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Luis Armando González
Lo interesante de nuestro país es que siempre hay algo en qué pensar y en torno a lo cual debatir. Raro sería que no sucediera nada. De hecho, suceden tantas cosas –más a nivel mediático que real— que cuesta distinguir, incluso para aquellos más avezados en el análisis, lo importante de lo irrelevante. Proponemos aquí algunos temas que bien merecen ser objeto de una reflexión más detenida de las que aquí se hace.
1.Necesidad de encarar con realismo el problema de la violencia criminal. Por distintas razones, algunas loables y otras no tanto, en los juicios acerca de la violencia criminal se fueron estableciendo criterios de carácter ético (fuertemente anclados en los valores y exigencias de los derechos humanos) que lenta, pero casi inexorablemente condujeron a dejar de lado la realidad dura e hiriente de la violencia criminal, que a su vez fue justificada apelando a las condiciones de exclusión y pobreza de sus agentes, o a su ingenuidad e inocencia dada su minoría de edad. Mientras esto sucedía en las discusiones y cátedras académicas (cuyos análisis y conclusiones irradiaban hacia las esferas públicas y privadas) los criminales reales (no los que reciben en los libros denominaciones más suaves como “personas en conflicto con la ley”) no dejaban –y aun no dejan– de causar dolor en la sociedad, siendo lo más doloroso de sus acciones los asesinatos de personas inocentes a lo largo y ancho del país. Desde los años noventa, la violencia criminal ha causado una verdadera sangría en El Salvador. Ahí están los datos para quien quiera verlos. Pero detrás de los datos, hay personas concretas –con familia, amigos, arraigos comunitarios— cuyas vidas llegaron a su fin violentamente por obra de criminales sin escrúpulos. Eso ya no puede ni debe seguirse tolerando. El Estado salvadoreño tiene la obligación legal y moral de impedir que el crimen siga siendo una amenaza para la sociedad. Tiene la obligación legal y moral de utilizar con eficacia y determinación todos los recursos a su disposición para contener y someter al imperio de la ley –haciendo uso de la fuerza necesaria y suficiente— a quienes son una amenaza para la vida y los bienes de cualquier ciudadano.
2.Coerción y prevención. Ligado con lo anterior, está el asunto de cómo se relacionan, en el combate de la violencia criminal, el uso de la fuerza coercitiva del Estado y la prevención. Aquí se tiene que decir que ante quienes delinquen efectivamente, el Estado tiene que hacer uso de sus capacidades coercitivas, según la naturaleza (la amenaza real) del acto criminal a contener. A mayor amenaza de los criminales, mayor uso de la fuerza del Estado, pues este último debe mostrar a quienes delinquen que el crimen no paga. Es equivocado creer que la prevención debe estar orientada a quienes se dedican a delinquir. Es equivocado y peligroso para la sociedad que el Estado se doblegue ante el crimen, o también que se exija al Estado ceder en su determinación de combatir a grupos criminales, apelando a lo mal que se sienten quienes actúan fuera de la ley. La prevención –como solución a largo plazo para el problema de la violencia— está orientada a quienes no delinquen efectivamente, pero que, dadas sus condiciones de vida, pueden correr el riesgo de terminar integrados en grupos criminales, o en cualquier caso pueden estar en riesgo de ser víctimas de la violencia criminal. Es falto de realismo (de prudencia y de ética) abanderar programas de prevención para criminales en activo que lo que hacen es usar esos bien intencionados programas para ocultarse de sus fechorías o para impedir que el Estado les dé su castigo merecido. Eso es lo que los criminales hacen ahora con la bandera de los derechos humanos, lamentablemente.
3.Las valoraciones de la embajadora de EE.UU. Jean Elizabeth Manes sobre la realidad nacional. Para muchos es sabido que a la señora Manes le gusta opinar sobre distintas situaciones del país. Le han llovido alabanzas por parte de ciertos sectores de la sociedad salvadoreña, no necesariamente de derecha, pero son las voces de la derecha las que se han mostrado más felices con sus apreciaciones. Tampoco le han faltado las críticas, como no podía ser para menos: cualquier persona que emite juicios públicos sobre temas complejos y polémicos debe saber que se expone al escrutinio de otros, lo cual no siempre se traducirá en elogios. El rechazo es parte del negocio de opinar. Alguien anotó en Internet que la embajadora tiene derecho a opinar. También lo tienen quienes no están de acuerdo con ella. Pero bien, con derecho o no, ella dice lo que piensa y hasta ahora ninguna instancia de las que velan por el derecho se ha pronunciado en contra de la buena señora Manes. El asunto de fondo no es ese, sino si la embajadora de EEUU tiene la competencia para opinar con seriedad acerca de la realidad nacional. Pareciera que no, y es que a juzgar por varias de las cosas que ha dicho — por ejemplo, en el tema de la corrupción–, lo suyo son las generalidades. Otro tema de fondo es que habla como representante de un país no sólo con problemas graves de corrupción (quien lo dude que dé un vistazo a los documentales del cineasta Michael Moore), sino con graves abusos de poder por parte de su jefe, Donald Trump. Cabe presumir que ella tiene mayor competencia para hablar de EEUU que de El Salvador, pero no hay análisis suyos sobre la crítica situación de su país, con las movilizaciones de miles de ciudadanos estadounidenses, la rebeldía de varios Estados a las decisiones de Trump, los abusos de poder de este último, las amenazas que se ciernen sobre los migrantes en EEUU y las tensiones mundiales que se están incubando gracias a Trump. De eso es que la señora embajadora debería opinar e ilustrarnos a los que conocemos poco o nada de su patria. Es posible que no lo haga por los costos que ello le supondría, es decir, por la llamada de atención que seguramente le haría su gobierno. Mientras que de El Salvador puede decir lo que se le ocurra y a lo más sólo recibirá comentarios sarcásticos.
