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Desde hace más de una década, organizaciones sociales y populares, en representación de las comunidades, y acompañadas por el partido FMLN, han venido luchando porque se legisle el tema del agua, para el beneficio de la población salvadoreña.
Concretamente, la lucha ha ido en dos direcciones, por un lado, reformar la constitución para declarar el agua como un derecho, y por ende, un bien público. Hasta hoy, y por oposición de los partidos de derecha en la Asamblea Legislativa, no se ha ratificado la reforma.
Y es que de acuerdo con la Constitución, cuando se haga una reforma constitucional, la siguiente legislatura debe ratificarla, y esto no ha ocurrido.
Por el otro, la creación de una ley del Agua. En la Asamblea Legislativa hay engavetada un propuesta de ley del agua, que también la derecha legislativa ha entrampado por que no están de acuerdo que el ente rector sea mayoritariamente del sector público, se opone a la representatividad de las comunidades.
En una encuesta reciente la UCA preguntó si estaba de acuerdo en que la Asamblea Legislativa aprobara este año “la ley general del agua que garantice a la población el derecho de acceso al agua en el país. El 98.6% de los entrevistados contestó que sí.
Y pese a que en una encuesta la muestras no sobrepasan las 1,200 de empresas entrevistadas, la respuesta es contundente, por lo que los diputados, sobre todo los derecha, deben poner atención y responder positivamente.
Esa urgencia es lo que llevó a diputados de ARENA y el PDC a presentar una nueva propuesta de ley, pero que favorece al sector privado.
En primer lugar, porque en el organismo rector ponen en desventaja la participación del sector público y llena la representatividad en el sector público, sobre todo de la ANEP.
De todos es sabido que el sector privado ve el tema del agua, como un producto para hacer dinero, y no un servicio público. Ya hubo intentos, en los Gobiernos de ARENA de privatizar el agua, pero, la comunidad y el FMLN se opusieron, por eso es que se logró la reforma constitucional sobre el agua, que la derecha legislativa se niega ratificar.
En segundo lugar, elimina el papel determinante en la decisión de lo que ha de hacerse en las comunidades con respecto al agua.
Es claro que la población debe ser la primera actora sobre todos aquellos bienes públicos, y el agua lo es.
