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Mucho se ha dicho y escrito sobre mi gobierno, desafortunadamente en la mayoría de estos análisis predomina el sesgo y una visión bastante simplista y oportunista del cambio que inició el 1 de Junio del 2009 en El Salvador con la llegada del FMLN al Ejecutivo, así como con los márgenes de maniobra con los que contaba el equipo de gobierno y el mismo FMLN para empujar este proceso.
De la derecha oligárquica podemos esperar que diga y haga cualquier cosa, especialmente luego de haber perdido una cuota importante de poder con el triunfo de la fórmula presidencial del FMLN en las elecciones del 2009.
Las nuevas dinámicas económicas, políticas y sociales que propiciaron esta victoria electoral fueron obstaculizadas por la derecha oligárquica que solo había perdido el control del Ejecutivo pero que seguía manteniendo el control hegemónico sobre los demás Órganos del Estado.
Esta realidad ni siquiera algunos en la izquierda, incluso en el mismo FMLN, han sido capaces de entender en todo este tiempo.
Haber ganado las elecciones presidenciales y una bancada numerosa en la Asamblea Legislativa (35 Diputados) así como una cantidad importante de gobiernos locales no aseguraba que la nueva administración sería capaz de implementar todos los cambios estructurales que el país requería y que el pueblo demandaba.
Heredamos una configuración del poder, sobre todo económico, prácticamente intacta y que se había fortalecido a lo largo de 20 años de gobiernos de ARENA.
Y es que la derecha oligárquica no había sido derrotada con la elecciones generales del 2009.
Su presencia en la economía y en otros Órganos del Estado seguía siendo dominante.
Como era previsible, no estaba dispuesta a ceder y mucho menos a perder sus privilegios sin dar la batalla política, legal y mediática.
Esta derecha seguía manteniendo el control de las decisiones legislativas y judiciales, con una capacidad de veto suficiente como para tener contra la pared al nuevo gobierno.
Contaba con mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, con el control de la Fiscalía y la Corte de Cuentas y sobre todo, con el control del Órgano Judicial.
Aún cuando había perdido el gobierno, la derecha oligárquica contaba aún con los instrumentos necesarios para frenar cualquier intento de cambio estructural o cualquier acción del Ejecutivo que tuviera como propósito desmontar el sistema de privilegios propio del capitalismo oligárquico neoliberal que se había creado y fortalecido durante los gobiernos de ARENA.
Caímos en la cuenta de que para avanzar en la implementación de los cambios prometidos en la campaña electoral debíamos establecer y construir un sistema de alianzas políticas y sociales, tanto nacionales como internacionales, para empujar este proceso.
La nueva correlación que permitirían estas alianzas era de entrada muy desfavorable en la medida que no teníamos una presencia dominante en los demás Órganos e Instituciones del Estado.
Para el caso, la recuperación del rol redistributivo de la riqueza por parte del gobierno se vio frenada por la falta de votos necesarios en la Asamblea Legislativa para impulsar una Reforma Tributaria Progresiva y un aumento de impuestos a los más ricos del país.
En los diez años que estuvo el FMLN en el gobierno no fue posible aprobar un impuesto al patrimonio (al gran capital) y un impuesto a la repatriación de utilidades de empresas domiciliadas en el exterior, que habrían hecho llegar más recursos al gobierno para no tener que depender del endeudamiento externo o de la cooperación internacional.
La correlación desfavorable en la Asamblea apenas permitió la aprobación de un aumento a las ganancias de capital de las empresas con utilidades arriba de los 150 mil dólares y una contribución de parte de las empresas con ganancias de más de medio millón de dólares para financiar gastos de seguridad.
Esto al menos nos permitió reducir la regresividad tributaria de un 66% al 60%.
Por supuesto que no era lo deseado pero a diferencia de lo que nos critican nuestros detractores en la izquierda no impulsamos medidas neoliberales y aumentamos un poco la progresividad fiscal.
Propuestas como el incremento de impuestos a las bebidas alcohólicas, a los carros de lujos y a los bienes inmuebles ociosos, como las casas de verano, fueron frenadas por la derecha en la Asamblea.
