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Mauricio Ramírez Landaverde, ministro de Justicia y Seguridad Pública, participó en las audiencias públicas de la CIDH, donde organizaciones de sociedad civil demandaron al Estado salvadoreño por las medidas extraordinarias que se ejecutan en seis centros penitenciarios desde hace dos años.
Ante los comisionados, el ministro destacó que la tendencia a la baja de homicidios ha sido fundamental con la ejecución de las medidas extraordinarias, con una reducción gradual de una tasa de 103 homicidios por cada 100 mil habitantes en el 2015, mientras que el 2017 concluyó con una reducción de 60 muertes violentas por cada 100 mil habitantes.
“Esto representa una tasa alta, pero con una clara tendencia a la baja. También, cabe señalar que estas medidas de carácter extraordinario solo se ejecutan en centros penitenciarios donde privados de libertad son miembros de pandillas”, explicó Ramírez Landaverde.
Además, el ministro explicó que en los últimos años se desarrollan once proyectos de construcción, lo que permite, a finales de este año, generar un 154% de hacinamiento carcelario, una reducción por más de 300%.
Las obras impactan directamente en la dignificación de los privados de libertad, proyectos que constituyen condiciones carcelarias totalmente diferentes a las que permanecieron por años anteriores en el sistema, explicó el ministro.
“Históricamente a los privados de libertad se les ha negado la rehabilitación, sin embargo, el modelo penitenciario Yo Cambio cubre el 60% de todos los reclusos. Las medidas extraordinarias no impiden la ejecución de trabajos de rehabilitación, al contrario las principales causas que impiden este programa son los cabecillas de las pandillas que se oponen a la rehabilitación”, dijo.
Actualmente hay dos centros penitenciarios donde se encuentran recluidos miembros de pandillas que están bajo el modelo penitenciario Yo Cambio, con quienes se está haciendo una labor de reinserción social.
El ministro enfatizó que no existe una restricción a la defensa técnica, los abogados públicos o particulares pueden ingresar, solo basta que se acrediten.
Pese a ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó la postura del Estado salvadoreño y solicitó la derogación de las medidas extraordinarias. La CIDH pidió al Estado salvadoreño ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.
