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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
“Marianella fue una persona destacada en el área de la defensa de los derechos humanos, durante los setenta y al principio de la década de los ochenta”, reconoció Miguel Montenegro (CDHES), en el marco del trigésimo sexto aniversario luctuoso, de esta abogada y filósofa salvadoreña.
Montenegro, recordó el trabajo en jurisprudencia de Marianella García, quien luego de concluir su diputación en la Asamblea Legislativa (1974-1976) por el entonces partido opositor PDC, al que renunció y luego, se dedica de lleno en la defensa de los “presos políticos”, que eran llevados al penal de Santa Tecla.
“Marianella tenía un alto sentido humano. Y por su trabajo de denuncia internacional sobre las graves violaciones que se estaban cometiendo en el país. A tal grado que las Naciones Unidas (ONU) y la Federación de Derechos Humanos (FIDH), le pidieron pruebas sobre el uso de armas químicas (bombas de napalm y de fósforo), utilizadas por la Fuerza Armada contra la población civil. Y es así, que Marianella, se desplazó a La Bermuda (Cuscatlán) para documentar estos casos y la capturan, la trasladan en un helicóptero a la Escuela Militar, en donde fue torturada y salvajemente asesinada, el 14 de marzo de 1983”, narró Montenegro.
La CDHES, junto a Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, FESPAD, Universidad de El Salvador (UES), la Asamblea de los Comités Oscar Romero de Europa, la Acción Solidaria Aragonesa, y la participación de la diputada Nidia Díaz del partido FMLN, desarrolló el Foro “Por la Justicia, contra la Impunidad y la Reparación”, en el marco del 36 aniversario luctuoso de Marianella García Villas.
La justicia aún no ha llegado a sus familiares, tampoco a las organizaciones que dirigió, como el FIDH, que en ese momento solicitaron a las autoridades de gobierno una explicación de las causas, circunstancias o razones que llevaron al asesinato de Marianella.
“A sus familiares, víctimas y sobrevivientes se les ha venido negando el acceso pleno a la justicia, pese a que se sabe quienes participaron en ese operativo militar, de la Fuerza Armada combinado con la Fuerza Aérea. Hemos indagado quienes estuvieron a cargo, claro es complicado, pero no imposible, estamos claros que ella fue asesinada dentro de la Escuela Militar. Y exigimos justicia a partir, de la talla internacional que tuvo Marianella y otros miles de defensores que fueron asesinados durante el conflicto armado. Y no puede un Estado obviar a los padres y madres u otros familiares, que buscan a sus desaparecidos o asesinados”, sostuvo.
Asimismo, exigió a la Asamblea Legislativa, que cese el intento de “beneficiar a los responsables de crímenes de guerra”.
Montenegro señaló que no pueden por decreto, obviar los anhelos de justicia de las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado, y llamó al diputado Rodolfo Parker a no “mentir a favor de los victimarios”.
Similar reacción expresó David Ortiz, abogado del área de seguridad ciudadana y justicia Penal de FESPAD, quien consideró que la propuesta de Ley de Reconciliación, parece más, una ley de “amnistía 2.0”, porque básicamente reproduce literalmente, la sentencia de la Sala de lo Constitucional (2016), que declaró inconstitucional la ley de amnistía de 1993.
“Incluso esa redacción (artículo 1 de la ley de reconciliación) es inadimisible dentro de nuestro sistema normativo nacional y recordemos que a nivel de Sistema Interamericano de Derechos Humanos, también fue desechado este tipo de amnistías en la resolución que se emite en el caso de El Mozote”, explicó.
En cuanto al caso Jesuitas y el posible señalamiento al expresidente Alfredo Cristiani, que tuvo conocimiento sobre la posible comisión de ese delito, Ortiz, opinó que en este tipo de procesos, es importante establecer la verdad, a partir de testimonios de como ocurrieron los hechos en mención.
“No puedo decir que Cristiani dijo la verdad o una mentira, pero si puedo decir que hay documentos históricos que señalan como se desarrollaron este tipo de hechos. Hay personas que han descrito su participación, entonces es a partir de eso que se construye una verdad judicial en donde se deben establecer las responsabilidades, en el nivel, que a cada uno le corresponda”, indicó.
“Realmente, es un fraude a la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía”, juzgó Ovidio Mauricio González, de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, al explicar que la comisión adhoc, esta desvirtuando el sentido para crear una Ley de Reconciliación y Reparación a Víctimas.
“Ese borrador es burlarse de las víctimas, de la población. Es como si dijeran los diputados, aquí hacemos lo que queremos y en beneficio de ellos, es una sinvergüenzada, porque la sentencia de la Sala les indica que deben escuchar a las víctimas para una ley de reconciliación, porque todavía no hay ningún caso, que haya sido procesado y haya un condenado”, reafirmó.
La diputada Nidia Díaz, indicó que están dentro de un proceso de análisis y consulta con abogados constitucionalistas, los firmantes de la paz, y un equipo de Colombia, que están realizando acciones en el área de la justicia transicional, sobre los casos de crímenes de lesa humanidad.
“El artículo 1, es una copia exacta de la primera ley de reconciliación (1992), es algo lógico, que daba la potestad (Legislativa) de dejar exentos los delitos comunes, que se hubieran cometido y esa ley tenía dos excepciones: haber sido mencionados en el Informe de la Comisión de la Verdad o involucrados en Crímenes de Guerra o Lesa Humanidad, porque esa ley estaba tratando de devolver los derechos políticos a gente que estaba en clandestinidad o el exilio y allí fue un respiro.
El artículo 1, que presentó (Rodolfo) Parker, lo desentrañamos y no estamos de acuerdo en que se amnistíen los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra”, puntualizó.
