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Renán Alcides Orellana
La amenaza de los vaivenes privatizadores no parece disiparse del todo. Consumada la privatización de ANTEL, check las pensiones y otras… y haber estado a punto de consumarse la de la salud, ask parecía que el nefasto fantasma se había disipado. Pero, patient no. Sin querer queriendo, el jueves 30 de octubre, la derecha legislativa descarnó esas intenciones al negar los votos al dictamen favorable No. 76, que ratificaba la reforma constitucional por el Derecho Humano al Agua y la Alimentación.
El dictamen favorable de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, fechado el 27 de octubre, fue conocido y no logró aprobación en la plenaria del 30, con clara oposición y los votos negativos de los partidos ARENA y PCN. Y con clara intención también, de que las gremiales privadas puedan gestionar y accionar, con criterio empresarial, el recurso agua. Numerosas organizaciones asistentes a la plenaria, fueron testigos de la negativa de la derecha esa noche, que al final de la larga jornada fue de airada frustración. Con ira no disimulada, se retiraron; eso sí, sin ocultar la evidente promesa de pasar la factura el próximo 1º de marzo, a los candidatos de esos partidos. A saber…
La reforma, que había sido aprobada con 81 votos el 19 de abril de 2012, ratificaría el Art. 69 de la Constitución de la República, que estipula y reconoce como “derecho humano” el derecho al agua y la alimentación. Sin embargo, las bancadas de derecha se retractaron, postergando la aprobación. La diputada de ARENA. Ana Marina Castro, “reiteró que su partido ¨no tiene prisa¨ para aprobar la nueva normativa…” (Co Latino, 30-X-2014). Mal presagio, además, para la necesaria aprobación posterior de la Ley General del Agua.
Y es que, visto desapasionadamente y sin tendencia política, los efectos socio- políticos de la no aprobación de la reforma, no son tan simples. Si toda legislación busca honrar, a nivel internacional, el recurso agua como bien público, mal mensaje se da en el contexto de las naciones, en cuanto a estancamiento-retroceso en materia de Derechos Humanos, precisamente ahora que El Salvador aparece nombrado en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), aun cuando la verdadera y universal intención es lograr acceso directo al agua potable, el saneamiento popular y la sanidad ambiental de los pueblos libres.
En cada país, el recurso hídrico en general es un “bien común” y, por tanto, huelga insistir en su importancia integral para la sociedad toda. Menos entonces, que puedan considerarse y aceptarse intenciones privatizadoras, que vuelvan discriminador el uso de este recurso. Esto no es nada nuevo, en su Mínimun Vital, el maestro Alberto Masferrer sentencia: “… La tierra, el agua, el aire, la luz, el calor solar, con todas sus modalidades y potencialidades, son esas sustancias comunes, herencia y propiedad de todos los seres, y por consiguiente no apropiables a título perenne por ningún individuo, sino por usurpación que nada puede jamás justificar. Así, ningún hombre es dueño legítimo de la tierra; usa de ella en cuanto se lo permiten las leyes y costumbres creadas por la Colectividad, que es la sola y legítima poseedora…”. Quien tenga oídos…
Será materia pendiente esto de la necesaria aprobación de la reforma constitucional por el Derecho al Agua y la Alimentación, y aniquiladora también de cualquier intención privatizadora. ¡Así sea!
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PUNTO Y APARTE. Las disculpas del ex embajador Rivas Gallont, por haber negado universalmente la horrenda Masacre de El Mozote, “obedeciendo instrucciones”, obliga a pensar que -sin duda- los restantes embajadores alrededor del mundo, hicieron lo mismo… ¡cuánto des-humanismo y anti-Patria!… (RAO)
