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Oscar López
@OscarCoLatino
El colectivo socioambiental “Cuidemos la Casa de Todos” exigió la aprobación de la ley general de aguas y también la ratificación de la reforma constitucional que establezca el acceso al agua como derecho humano.
Santos Hernández, sacerdote del arzobispado de San Salvador, indicó dentro de la Asamblea Legislativa que se “ha engavetado” la discusión de la ley y la reforma constitucional.
Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), comentó que a pesar de la movilización y de la entrega de firmas, no se obtuvo una reacción positiva dentro del Legislativo, ya que la discusión sigue estancada.
“En estos tiempos de campaña electoral, los ojos están puestos en eso, parece que se pretende invisibilizar, guardar o darle largas a esta cuestión del agua. Este asunto sigue siendo vital y a pesar de haber entregado esa cantidad de firmas, ni la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, ni la de Legislación y Puntos Constitucionales retomaron la discusión”, dijo Serrano.
De igual forma, el colectivo consideró que no es correcto que se siga postergando la aprobación de la reforma constitucional que garantice el derecho humano al agua potable y saneamiento en el artículo 2 de la Constitución de la República, por lo que exigió a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales que sea aprobada dicha reforma.
Asimismo, Edgardo Mira, miembro del colectivo, externó: “exigimos y exhortamos a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales que discuta y apruebe la reforma, que en el seno de la Comisión de Medio Ambiente se desarrollen sesiones de trabajo bajo propuestas técnicas serias que recojan las demandas de la población por una gestión pública”.
El colectivo consideró importante que la ley que sea aprobada debe tener enfoque de derecho, manejo de cuencas, participación ciudadana y gestión pública del recurso. Sin embargo, el colectivo indicó que hasta el momento la discusión se centró en la composición de la junta directiva del ente que gestione el recurso, debido a que algunos legisladores promueven la participación e influencia de gremiales privadas.
