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Lástima que nadie que tenga el conocimiento suficiente se atreve a debatir con propiedad los verdaderos alcances que podría tener que un club o una asociación suspenda o separe a su par, en un país determinado.
Nos referimos a la discusión que ha provocado el veto que el Presidente Salvador Sánchez Cerén decidió cuando la Asamblea Legislativa aprobó una modificación a una ley secundaria para darle las mismas potestades que la Constitución de la República le otorga a la Fiscalía General.
Y es que la Asamblea le dio no solo autonomía a la UIF, la cual dependía de la Fiscalía, sino que la potestad de investigar o “dirigir la investigación del delito…”, artículo 193, inciso tercero. Un veto que por cierto fue superado, sin que los diputados hayan entrado a conocer a fondo, no solo las potestades a una entidad que dependía de la Fiscalía, sino, lo más grave del Grupo EGMONT y sus alcances.
Más bien los diputados de derecha en la Asamblea se dejaron llevar por el discurso apocalíptico del señor fiscal Douglas Meléndez, y por los ya insoportables comentarios de la señora embajadora de los Estados Unidos.
Los diputados se hubieran tomado la molestia de leer los estatus de ese club, formado en 1995 en Bélgica, por las Unidades de Inteligencia Financiera de unos 150 países, que en algunos países estas están adscritas a la Fiscalía, como en El Salvador, en otros son parte del ministerio de economía, y en otros en los ministerios de hacienda.
No pretendemos poner en duda la importancia del trabajo del grupo en su objetivo de “fomentar la cooperación y el intercambio de información entre ellas (a través de la Red Segura de Egmont- ESW) para luchar de manera coordinada contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”, sino, en la supuesta potestad que el grupo tiene para poder, como se ha dicho aquí, “declarar a un país paraíso fiscal”, y condenarlo a sufrir “las siete plagas de Egipto”.
No creemos que un club que no tenga el estatus de tratados que ya los contempla la Constitución en su artículo 144. O como se si se tratara de una entidad dependiente de las Naciones Unidas, y que por ende debería tener el estatus de una convención como la Convención de los Derechos Humanos.
Creemos que alrededor del caso EGMONT se está manipulando la opinión pública, y lo más grave, se están construyendo verdaderas “leyendas urbanas”.
