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Auditoría de frecuencias

@arpassv

El Fiscal General de la República anunció ayer que investiga a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) por la subasta de seis canales de televisión abierta y la actuación del ex superintendente Ástor Escalante en dicho proceso. Luis Martínez también investiga la sustitución del canal 37 UHF por el canal 11 VHF.

El anuncio fiscal sucede luego que la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) publicara un comunicado donde denuncia a la SIGET y a Escalante. La gremial de medios privados acusa al ex superintendente de “manipular a su conveniencia el marco legal vigente” e “irrespetar convenios internacionales y resoluciones de la misma SIGET”.

Por tanto, buy viagra no es descabellado pensar que el Fiscal General actúa por presiones de ASDER. Martínez, que se considera “macho sin dueño” y dice no dejarse presionar por nadie, estaría respondiendo a los intereses de la gremial de radios y televisoras privadas que le piden en su pronunciamiento público que “vele por la legalidad del procedimiento llevado a cabo por la SIGET”.

Pero si el Fiscal no está actuando por presiones, que lo demuestre investigando todas las asignaciones de frecuencias radioeléctricas y no únicamente las cuestionadas por ASDER. Una exhaustiva auditoría fiscal del espectro radioeléctrico sería un gran aporte al acceso a la información pública, la transparencia y a la lucha contra la corrupción.

Luis Martínez podría investigar los procesos de asignación de las frecuencias, el usufructo ilegal de las concesiones, la utilización de testaferros, la concentración de la propiedad mediática, etc. El Fiscal encontraría una gran cantidad de concesiones que ni siquiera tienen resolución y casos emblemáticos de asignación irregular de las frecuencias en los últimos 25 años.

Martínez descubriría, entre otros casos, la entrega anómala del Canal 8 a AGAPE durante la administración de Armando Calderón Sol y la asignación irregular de varios canales televisivos a Luis Francisco Pinto García por el gobierno de Antonio Saca. La investigación fiscal demostraría que la mayoría de concesiones son irregulares, y no sólo las que pretendía entregar Ástor Escalante.

Por eso las organizaciones integrantes de la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo) le pediremos mañana investigar todas las concesiones de radio y televisión asignadas hasta hoy. La auditoría de frecuencias serviría para ratificar las concesiones que han sido otorgadas legalmente y revertir las que fueron entregadas en forma irregular.

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