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Patricia Rodríguez
@DiarioCoLatino
La Comisión Coordinadora del Sector Justicia, por medio de la Unidad Técnica Ejecutiva (UTE), presentó el diagnóstico del acceso a la justicia de las personas con discapacidad, entre operadores del sistema penal.
Este ejercicio permitió explorar en los países de Guatemala, El Salvador y Honduras el marco normativo y las buenas prácticas existentes en los sistemas de administración de justicia penal. También se identificaron las oportunidades de mejorar y generar conexiones entre las instancias encargadas del tema.
Magaly Dávila, presidenta del colectivo Vida Independiente de Guatemala, comentó sobre la iniciativa realizada: “ha sido un importante trabajo que ha permitido acercamientos y fortalezas para el quehacer de nuestra organización, sobre todo, tener la oportunidad de estrechar relaciones con organizaciones con personas con discapacidad de otros países”, dijo Dávila.
Dentro de la investigación se buscaron experiencias de personas con discapacidad y conocer experiencias como usuarias de los sistemas de justicia penal.
“Esperamos fomentar una hoja de ruta que nos permita conocer aquellas falencias importantes y cuáles son las acciones concretas a proseguir como institución, para garantizar el acceso a las personas con discapacidad”, comentó Kenia Melgar, directora general de la UTE.
El diagnóstico se constituye en un instrumento invaluable para el trabajo de los sistemas de justicias de los países de la región, orientado a ofrecer servicios inclusivos y sin discriminación.
También se busca fortalecer los Estados democráticos de derecho que promuevan la igualdad de derechos y oportunidades a todas las personas, a través de un sistema de justicia que ofrezca servicios de calidad, amigables y accesibles.