En el caso del impuesto a las bebidas alcohólicas y las cervezas y el destinado a los autos de lujo solo conseguimos aprobar un pequeño aumento, muy por debajo de lo que habíamos propuesto.
Grupos empresariales como La Constancia, los Balzaretti-Kriete, Los Poma y Los Quiroz negociaron con la derecha en la Asamblea para que el aumento acabara siendo un aumento pírrico.
Otras iniciativas de Ley que le quitaban el carácter patrimonialista que la derecha le había impuesto al Ejecutivo, sobre todo a las instituciones autónomas, fueron declaradas inconstitucionales una vez que habíamos logrado el consenso necesario para su aprobación.
De igual forma, el sistema de privilegios de la derecha oligárquica fue prácticamente imposible desmontarlo dado el control que tenían los grupos económicos de las diferentes Salas de la Corte Suprema de Justicia.
Multas millonarias establecidas por la Superintendencia de Competencia o impuestos gravados por el fisco a grandes empresas no pudieron ser cobrados luego que la Sala de lo Contencioso Administrativo en manos de la derecha resolviera a su favor.
Cito dos ejemplos significativos: La multa millonaria que le impusimos a la empresa Molinos de El Salvador (MOLSA) por prácticas monopólicas en el negocio de la harina nunca fue pagada porque su propietario, Adolfo Salume, compró la voluntad de la Sala de lo Contencioso a fin de lograr una resolución que impidió el cobro de la multa.
Un impuesto del IVA al combustible consumido por la empresa de aviación comercial propiedad de la familia Kriete y del grupo AVIANCA, que ascendía a unos $30 millones y que había sido gravado por el Ministerio de Hacienda durante mi gobierno, fue perdonado por una resolución de esta misma Sala de lo Contencioso Administrativo en el 2019.
Aunque la decisión de la Sala ocurrió luego de asumir la Presidencia Nayib Bukele, el recurso de apelación fue presentado en el 2012 y en todo ese tiempo Hacienda no pudo hacer efectivo el cobro.
Este diagnóstico de la situación fue el que no entendió un sector de la dirigencia del FMLN.
Nunca comprendieron que no habíamos llegado al poder por una revolución sino por una victoria electoral que solo nos dio acceso a una cuota de poder pero no el poder total.
A esto hay que agregar que la dirigencia del FMLN (comandada por José Luis Merino aún no siendo el Secretario General) vió en el triunfo en las elecciones presidenciales del 2009 una oportunidad para fortalecer el grupo económico que había comenzado a crear desde el gobierno del ex Presidente Saca, vinculado a los negocios con el petróleo venezolano.
José Luis Merino, más conocido por su nombre de guerra como “Ramiro Vásquez”, se apartó poco a poco de los objetivos fundacionales de ALBA PETRÓLEO, la empresa mixta que varios alcaldes del FMLN habían creado con el apoyo de PEDEVESA de Venezuela, para utilizarla de plataforma económica y política para que algunos ex comandantes y testaferros se convirtieran en una especie de nuevo grupo oligárquico en el país.
Por eso es que este grupo de dirigentes del FMLN, al igual como lo había hecho la oligarquía en el pasado, necesitaba controlar el aparato de gobierno y utilizar los resortes del Estado para acumular riqueza y fortalecer su poder económico empresarial.
En una reunión privada de José Luis Merino y el empresario suizo salvadoreño Enrique Rais, dedicado al negocio del procesamiento de la basura, en la que estuvo presente un reconocido hombre de negocios que facilitó la relación de mi gobierno con el sector empresarial, Merino me mandó el siguiente mensaje: “Dígale a Funes que la oligarquía ha vivido por décadas enteras de hacer negocios con el gobierno, ahora nos toca a nosotros, es nuestro turno”
Lo que Merino estaba exigiendo en tanto dirigente del partido era seguir con una práctica propia de los gobiernos de derecha en el país: El uso patrimonialista del Estado.
La idea era convertir a su grupo empresarial en un poder económico con capacidad para disputarle el poder a la oligarquía tradicional.
Aclaro que si el objetivo hubiera sido debilitar la influencia de la derecha oligárquica en las decisiones del gobierno y en la economía, yo personalmente habría apoyado ese esfuerzo.
