo natural, lo lógico es que para seleccionar a diez de entre 30 profesionales sean capaces de escuchar las opiniones de quienes tienen la responsabilidad de elegir, de abandonar la idea de control sobre la Sala y dejen que se cumpla lo que nuestra Carta Magna establece, que la integren profesionales del derecho que representan las diferentes corrientes del pensamiento jurídico.
El país merece tener una Corte Suprema de Justicia con capacidad y voluntad deliberativa en vez de pequeños grupos alineados a poderes fácticos que impiden la justicia. Ya hemos padecido y padecemos de impunidad derivada de arbitrariedades, de conductas caprichosas y de alineamiento con poderes externos. El resultado es que padecemos de retrocesos de los que se habla en pasillos.
¿O acaso quieren juntar esta elección con la elección del titular de la Fiscalía General de la República? Tiene uno la libertad de suponer pero sobre todo tenemos el derecho de demandar a la Asamblea que busque un acuerdo racional que permita tener debidamente conformada la Corte Suprema de Justicia lo más pronto posible.
Los argumentos de por qué se escapa la posibilidad de un acuerdo para elegir se agotaron y solo la acción de cumplir la responsabilidad de todos resolverá el vacío institucional existente. Debemos demandar que se eviten rebuscados argumentos y se elija con la más amplia participación del propio Órgano Legislativo o acepten que se debe reformar la Constitución para hacerlo con elección popular como lo propuso el FMLN a finales de 2017.
