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Conmemoran 32 años de la masacre del calabozo, San Vicente

@joakinSalazar

La noche del 21 de agosto de 1982, buy cialis el Batallón Atlacatl  rodea a las personas desplazadas de sus comunidades en las cercanías del río Amatitán, click en un lugar conocido como “El Calabozo”, treat el batallón abrió fuego contra los civiles, una parte de los fallecidos fue arrojado al río y a otra parte les lanzaron ácidos, lo que imposibilita determinar la cantidad exacta de los fallecidos.

32 años han pasado desde aquella masacre que se llevó la vida de más de 300 personas, entre niños, mujeres y ancianos, quienes fueron reportados como desaparecidos por familiares de las comunidades San Esteban Catarina, Santa Clara, San Lorenzo y otros lugares de San Vicente.

Entre cánticos y lágrimas de quienes recuerdas a sus familiares, decenas de personas recordaron a sus familiares, exigiendo la reparación de las víctimas.

Los familiares y diversas organizaciones de derechos humanos han estado por años reclamando justicia, sin que hasta la fecha las autoridades fiscales y judiciales hubieren actuado para  promover la investigación que haga justicia de los responsables del acto criminal.

La conmemoración tenía el objetivo de rendir honor a la memoria, dignidad de las víctimas y exigir verdad, justicia y reparación para los sobrevivientes y familiares de las personas que fueron asesinadas el 22 de agosto  de 1982.

En el acto conmemorativo se hizo presente el Presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes; El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos,  David Ernesto Morales Cruz, quienes fueron acompañados por directivos del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec”, Alcaldía de San Esteban Catarina y representantes de diversas comunidades de los municipios de San Esteban Catarina, Santa Clara y San Lorenzo.

Durante el acto, el presidente del órgano legislativo externó un mensaje de solidaridad y esperanza hacia los familiares y víctimas de la masacre del Calabozo, donde recordó que este hecho es uno de los actos cometidos por las brigadas militares salvadoreñas que aún se encuentran impunes.

Por su parte, el Procurador David Morales, hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que se haga justicia en el caso de esta masacre y en otros hechos históricos considerados, genocidios de lesa humanidad, los cuales no entran en la Ley de Amnistía impuesta tras los acuerdos de paz, ni tampoco prescribe el delito.

“Este tipo de casos no admiten amnistía ni prescripción, por eso las víctimas han acudido a la Sala de lo Constitucional desde el año 2010, para que reabra las investigaciones, hasta el momento no tenemos una resolución, por lo que hago el llamado a la Fiscalía General y los tribunales que cesen su actitud de bloquear el caso”, expresó el Procurador Morales.

Además, el titular de la PDDH reiteró su compromiso con todas las víctimas de los diversos casos de violaciones a los derechos humanos y su firme decisión de promover acciones encaminadas a la protección y acompañamiento a víctimas de lesa humanidad.

El Estado salvadoreño, desde el periodo presidencial de Mauricio Funes, ha tomado una actitud positiva ante los casos de Lesa Humanidad, reconociendo la responsabilidad del Estado en acciones como la Masacre de El Mozote y otros hechos que dejaron la muerte de víctimas civiles durante el periodo del conflicto armado.

En la actividad realizaron una peregrinación que partió del cantón Amatitán Abajo hasta llegar al monumento que ha sido construido en memoria de las víctimas de la masacre, además de una misa que recordó a las cientos de personas que perdieron su vida en el lugar.

El Batallón Atlacatl fue una unidad de respuesta rápida del ejército salvadoreño, la cual fue creada en los años 80. En el informe de la Comisión de la Verdad, después de los acuerdos de paz, concluyó que el batallón fue el principal responsable de las masacres de El Mozote, en Morazán; el Calabozo, en San Vicente, y la ejecución de seis sacerdotes jesuitas.

A pesar de esto, ningún elemento del batallón ha sido enjuiciado ni condenado por ninguno de sus delitos cometidos durante el conflicto armado salvadoreño.

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