Pero el propósito era otro.
El objetivo era competir con la derecha oligárquica usando el músculo del Estado.
No fue casual que desde la creación de Alba Petróleo se organizaron bajo su sombra 23 empresas que conformaron el Grupo Alba con inversiones ya no solo en la venta del combustible venezolano sino también en el negocio de los bienes raíces, de las finanzas, de la generación de energía, de la producción agrícola, entre otras actividades rentables, incluyendo las llamadas “empresas o sociedades de cartón” destinadas a lavar dinero.
El Grupo de las empresas Alba no estaba empoderando al pueblo salvadoreño como fue su propósito inicial y mucho menos contribuyendo con el gobierno y el FMLN a sacar a las familias de la pobreza en que vivían.
El Grupo Alba fue utilizado y sigue siendo utilizado por el ex dirigente del FMLN José Luis Merino y sus testaferros como un negocio para lavar dinero y obtener ganancias millonarias de operaciones ilegales, tanto dentro como fuera del país, sobre todo en paraísos fiscales.
El proyecto económico manejado por José Luis Merino y sus testaferros no tenía como propósito financiar los programas sociales creados en el primer gobierno del FMLN y que continuaron con Sánchez Cerén, por mucho que se vendiera como un proyecto de empresas con finalidad social.
Qué finalidad social puede tener una sociedad del Grupo Alba como “Inverval SA de CV” dedicada a construir viviendas para clase media alta en barrios residenciales del Municipio de Nuevo Cuscatlán?
O qué finalidad social puede tener Alba Petróleo que acabó vendiendo el galón de gasolina a precios similares a los de las transnacionales y otorgando millonarios préstamos a empresas como “Precocidos de El Salvador”, propiedad del ex Ministro de Agricultura, Pablo Anliker o “Baterías Rayo”, propiedad del ex Ministro de Economía de Sánchez Cerén, que se quedó con el negocio de la venta de baterías de carro cuando “Baterías Record” se vio forzada a cerrar operaciones?
Fue hasta en el segundo gobierno del FMLN que Alba creó una pequeña empresa de ensamblaje de computadoras con la que donaron un poco más de 4 mil Laptops a estudiantes de las escuelas y de los institutos públicos del país.
Alba en el fondo se dedicó a hacer negocios con algunas alcaldías en manos del FMLN como la de Nuevo Cuscatlán y la de San Salvador durante el período de Nayib Bukele o con el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Sánchez Cerén siendo Orestes Ortez (miembro de la Comisión Política en esos momentos) el encargado del ramo.
Merino tampoco buscaba construir alianzas políticas para romper con la estructura de poder creada por la oligarquía.
A lo sumo pretendía desplazarla de algunos negocios bajo la protección del Estado.
El interés de Merino siempre fue hacer negocios bajo una lógica capitalista y oligárquica, aunque para ello tuviera que pactar con el diablo y colocarse al margen de la Ley.
De ahí la necesidad de asegurarse inmunidad, primero como Diputado del PARLACEN y luego como Viceministro de Cooperación del gobierno de Sánchez Cerén.
La alianza política y empresarial que según la agencia de prensa INFOBAE y el periódico digital El Faro ha construído José Luis Merino con Nayib Bukele desde que fue Alcalde por el FMLN en el municipio de Nuevo Cuscatlán, le ha garantizado a la fecha la inmunidad y la libertad de acción que requiere para operar y delinquir.
Se sabe que por presiones de algunas agencias federales de Estados Unidos, como el FBI y la DEA, las empresas del grupo Alba fueron investigadas por lavado de dinero en el tiempo en que la Fiscalía era dirigida por el abogado de ARENA, Raúl Melara.
Fue el nuevo Fiscal General, Rodolfo Delgado, quien dicho sea de paso en el 2019 trabajó para Alba Petróleos, el que archivó una vez fue designado por los Diputados oficialistas como Fiscal General de la República, el expediente de investigación por lavado de dinero y otros activos que Melara había abierto años atrás.
Todos estos elementos, así como la correlación de poder con que nos encontramos, nos llevó a tomar y a emprender algunas iniciativas sin las cuales mi gobierno no habría podido hacer ni la mitad de lo que finalmente hicimos.
