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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
El planteamiento es firme para el rector Roger Arias de la Universidad de El Salvador (UES), al explicar que la privatización del recurso agua se evidencia por quienes integrarán la junta directiva, que tiene el poder de tomar las decisiones sobre el recurso hídrico.
“Aunque eliminaran el artículo 14, donde se define la integración de la junta directiva del agua, como lo propuso un diputado (Francis Zablah-GANA), esa Ley Integral del Agua, como le llama la ANEP, no plantea un manejo sostenible del recurso agua, entonces no merece seguir siendo discutida”, afirmó.
La comunidad universitaria en pleno: estudiantes, autoridades académicas y trabajadores (SETUES) se tomaron el boulevard universitario por unas horas ayer, para continuar con la presión social a diputados y diputadas de los partidos de la derecha legislativa y personeros de ANEP, que impulsan su proyecto de ley integral de aguas para el país.
Para el rector es apremiante definir una autoridad del agua de naturaleza pública, pero con una participación social amplia de sectores de la vida nacional, con el fin de evitar acciones arbitrarias o conflictivas de la junta directiva que administrará y distribuirá el vital líquido.
“Debe existir participación hasta de las comunidades que no tienen un acceso regular al servicio del agua, no podemos permitir que llegue esa lógica de la empresa privada, que tiene su afán de lucro, de máxima ganancia, porque sería condenar al pueblo salvadoreño a otro despojo, al no tener suficientes recursos para pagar el acceso al agua”, indicó.
En cuanto a la propuesta de retirar el tema de la agenda de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, luego del evento electoral de febrero de 2019, Roger Arias consideró que era una “cortina de humo” de la derecha, para quitarle presión social a su candidato, Carlos Callejas, cuestionado por sus enlaces comerciales con transnacionales mineras.
“Nosotros ponemos como condición que se desestime el análisis del anteproyecto de Ley Integral del Agua, que presentó la ANEP, y continuar con la discusión de la Ley General de Aguas. Y se ratifique el artículo 69 de la Constitución de la República, que reconoce como derecho humano al agua. Solo así podríamos participar en esta discusión”, argumentó.
Para Gerber Rosales, vendedor de confites y agua en los contornos de la Universidad de El Salvador, es positiva la lucha que no permita a la empresa privada decidir sobre el recurso agua del territorio nacional.
“Se imagina las tarifas que pagaríamos nosotros como pueblo. Y ellos, que ponen sus tuberías particulares sin pagar y agarran toda el agua que quieren, y luego venden más caro las cosas a la gente. La lucha debe ser también de la gente, no solo los estudiantes y autoridades de la universidad”, opinó.
