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@JoakinSalazar
La Alcaldía solicitó el desalojo inmediato de 88 familias. Rogelio Penado, representante de la firma de abogados que apoya a las familias residentes en la Comunidad Emmanuel de Santa Tecla confirmó que los magistrados de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declaró inadmisible el recurso de amparo interpuesto para impedir el desalojo promovido por la Alcaldía de Santa Tecla.
De igual manera, el abogado aseguró que la comuna de Santa Tecla ya fue notificada de la inadmisibilidad, por lo que el encargado jurídico ya presentó un escrito ante el Juzgado Tercero de Paz de Santa Tecla, para que decrete el desalojo inmediato de las 88 familias.
“Nosotros pedimos a la Sala que se suspendiera el desalojo, por la violación al pedido de defensa del debido proceso, entonces los magistrados nos previno, para que corrigiéramos algunos puntos, nosotros presentamos las prevenciones y a raíz de eso se suspendió el desalojo, pero hace dos días resolvió que no subsanamos las prevenciones, por lo que el recurso se declaraba inadmisible”, explicó Penado.
Asimismo, el abogado dijo que con esta inadmisibilidad el desalojo promovido por la Alcaldía Tecleña podría suscitarse en cualquier momento. “El apoderado de Santa Tecla ya pidió que lo más pronto se efectúe el desalojo, que no le de la señora Jueza largas al asunto; no obstante, la Jueza de paz ya respondió, afirmando que ella no ha sido notificada”.
Pese a ello, el abogado aseguró que presentarán un escrito a la Jueza Tercero de Paz de Santa Tecla, para que les brinde un periodo de gracia, es decir, que le de tiempo a las 88 familias poder desalojar los terrenos que exige la comuna tecleña.
“No queremos desaprovechar todas las instancias o mecanismos legales, porque son 88 familias de escasos recursos, estamos peleando para la no vulneración de los derechos humanos, en la comunidad hay niños, niñas, ancianos y madres solteras”, comentó. De igual manera, aseguró que como última instancia buscarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar al Estado, por la vulneración de los derechos fundamentales de estas 88 familias. “Si la Comisión nos recibe, nosotros presentaremos esto al Juzgado de Paz para pedir una nueva prórroga para el desalojo; pero esperamos que la Jueza nos de un plazo razonable, para que no sean desalojados de forma violenta”, explicó.