En primer lugar, tuvimos que construir nuevas relaciones con el sector empresarial y potenciar el surgimiento de un empresariado progresista identificado con los cambios.
Era imprescindible atraer nuevas inversiones y garantizar la gobernabilidad democrática, además de reconstruir el tejido productivo que había sido dañado por los gobiernos de ARENA.
El beneficio de programas sociales insignia como fueron los paquetes escolares, la alimentación escolar y el vaso de leche no solo consistió en dotar de uniformes, zapatos y útiles escolares a un millón y medio de estudiantes de las instituciones educativas públicas de todo el país, o de asegurar una mejor dieta alimenticia a centenares de miles de estudiantes a nivel nacional.
También fueron beneficiados miles de agricultores y ganaderos del país así como proveedores artesanales y pequeños y medianos empresarios nacionales.
Construímos además alianzas políticas en la Asamblea Legislativa para promover proyectos específicos, incluso con diputados de derecha.
Aprovechamos la división de ARENA en Septiembre del 2009 y el surgimiento de GANA para alcanzar acuerdos y decisiones que tenían que ver con la aprobación de algunos préstamos internacionales y el Presupuesto General de la Nación para cada ejercicio fiscal en los 5 años de gobierno.
Hubo importantes reformas legales que intentamos promover, como es el caso de una reforma tributaria progresiva que asegurara los recursos necesarios para el impulso de los programas sociales y que garantizara una mejor distribución de la riqueza nacional, que no fue posible aprobar en su totalidad porque lesionaba intereses económicos oligárquicos que no solo ARENA defendía.
Los Diputados de la derecha, como era habitual en ellos, canjearon sus votos por honorarios pagados por la Oligarquía con el propósito de frenar iniciativas que lesionaban sus intereses.
De estos honorarios o bonos se beneficiaron Diputados de GANA, PCN y PDC, y por supuesto, parlamentarios de ARENA, en ese momento el partido de la Oligarquía.
Pese a esta resistencia y muy a pesar de la negativa de algunos dirigentes del FMLN logramos construir acuerdos y alianzas con sectores económicos progresistas, especialmente con pequeños y medianos empresarios que habían sido desplazados durante los gobiernos de ARENA, además de acuerdos con organismos financieros internacionales como el BID y el BCIE que apoyaron la agenda social del nuevo gobierno del FMLN, acuerdos con la administración del Presidente Obama y con algunos países dispuestos a apoyar los cambios en El Salvador, tales como Brasil durante el gobierno de Lula, Cuba y Venezuela, países de dónde provino una fuerte solidaridad internacional especialmente en el área de la Salud, Taiwán, Corea y España, entre otros.
Siempre estuvimos conscientes que los márgenes de maniobra eran reducidos, sobre todo en el contexto de la crisis económica del 2008, ante choques externos como la caída de la demanda internacional que afectó el empleo y los ingresos y la caída de los precios internacionales del café, el aumento en el precio del Barril del Petróleo y de los alimentos así como el impacto de fenómenos climatológicos en la infraestructura y la producción agropecuaria en el país.
En el quinquenio 2009-2014 debimos enfrentar al menos 4 tormentas tropicales (IDA, Agatha, Alex y Mathew) y la depresión tropical 12E.
Solo las dos primeras tormentas (IDA y Agatha) provocaron daños y pérdidas por un monto de $1,329.3 millones, que equivalía al 5.9% del PIB.
Estos problemas llevaron a reorientar recursos públicos a la reconstrucción y a la atención de la emergencia, con el consiguiente impacto en el crecimiento económico y en la disponibilidad de recursos para financiar las políticas sociales, sobre todo, en Salud y Educación y atrasaron la implementación de la estrategia del cambio.
Entre las primeras decisiones que adoptamos se buscó un nuevo acuerdo con el FMI para estabilizar las finanzas públicas y se implementaron medidas como el aumento del gasto social para proteger a la población más pobre de los efectos de la crisis económica y la utilización de la inversión pública para generar empleos y coadyuvar a la reactivación de la economía.
