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Beatriz Castillo/Joaquín Salazar
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Iniciativa Social para la Democracia (ISD) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), seek querellantes en el caso Flores-Taiwán, aceptaron esta mañana que se equivocaron en la lectura del plazo para presentar la apelación a la sentencia que envió por segunda vez al ex presidente a su residencia.
Ante la falta de apelación de la querella, el ex mandatario fue trasladado anoche a su residencia ubicada en el bulevar del hipódromo en San Salvador.
Según fuentes judiciales, el Juez Levis Italmir Orellana, ordenó el traslado de las bartolinas de la División Antinarcóticos dónde Flores pasó más de 40 días, ya que el plazo para presentar la apelación venció el sábado.
La decisión del regreso de Flores a su vivienda, se fijó el lunes de la semana pasada en la audiencia especial de revisión de medidas, promovida por la defensa.
La defensa alegó que en las bartolinas policiales al ex presidente Flores acusado de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia, no podía recibir su tratamiento por el problema de “trombosis”.
Fue a finales de octubre que el ex mandatario presentó problemas de trombosis, incluso, logró permanecer 19 días ingresado en un centro privado.
El ex mandatario, mientras se realiza su proceso por desviar 15 millones de dólares, permanecerá en su residencia.
Ramón Villalta, de ISD, aceptó la equivocación de la querella para presentar apelación y dejó en claro qué por hoy, se concentraran en garantizar que en el juicio se incluya el delito de lavado de dinero.
“Somos conscientes que hay una estrategia de victimización y de distracción por parte de la defensa, que nos quieren someter a un proceso que estemos trabajando y dedicando recursos y tiempo, pero no queremos caer en esa trampa”, justificó Villalta.
Para el representante del ISD y querellante del caso Flores-Taiwán, el proceso continúa y vence hasta el próximo abril, cuando termine la fase de investigación y se instale la audiencia preliminar.
En ese lapso de tiempo ya no debe ser tan importante, si el ex mandatario se encuentra en su casa o en la DAN, sino la recopilación de pruebas para acusarlo por lavado de dinero.
“Este caso no solo involucra al ex presidente Flores, en el delito de lavado van aparecer involucrados otros actores del sector empresarial financiero del país, actores políticos vinculados al partido ARENA, institutos”, advirtió Villalta.
La querella busca que se hagan efectivas algunas diligencias que robustezcan el delito de lavado de dinero, como el peritaje a las finanzas de Flores y en las cuentas bancarias.
“Nosotros hemos sido muy claros en señalar que este proceso fue configurado, desde su momento de la investigación fiscal y requerimiento, para que quede en la total impunidad”, recordó Villalta.
El representante de ISD dijo que hasta hoy todos los elementos de prueba no permiten demostrar que efectivamente exista enriquecimiento ilícito, por eso se debe de robustecer la prueba por lavado de dinero.
Tanto el ISD como FESPAD presentaron anuncio ante la Fiscalía para que se investigue por este caso de lavado de dinero, la Asamblea Legislativa también presentó otro anunció y tampoco se ha hecho nada.
Mientras que Bertha Deleón, abogada de FESPAD, explicó que cuando se tiene otro tipo de casos los plazos son hábiles para apelar, pero cuando se trata de libertad de la persona, los días son corridos y ese fue el error que “cometimos, pensamos que eran días hábiles”.
La abogada dijo que como la querella está representada por un grupo amplio, los documentos se elaboran en conjunto y eso, quiérase o no, retarda “un poco el proceso”.
“Nosotros asumimos eso, pero queremos dejar claro que si se fijan la carga recae en la querella y a la Fiscalía nadie la cuestiona por no hacer uso de ese recurso, que es el órgano competente”, advirtió Deleón.
Asimismo, la abogada aseguró que el proceso continúa y están a la espera de celebrar diligencias que permitan la ampliación al delito de lavado de dinero.
“No solo es de decir, hay lavado de dinero, se tienen que cumplir ciertos requisitos legales, estamos en esa lucha y estamos esperando el resultado del peritaje financiero y bancario”, reveló.
El ex presidente Flores fue acusado por la Fiscalía luego de revelarse de una Alerta de Operaciones Sospechosas, sobre la emisión de cheques a su nombre por 10 millones de dólares.
Los cheques fueron emitidos por el gobierno de Taiwán para asuntos de reconstrucción y obras sociales, pero ese dinero nunca llegó al erario público.
Fiscal rechaza críticas por bajo perfil en caso Flores
El fiscal general de la República, Luis Martínez, rechazó las críticas que se generan por algunos sectores, tras el bajo perfil del ministerio público y la decisión de no apelar a la sentencia que permite el regreso del ex mandatario a su casa.
“No vamos a correr el riesgo de que se complique el estado de salud del ex presidente Flores”, dijo el fiscal al ser cuestionado por la prensa.
Además, recalcó que la estancia del ex presidente en su casa no perjudicará el proceso de investigación que sigue el ministerio público.
Asimismo, restó importancia a las declaraciones de los querellantes de ISD y FESPAD, quienes afirmaron que el caso está diseñado para “quedar en impunidad”.
Martínez aseguró que no presta “atención a esos comentarios e instó a los querellantes para hacer su trabajo, que deja mucho que desear”.
Finalmente, confirmó que se está realizando una investigación en contra del ex presidente Mauricio Funes, por revelar el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), que alertaba del desvió de fondos donados por Taiwán.
Y que todavía está pendiente fijar una nueva fecha para que el ex mandatario, Mauricio Funes, se presente a rendir declaración en el proceso.
Por otra parte, el director de Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Ramírez Landaverde, aseguró que luego del traslado del ex presidente a su residencia, anoche, se han colocado 24 agentes en tres diferentes turnos.
“Ante todo, nuestra principal función es prevenir cualquier acción que obstaculice el proceso judicial”, por eso se acató la orden del traslado enfatizó el director.
De acuerdo con autoridades policiales, la custodia del ex presidente se hará en tres turnos, con un total de ocho agentes cada turno, lo que genera una erogación para el Estado de ocho mil dólares mensuales.
La PNC tendrá que dar custodia en la vivienda hasta abril del próximo año, cuando se fije fecha para la audiencia premilimar.
