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Activistas de Derechos Humanos denunciarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la “impunidad” en que ha caído el caso de contaminación ambiental por plomo de la ex fábrica de Baterías de El Salvador (Récord), diagnosis ante el anunció de la Fiscalía General de que el asunto “es un caso cerrado”.
El anunció lo hizo Alejandro Díaz, seek representante de la oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, sale ante la notificación del Fiscal General, Luis Martínez, de que los delitos de lesiones y otras diligencias legales contra los directivos de la empresa, prescribieron.
“Hemos decidido con los trabajadores, y que deje (Martínez) de andar con insultos a las instituciones de Derechos Humanos, ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a presentar el caso por la impunidad en que ha caído”, anunció Díaz.
El activista pro Derechos Humanos respondió así a una serie de acusaciones que lanzó el jefe del Ministerio Público contra Tutela Legal del Arzobispado sobre su presunto poco interés en que el caso fuera penalizado y dar a intender que las acciones del organismo eran por motivación política.
Fiscal en congreso
Martínez compareció el martes a una cita al seno de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, del congreso, para explicar las razones por las cuales no había prosperado una denuncia de 67 ex trabajadores y sus familias contra Baterías de El Salvador, que había sido presentada hace dos años.
“Lamentablemente podemos decir que (el delito por contaminación ambiental por plomo), es un caso cerrado, porque las acciones penales decayeron”. anunció Martínez a los legisladores.
Más de medio millar de ex empleados y otros cientos de pobladores de Sitio del Niño, en el central departamento de La Libertad, han sufrido diversos grados de daños en su salud física por inhalar plomo expelido por la ex fábrica de Baterías de El Salvador (Récord), según datos oficiales.
La fábrica era propiedad de la familia Lacayo, uno de cuyos miembros, Miguel Lacayo, fue ministro de Economía durante el gobierno del ex presidente Francisco Flores, procesado por presunta corrupción por el mal manejo de millones de dólares provenientes de Taiwán.
Un tribunal de San Salvador sobreseyó de cargos a ex gerentes de la empresa, pero otros directivos, los dueños de la compañía, se encuentran prófugos.
Los fallecidos
Los ex trabajadores de la empresa de baterías han informado que siete de sus compañeros han fallecido a raíz de la contaminación con plomo, cuyo nivel máximo de tolerancia en el cuerpo, es de 40 microgramos por decilitros, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Según datos dados por la misma Fiscalía General, a 369 ex trabajadores de la Fábrica de Baterías de El Salvador les fue detectado plomo arriba de los 70 microgramos.
Sin embargo, Martínez arremetió contra los ex trabajadores al afirmar que éstos le habían expresado en un encuentro que habían preferido entablar una “negociación” con los directivos de la compañía, que penalizar el caso, lo que fue rechazado por Díaz, quien funge como representante de las víctimas.
¿Los trató mal?
“(El Fiscal) dice que se reunió con ellos (los ex trabajadores), pero no dice cómo los trató”, aseguró Díaz al referirse al famoso comportamiento intempestivo de Martínez.
“El día en que se reunió con ellos (los ex empleados) – agregó – él (Martínez) no habló de persecución penal, sino de una negociación”.
“El (el Fiscal General) quería esperar o tenía las intenciones de que el delito prescribiera”, afirmó el representante de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado.
En un comunicado, los ex trabajadores de la Fábrica de Baterías Récord aseguran que “la pasividad con que la Fiscalía General de la República ha actuado en el caso, desde la llegada del Licenciado Luis Martínez, ha molestado e indignado a los habitantes de la zona”.
“Resulta altamente preocupante que a las mismas víctimas y sus representantes les haya (Martínez) hecho saber, personalmente, que el caso no debía seguirse impulsando penalmente, sino propuso hacer una negociación económica que en nada favorece a las víctimas del caso”, se recuerda en el comunicado.
Además, los ex trabajadores denunciaron que la Oficina de Tutela Legal, y otras dos organizaciones, incluida una ambientalista, presentaron este mes un recurso de casación (revisión) de un fallo judicial sobre el caso por contaminación por plomo emitido en 2012, pero que fue hecho saber a los querellantes hasta enero pasado.
