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Joaquín Salazar
Agencias
@DiarioCoLatino
La Audiencia Nacional de España resolvió que el exviceministro de Defensa y coronel en retiro Inocente Montano no sea procesado por el delito de lesa humanidad, sin embargo, continuará en España por el delito de “asesinato terrorista”.
La agencia EFE tuvo acceso a la resolución emitida por la Corte Española en la que acuerda que se revoca en parte el auto contra Inocente Orlando Montano Morales. Con esta revocatoria parcial solamente se elimina el delito de lesa humanidad, sin embargo, el exviceministro de Defensa de El Salvador continuará en España por cinco delitos de asesinato terrorista.
Según la Audiencia Nacional de España, hay indicios de la posible participación de Montano en actos relacionados en el asesinato de los cinco sacerdotes jesuitas de origen español, y tres salvadoreños más, hecho perpetrado el 16 de noviembre de 1989 en las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
El tribunal superior dijo que no observa “ningún motivo” para el sobreseimiento definitivo de la causa al coronel Montano. Según la agencia EFE, se descartó en el proceso el delito de lesa humanidad, pero no por los argumentos presentados en la apelación de la defensa “sino por un hecho procesal de indudable trascendencia”.
La Ley Orgánica del Poder Judicial de España establece en el artículo 23.4 que la jurisdicción española será competente para juzgar delitos de genocidio y lesa humanidad por hechos cometidos por españoles o residentes en España, situación que Montano no cumple.
Montano permanece en España desde noviembre pasado, cuando un tribunal de Estados Unidos ordenó su extradición a España, donde es procesado por el asesinato de los sacerdotes de origen español Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno y Armando López, todos asesinados el 16 de noviembre de 1989 junto al sacerdote salvadoreño Joaquín López, Elba y Celina Ramos, ambas colaboradoras, por ellos tres no hay proceso abierto en España.
Desde el año 2008 los familiares de las víctimas que residen en España solicitaron a la Audiencia Española la apertura del caso, ya que en El Salvador la gran mayoría fueron sobreseídos o absueltos con la aplicación de la Ley de Amnistía.
En noviembre, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA solicitó la reapertura del caso ante el Juzgado Tercero de Paz, pero hasta la fecha no se ha abierto el proceso, pese a que sigue en estudio y que la Fiscalía General de la República ha dado su visto bueno para la reapertura.