El acuerdo con el FMI no fue un programa ortodoxo neoliberal basado en el ajuste fiscal y en una reducción del gasto público, sobre todo del gasto social, tal como este organismo estaba acostumbrado.
Lejos de eso, se diseñó desde los primeros meses del gobierno un Plan Global Anticrisis para proteger a la población más vulnerable del país, estabilizar las finanzas públicas y llevar a cabo una reforma social basada en la implementación de programas sociales orientados a reducir las vulnerabilidades, proteger el ingreso, mejorar las condiciones de vida de la población, sobre todo de las familias más pobres del país, reducir la pobreza y recortar la brecha entre ricos y pobres que habíamos heredado de los 20 años de gobiernos de ARENA.
Bajo esa óptica se impulsó la creación del Sistema de Protección Social Universal, el más importante cambio en la formulación de políticas públicas de los últimos años, y el Plan Quinquenal 2010-2014 que trazó las metas del desarrollo y las bases de un nuevo modelo económico y social para el país.
La base del cambio, que se comenzó a construir en el primer gobierno del FMLN, fue el Sistema de Protección Social Universal por medio del cual se diseñaron políticas públicas destinadas a combatir la pobreza, a disminuir las desigualdades sociales y económicas, a reducir la brecha social, a procurar procesos de inclusión social y a crear mecanismos institucionales que permitieran una distribución más equitativa de la riqueza y de los beneficios del crecimiento económico.
Para ello se llevaron a cabo programas enfocados primordialmente en poblaciones específicas que se encontraban en condición de pobreza y vulnerabilidad.
Estos programas sociales fueron: Ciudad Mujer, Comunidades Solidarias (urbanas y rurales), Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI), Pensión básica universal para adultos mayores, Dotación de Uniformes, Zapatos y Útiles Escolares a estudiantes de instituciones educativas públicas, Programa de entrega de Semilla y Abono a los agricultores del país, Agricultura Familiar, Programa de Alimentación Escolar, la entrega del Vaso de Leche, entre otros.
En el caso de Ciudad Mujer se construyeron seis sedes a nivel nacional para atender a mujeres de todos los estratos socioeconómicos y brindar atención especializada a mujeres vulneradas.
Sus ejes transversales fueron la equidad e igualdad de género, la inclusión y la seguridad social, la participación comunitaria y el desarrollo local.
La implementación del Sistema de Protección Social ha significado la inversión social más importante en la historia reciente del país.
Estos programas continuaron en el segundo gobierno del FMLN.
Según datos del BCR, de la encuesta de hogares y propósitos múltiples y de la CEPAL, los hogares en pobreza pasaron del 40% en el 2008, el último año de gobierno de ARENA, al 26% en el 2019, el último año del FMLN en el Ejecutivo.
Lo mismo ocurrió con las desigualdades económicas y sociales.
La CEPAL certifica que en el quinquenio 2009-2014 la brecha social entre ricos y pobres se redujo en 5 puntos porcentuales.
El coeficiente de GINI (que mide la desigualdad) paso de 0.48 en el 2008 a 0.34 en el 2019.
En los 10 años de gobiernos del FMLN, sobre todo en el primer gobierno que concluyó en 2014, no solo se redujo la pobreza sino que también se acortó la diferencia entre ricos y pobres.
Los Hogares con acceso a energía eléctrica pasaron del 91% en el 2008 al 96.7% en el 2019.
Igual creció el porcentaje de Hogares con acceso a agua por cañería: De 79.1% en el 2008 a 88.3% en el 2019.
El salario mínimo pasó de $192 al mes en el 2008 a $304 en el 2019.
La mortalidad infantil cayó de 23 por cada mil nacidos vivo a solo 9.
La mortalidad materna cayó de 49 por 100 mil partos a 28, casi la mitad del último año de Saca.
Los establecimientos de salud pasaron de 421 en el 2008 a 820 en el 2019.
Se inauguraron 578 Equipos Comunitarios de Salud Familiar (ECOSF).
El abastecimiento de medicinas en los Hospitales aumentó del 50% en el 2008 a más del 80% en el 2019.
Eliminamos la cuota voluntaria que se pagaba en los Hospitales y las Unidades de Salud.
