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Wilfredo Mármol Amaya.
Psicólogo salvadoreño.
El Dr. Ignacio Martín Baró, cure sacerdote jesuita y psicólogo social, sostenía que la actitud “Era una postura corporal en la que se materializa y expresa la postura del espíritu” (Acción e ideología, 1983.) Las actitudes, por lo tanto son siempre previas a la conducta concreta -a la acción jurídica en el caso que abordaremos- que evidencia una especie de dados cargados a la libertad del ex presidente Francisco Flores, lo que podría inferirse, que una vez más la impunidad será la joya de la corona de la actual manera en que se administra la justicia en el país, irónicamente llamado El Salvador.
El ex presidente Francisco Flores, un proscrito confeso, que admitió públicamente frente a las cámaras de televisión, la radio y prensa escrita, tanto nacional como internacional, que había tenido una forma particular de administrar los fondos entregados por el país Taiwán, incluso se atrevió a afirmar “que no son 5 millones, ni quince, sino mucho más…” los cheques que llegaron a su nombre, debido a un procedimiento especial, no previsto en las leyes de la república en la que todo servidor público está en la obligación de dejar constancia, ya sea papel higiénico, papel bond y bolígrafos que le son entregados para el ejercicio de sus labores, no digamos 90 millones de dólares, que la Comisión especial de la Asamblea Legislativa ha señalado de manera contundente.
El caso surgido, gracias a la posición valiente de Mauricio Funes, que en su momento lanzó a la fiscalía el desafío de interponer la demanda formal antes del 1 de mayo de 2013, fecha de prescripción del acto delictivo. Bueno es recordar que Funes en esos días fue señalado con diferentes adjetivos peyorativos y de persecución política contra Flores. La historia ha demostrado que el ex presidente Mauricio Funes, tenía la razón.
La presión ciudadana llevó al Fiscal General a abrir el caso contra el Francisco Flores, un hito en la historia salvadoreña, pues nunca un funcionario acusado de corrupción ha sido llevado a la justicia, me refiero a altos funcionarios, no obstante evidencias de reconocidos personajes de la política de gobiernos de Arena les engavetaron documentación de miles de dólares observados por las auditorías de la Corte de Cuentas.
El caso es que los sectores privilegiados aglutinados en Arena, FUSADES, ANEP y los medios de comunicación tradicionales han emprendido, de manera constante e inmisericorde, una campaña mediática basada en la técnica de la “rumorología” expuesta en su momento por el Psicólogo JJ Rendón, que lleva a pensar que “doblaran” la conciencia ciudadana de la sociedad salvadoreña, lo que en psicología social es llamado desatención selectiva.
El hecho más contundente es la negativa de las autoridades competentes-FGR- por agregar el delito de lavado de dinero, no obstante declaraciones de cómo estos fondos destinados para dar atención a las familias que perdieron a seres queridos y sus bienes materiales en la Colinas de Santa Tecla a consecuencia del terremoto de enero del 2001, dineros que fueron a parar a las cuentas del Instituto Dr. José Antonio Rodríguez Port y campañas políticas del partido al que pertenece el ex presidente Paco Flores, tal y como lo han solicitado la Comisión especial de la Asamblea Legislativa tras la presentación de dos informes sobre las investigaciones del caso.
En la presente semana miembros de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), querellante del caso contra Francisco Flores, afirmaron que solicitarán a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la recusación del juez Levis Italmir Orellana, por su marcada y evidente parcialidad a favor del ex mandatario, para que sea apartado del caso. El pasado domingo 30 de noviembre al atardecer, de forma sigilosa fue trasladado Francisco Flores a su residencia para cumplir arresto domiciliario a causa de un problema de salud en su pierna derecha, que de hecho marca una manera exclusiva para atender este tipo de personas en conflicto con la ley, siempre y cuando se tenga el suficiente dinero para ello.
La actitud manifiesta del juez Levis Italmir Orellana y la actitud condescendiente de la fiscalía son solo la señal del carácter preparatorio de la actitud corporal que de suyo constituye el correlato del carácter preparatorio, en coincidencia a lo que se define como una actitud psicosocial. Ya Gordon W. Allport (Las actitudes. Un manual de psicología social. Clark University Press.1935, pág. 810) expone “una actitud es un estado de disposición mental y nerviosa, organizado mediante la experiencia, que ejerce un influjo directivo o dinámico en la respuesta del individuo a toda clase de objetos y, por lo tanto, la transitoriedad de cada comportamiento queda anclada en la estabilidad de lo que son disposiciones de la persona.” En este caso del juez Levis Italmir Orellana, profesional con demandas pendientes debido a sus actuación en casos administrados por su persona y que ha sido señalado en ocasiones, así lo han expresado de manera pública, personeros de la Corte Suprema de Justicia.
El termino Actitud, proviene del italiano “attitudine” que alude a las posiciones que el artista daba al cuerpo de su estatua o de su representación grafica y con las cuales pretendía evocar ciertas disposiciones anímicas de la persona representada.
Ojala y que los millones de dólares donados por Taiwán al pueblo salvadoreño para suplir necesidades sentidas sean devueltos. Viene a la memoria como la administración de justicia de la época condenó a que la familia del ex presidente José Napoleón Duarte regresara al erario público una cantidad de dinero y que fuera publicado en página completa por el partido Arena con el flamante titulo del “Cheque de la vergüenza”
Vista así las cosas y por lo vientos que soplan, existe una probabilidad significativa que el ex presidente Francisco Flores, será declarado inocente, luego de evidenciarse la reiterada actitud de los actores responsables de su procesamiento jurisdiccional y científico de favorecer al ex presidente Francisco Flores.
Veamos que dice la conciencia ciudadanía de la sociedad salvadoreña.
