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Rosmeri Alfaro
@RosmeriAlfaro
Para Cal Soto, abogado de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras en Estados Unidos, la petición de terminar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) fue por razones discriminatorias y en contra de la constitución del país norteamericano.
“El terminar el TPS crea un dilema imposible para los hijos de personas salvadoreñas nacidos en Estados Unidos, porque deben escoger entre dos derechos fundamentales: vivir en su país de origen o vivir con sus padres. Eso es contra de la constitución”, argumentó el jurista que forma parte del equipo legal a cargo de la litigación para interrumpir la terminación del TPS a través de la Corte.
En septiembre de 2019 terminan los 18 meses otorgados por el Departamento de Seguridad Nacional a los más de 190 mil beneficiarios con el estatus para que preparen el abandono del país. Dicha problemática también afecta a otros países centroamericanos.
Desde 2001, miles de salvadoreños y salvadoreñas en Estados Unidos han sido beneficiados con el Estatus de Protección, el cual les permite no ser deportados, obtener un Documento de Autorización de Empleo, y no ser detenido por su estatus migratorio en ese país.
“Los niños de los tepesianos tienen derecho a vivir como ciudadanos de los Estados Unidos. Además tienen el derecho de vivir con sus familias”, subrayó Soto en una conferencia previo al foro nacional sobre el futuro del TPS.
Francisco Pacheco, miembro de la Alianza Nacional por el TPS, aseguró que los tepesianos han hecho todo lo que les han pedido por lo que es absurdo que esta comunidad se encuentre en estas circunstancias.
“Les han dicho que paguen impuestos y los han pagado, que paguen una cuota cada vez que relevan el TPS y lo han hecho, que tengan trabajo para poder renovar el estatus y lo han hecho”, señaló.
Informó que en enero se espera que cerca de mil beneficiarios del estatus lleguen a Washington para hablar con miembros del congreso y persuadirlos para que no termine el TPS.