Para el 2019 como resultado del Programa de Alfabetización de Adultos que se inició en el 2009 habían 167 municipios libres de Analfabetismo.
La Deserción Escolar se redujo del 6.1% en el 2008 a solo 1.1% en el 2019, en parte como efecto de la entrega de los paquetes escolares que redujeron a cero el costo de la educación pública en el país y ayudaron a abaratar la canasta básica ampliada.
A partir del 2009 se pararon las privatizaciones y el Estado recuperó las acciones de La GEO, logrando retomar el control accionario de la empresa generadora de energía geotérmica en el 2015.
La economía superó el estancamiento provocado por la crisis internacional del 2008 (-2.1% con Saca) alcanzando una tasa positiva de crecimiento de 2.5% en el 2019.
Reducimos el déficit fiscal heredado del gobierno Saca.
Creamos una Banca de Desarrollo y aumentamos la cartera crediticia del BFA y del Banco Hipotecario.
Acá debemos hacer una reflexión sobre los programas sociales que comenzaron en el primer gobierno del FMLN.
La Política Social bajo el FMLN superó el enfoque asistencialista propio de la derecha.
Se diseñaron e implementaron más de una veintena de programas sociales para combatir la pobreza y reducir las desigualdades, tal como efectivamente ocurrió.
En esto la dirigencia actual del FMLN se equivoca y se coloca del lado de Bukele cuando sostiene que los programas sociales impulsados en los 10 años de gobierno fueron programas reformistas, de corte asistencialista y que nos dedicamos a administrar el neoliberalismo y a proteger a los grupos de poder.
En el fondo revelan una completa ignorancia de la naturaleza de los cambios impulsados y sobre todo de lo que era posible construir con los reducidos márgenes de maniobra que heredamos.
La dirigencia actual del FMLN, controlada por José Luis Merino, pasa por alto el impacto de los programas sociales en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, sobre todo de las familias más pobres del país.
En su análisis, el FMLN perdió respaldo popular y electoral porque sus gobiernos se distanciaron de las aspiraciones de la población y drenaron recursos públicos que fueron a parar al bolsillo de sus funcionarios.
No fueron sus gobiernos y mucho menos el primero del 2009 al 2014, los que nos distanciamos de las demandas populares.
Fue el FMLN el que como partido político no acompañó territorialmente las políticas públicas de combate a la pobreza y a la exclusión social en momentos en que la Secretaría de Organización, la de educación y la de Comunicaciones estaban en manos de dirigentes afines a la corriente que lidera José Luis Merino.
Nunca organizó a la población en torno a los beneficios que estos programas generaron y mucho menos garantizó la defensa de los mismos.
Esta falta de acompañamiento político a la gestión pública provocó el declive electoral del FMLN.
Para las elecciones del 2014 fue el gobierno y no el FMLN el que articuló una estrategia electoral para que el apoyo de la población a los programas sociales se convirtiera en respaldo al candidato presidencial.
Sánchez Cerén ganó las elecciones presidenciales en el 2014 no porque gozara de un amplio apoyo popular o por su papel como Vicepresidente de la República.
Las ganó porque la gente votó por la continuidad de los programas sociales que un gobierno de ARENA no garantizaba.
En cambio para las elecciones presidenciales del 2019, el FMLN era visto por la población como un partido político alejado de las aspiraciones populares, incapaz de defender sus más importantes conquistas y aspiraciones.
El gobierno de Sánchez Cerén no fue capaz de endosar el respaldo que aún tenían los programas sociales que habían iniciado en el 2009 al candidato presidencial, Hugo Martínez.
Tampoco supo sacarle provecho electoral al evidente mejoramiento de las condiciones de vida de los más pobres.
Parecía un gobierno sin rumbo claro y sin un liderazgo firme, incapaz de enfrentar políticamente a sus detractores y de ampliar los programas sociales que venían desde el 2009.
