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Iosu Perales
En la madrugada del 3 de marzo de 2016, hace ahora dos años, la activista Berta Cáceres fue asesinada a tiros en su casa, un acontecimiento que conmovió a Honduras y a los hombres y mujeres ambientalistas de todo el mundo. Para los movimientos sociales hondureños las sospechas recayeron de inmediato en DESA (Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima), poderosa empresa dedicada a la industria extractiva y a la construcción de proyectos hidroeléctricos.
Dos meses más tarde, cuatro hombres fueron arrestados. La prensa hondureña informó que Sergio Ramón Rodríguez, uno de los detenidos, es un ingeniero que trabaja en la represa de Agua Zarca, a la que se oponían rotundamente Berta y su organización. Otro de ellos, Douglas Geovanny Bustillo, es funcionario militar retirado y ex responsable de la unidad de seguridad de DESA. Los otros dos hombres arrestados, Mariano Díaz Chávez y Edison Atilio Duarte Mesa, son un ex militar y un integrante de las fuerzas armadas todavía en funciones. No son cuatro sicarios cualesquiera. Ahora, la detención hace unos pocos días de David Castillo, presidente de DESA, cuando estaba a punto de huir del país, como autor intelectual del crimen, da la razón a los ambientalistas hondureños. Además, otras tres personas han sido detenidas.
El asesinato de Berta Cáceres es probablemente el de mayor notoriedad en la tendencia cada vez más grave que se observa en Honduras de crímenes, violencia e intimidación contra personas que defienden los derechos de los indígenas y los de la naturaleza. Honduras es el país más peligroso porcentual del mundo para los defensores del medio ambiente y la tierra, ya que, entre 2010 y 2017, fueron asesinados 123 de estos activistas.
Berta Cáceres no era una luchadora anónima. Su oposición al mal trato del medio ambiente, al extractivismo, y al robo de tierras indígenas para beneficio de grandes corporaciones, era algo público. De hecho en 2015 recibió el Premio Goldman de Medio Ambiente, un prestigioso galardón con el que se premia a militantes ambientales locales de todo el mundo. Es por ello que la noticia de su muerte acaparó la atención de los medios de comunicación internacionales. Greenpeace premió a Berta Cáceres por su defensa de la ecología. Mujer indígena Lenca, sus más de 20 años de luchas le avalan como una de las voces más fuertes en la denuncia de multinacionales agresoras del medio ambiente y de las comunidades indígenas. En 1993 co-fundó el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares (COPINH), que organizó campañas contra mega proyectos. Berta Cáceres y su organización se enfrentaron en ocasiones con éxito, a madereros ilegales, a hacendados ladrones de tierras, a corporaciones y sus proyectos de represas y al Gobierno, fiel servidor de los intereses depredadores.
Afirmar como lo hace su propia familia y múltiples organizaciones sociales hondureñas que fue asesinada por las causas e ideales que defendió no es descubrir nada. Ella misma, una semana antes de su asesinato, denunció en una rueda de prensa los asesinatos de cuatro líderes de su comunidad Lenca. Sabía lo que se jugaba, había recibido amenazas de muerte. Varias veces detenida su lucha estaba en el ojo del huracán. Alguien pensó que había que eliminarla.
Berta Cáceres formaba parte de un enfoque que defiende los Derechos de la Naturaleza en tanto que sujeto que debe ser defendido por las constituciones no por graciosa decisión de las instituciones y de la sociedad, sino por obligación. Ya no basta con respetar la naturaleza y conservarla desde nuestra conciencia individual, sino que en tanto que portadora de derechos nos impone obligaciones colectivas al igual que el respeto a los derechos humanos. Los Derechos de la Naturaleza plantean un cambio civilizatorio que cuestiona las lógicas antropocéntricas dominantes, supone una evolución jurídica en el contexto de la crisis ambiental y climática más dura que haya vivido la humanidad. Es obvio que existen oposiciones a este planteamiento, no solamente por intereses económicos, sino que también por una cultura predominante que para aceptarlo necesita hacer una profunda revisión de sí misma.
La constitución del primer Tribunal Permanente por los Derechos de la Naturaleza y de la Madre Tierra el 17 de enero del 2014 en Quito-Ecuador, presidido por la Dra. Vandana Shiva, fue un logro de activistas como Berta Cáceres. En América Latina, donde sólo en 2016 fueron asesinados 200 ecologistas, existe una red de organizaciones medio ambientales que van a la vanguardia del pensamiento ecologista mundial. Mientras en otras regiones del mundo se sigue la consigna de dominar la naturaleza, y en otros más conscientes la de respetarla y conservarla, el citado tribunal promueve una nueva visión para vivir en armonía con la tierra a través del reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza. Sus sentencias llaman a la definición de nuevos modelos económicos, sistemas sociales y estructuras de gobernanza para crear un nuevo camino que reconozca la interdependencia de los humanos y los sistemas de la Tierra. Berta Cáceres pertenecía a esta generación medio ambientalista.
El asesinato de la ambientalista “respondió, como mínimo, a un plan concebido”, establece el informe de 92 páginas dado a conocer en una rueda de prensa por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), que fue integrado en noviembre de 2016 por cuatro especialistas latinoamericanos y un estadounidense. Su Informe señala que agentes estatales y directivos de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) participaron en el asesinato de Berta Cáceres por oponerse a una hidroeléctrica en territorio indígena. Esperemos que el anunciado juicio haga justicia. El propio ministerio fiscal hondureño ha reconocido que hubo una planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato.
