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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
Las familias que tuvieron el valor de denunciar y demandar seguridad y justicia, por el desplazamiento forzoso del que fueron objeto, tendrán las próximas semanas una resolución de los amparos presentados ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Así lo informó Abraham Ábrego, director de Acompañamiento Legal a las Víctimas de CRISTOSAL, que seis de las familias que se avocaron a la Sala tendrán respuesta próximamente.
“Son un total de 60 personas afectadas que hicieron acopio de valor para hacer las denuncias y demandar seguridad y justicia, e incidir en el reconocimiento del desplazamiento forzado por violencia”, explicó.
Asimismo, expresó su beneplácito por la celeridad que ha dado la Sala de lo Constitucional en la admisión y tramitación, por lo que esperan que antes que los magistrados concluyan su período emitan las resoluciones.
“Hemos presentado seis amparos, uno se encuentra en proceso de admisión y tres están en la etapa probatoria, por lo que es posible que obtengamos una sentencia en los próximos meses, y podamos establecer un precedente positivo a las víctimas y sus grupos familiares”, señaló.
CRISTOSAL, como organización de protección a derechos humanos, presentó un informe en el año 2017 sobre el aumento de los desplazamientos forzados internos. En el que la mayoría de afectados es la niñez y mujeres. Por ello, demandan del Estado en su conjunto un trabajo integral que garantice el derecho al acceso a la justicia, seguridad material, libre circulación, y propiedad y patrimonio, de la población salvadoreña.
Mientras, la coordinadora de CRISTOSAL Celia Medrano opinó que con este trabajo de acompañamiento y asesoría legal a las familias afectadas pretenden establecer un marco jurídico integral y permanente para atender esta problemática en el país.
“Queremos que se establezca una normativa legal, política e institucional, que pueda ser efectiva, eficaz y digna para las víctimas de violencia que se encuentran en el país, por el desplazamiento interno. Algunas familias afectadas les han extendido medidas cautelares dadas por la Corte Suprema de Justicia y un caso que ha intervenido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, afirmó.
No obstante, lamentó que instancias como: la Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil e instancias de atención a víctimas, tuvieran que abrir espacios para dar tratamiento a estos casos, porque antes no lo previeron.
“Esta experiencia nos ha demostrado que no hay un sistema de atención a víctimas de violencia que sea eficaz, eficiente y que, pensado desde las mismas víctimas, se garantice así la dignidad, atención y prevención. Las familias mismas que han sido objeto de medidas cautelares han brindado su experiencia que no son sistemas que garantizan dignidad y protección”, señaló.
CRISTOSAL presentará un informe nacional sobre el fenómeno de violencia social y el incremento de sus cifras, en el próximo mes de junio, que analizará el primer semestre de 2018, así como un documento sobre la violencia y afectación a la mujer salvadoreña.