Llegó a tales extremos que no buscó ni aseguró el financiamiento de algunos programas sociales ejemplares como Ciudad Mujer (la sexta y última sede se construyó en Morazán con recursos gestionados por el gobierno que concluyó en el 2014); Comunidades Solidarias, que era un programa de entrega de subsidios a familias rurales y urbanas de escasos recursos que finalmente desapareció por falta de financiamiento; el Programa de Apoyo Temporal aI Ingreso (PATI) que beneficiaba anualmente a más de 70 mil mujeres emprendedoras y la entrega de la Pensión Básica Universal a adultos mayores de 70 años que nunca cotizaron con el ISSS ni con las AFPs fueron reducidos por falta de recursos.
El gobierno de Sánchez Cerén también se hizo de la vista gorda frente a las negociaciones de las empresas del Grupo Alba con empresarios de corte neoliberal que necesitaban del apoyo del Estado.
En eso jugaron un papel destacado desde sus cargos de gobierno el Secretario Técnico y de Planificación, Roberto Lorenzana, muy cercano a empresarios cañeros del país como el ya fallecido Tomás Regalado; el ex Ministro de Agricultura y Ganadería, Orestes Ortez, miembro de la Comisión Política del FMLN y directivo de Alba; los ex Ministros de Economía, Tharsis Salomón López (quién como dije antes recibió un préstamo de Alba para su empresa Baterías Rayo) y Luz Estrella Rodríguez (testaferra de Merino y directiva de Alba); el ex Presidente de CEPA, Nelson Vanegas; el Gerente de CEPA, quién operaba los negocios que se hacían desde el Puerto de Acajutla y el aeropuerto Monseñor Romero, el ex Presidente de CEL, David Antonio López, ex cuñado del Secretario General del FMLN en esos años y el ex Vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, quién tuvo negocios años atrás con el jefe del Cártel de Texistepeque.
Y es que de la misma manera que los grupos oligarcas del país intentaron incidir en el primer gobierno del FMLN a través de propuestas de funcionarios que hicieron llegar en el momento de la conformación del gabinete de gobierno, de igual forma la Comisión Política del FMLN se atribuyó la facultad de nombrar y designar a casi el 90% de los funcionarios del primer gobierno del FMLN que acabábamos de ganar.
Ambos esfuerzos fueron inmediatamente rechazados por mi equipo de gobierno bajo la convicción de que había que acabar con el uso patrimonialista del Estado como estilo de ejercicio gubernamental.
Una deformación del ejercicio del poder propio de los tradicionales grupos oligarcas del país que fue compartida por los dirigentes del FMLN comandados por José Luis Merino durante el gobierno de Sánchez Cerán a la fecha.
Si en el primer gobierno del FMLN las pretensiones oligarcas y de la dirigencia efemelenista de entonces fueron rechazadas, eso no ocurrió en el gobierno de Sánchez Cerén, en el que el partido se vació en todas las instituciones gubernamentales, configurándose una especie de Gobierno-Partido.
Estoy convencido que la debacle electoral del FMLN fue y sigue siendo de exclusiva responsabilidad de su segundo gobierno y de una dirigencia partidaria controlada y manipulada por el ex dirigente José Luis Merino, quien apostó por la derrota del candidato presidencial, por la desaparición del FMLN del mapa político electoral y por el empoderamiento de Nayib Bukele, su aliado y actual socio empresarial.
El FMLN cayó en la trampa de regirse por los intereses económicos del Grupo Alba, con lo que contribuyó a frenar el proceso de cambios que iniciamos en el 2009 y que ahora se encuentra en un claro retroceso.
Para quiénes en la izquierda sostienen que las denuncias de corrupción que afectaron a mi gobierno lesionaron la imagen del partido entre sus electores hay que hacerles ver que a la fecha ninguna de estas infundadas y arbitrarias acusaciones han sido demostradas por la derecha y la Fiscalía .
No existen pruebas de que los delitos imputados se hayan cometido.
Tampoco hay evidencias documentales del desvío de recursos públicos que debieron destinarse a atender las necesidades más apremiantes de la población.
El primer gobierno del FMLN ha sido víctima de una persecución penal con motivación política (Lawfare) que la dirigencia del FMLN apenas comienza a entender y combatir, aunque sin éxito.
Sin una renovación de los cuadros dirigenciales de la izquierda salvadoreña y sin una refundación de sus principios doctrinarios, el cambio en El Salvador iniciado en el 2009 está en vías de extinción.
