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@davidmar2105
Comunidades de 18 municipios a nivel nacional llevaron a cabo la constitución del Consejo Ciudadano de Contraloría Social por la Transparencia (CONTRANSPARENCIA), ambulance el cual tendrá la tarea de hacer contraloría social para darle cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información (LAIP), viagra además de promover que las municipalidades aprueben políticas de transparencia y anticorrupción. Este consejo tiene el apoyo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), quienes iniciaron un proceso de capacitación y formación en temas de transparencia y acceso de información, inicialmente a comunidades de 15 municipios, por lo que se vio la necesidad de articular esfuerzos para que la contraloría no se dé solo a nivel local, sino a las entidades gubernamentales a nivel nacional. “La idea de articularse es tener una contraloría a nivel nacional, por ello es que van a implementar herramientas de demanda y observación del actuar del estado, aunque hay que aclarar que no tienen un peso legal de exigibilidad a la función del estado, pero si tienen el peso y el poder que da la LAIP al exigir que se cumpla la legislación”, Loida Robles, coordinadora del programa de transparencia y anti corrupción. Entre las funciones que tendría esta organización, además de denunciar, es de sensibilizar a la población para que participe activamente en el derecho que tiene a pedir información pública y fomentar una cultura de denuncia para que no sucedan actos de corrupción como el ya conocido del ex presidente Francisco Flores.
Asimismo, le darán seguimiento a algunas demandas presentadas al Instituto de Acceso a la Información para que el Ministerio de la Defensa cumpla con la revelación de información de las masacres suscitadas en la guerra y que hasta el momento ha sido negada, también una petición de información sobre los manejos de los fondos en la alcaldía de Apopa, la cual ya se cumplió el tiempo para la entrega, pero la comuna no ha dado ninguna respuesta. En tanto, los encargados para que el consejo funcione serán: Lucía Murillo, presidenta; Maribel de Barrera, vicepresidenta; Maximiliano Martínez, tesorero; María Paz, Síndica, entre otras seis personas más que velarán porque las asociaciones comunales también cumplan su labor de denuncia. También hay participación de todos los sectores de la sociedad civil, un ejemplo de ello son los jóvenes, quienes impulsarán una mayor participación contralora en entidades gubernamentales como el Instituto Nacional de la Juventud, para que también cumplan con el derecho a la información. Con ello esperan que este proyecto se extienda para lograr que la población, a nivel nacional tenga una cultura de denuncia, para que las instituciones cumplan la legislación.
